Por Héctor Rubini (*)
América Latina sigue dando que hablar. Ahora es El Salvador el país que viene generando ruido después de un proceso llamativamente rápido por el cual este país adopta una segunda moneda no propia. En este caso, el Bitcoin.
El proceso es bastante distinto de la dolarización y los resultados son por demás inciertos. La dolarización unilateral fue adoptada con un decreto sorpresivo de la Asamblea Legislativa en la madrugada del 30 de noviembre de 2000 (desde entonces se lo conoce como “el madrugón”), aunque la alternativa de dolarizar la economía se venía evaluando desde 1994.
En noviembre de ese año, el entonces ministro de Hacienda, Manuel Hinds, había presentado un working paper sobre la viabilidad de una “currency board” para reducir los costos de transacción y las tasas de interés. Estaban entre otros, Michael Bruno, economista jefe del Banco Mundial; Sebastián Edeards, economista jefe de dicho organismo para América Latina; Ricardo Haussman, economista jefe del BID; Sir Alan Walters, asesor del Banco Mundial; Guilllermo Calvo y Claudio Loser, ambo por entonces en el FMI y algunos funcionarios salvadoreños.
Los comentarios fueron bien desfavorables. Según Haussman, los números macro no eran desfavorables y no justificaban semejante cambio. Calvo sostuvo que, para enfrentar shocks externos, lo que se requería era un régimen monetario-cambiario flexible y, yendo más “al hueso”, Bruno manifestó algo casi obvio: no había nexo empírico ni lógico alguno entre la “currency board” y la baja (esperada, o mejor dicho, deseada) de las tasas de interés.
Las autoridades salvadoreñas siguieron igualmente con la idea en carpeta y en 1995 encargaron un trabajo sobre opciones monetarias y cambiarias al economista boliviano Xavier Nogales y otro al FMI. Las autoridades entendían que era fundamental un ancla firme con el dólar para reducir tasas de interés, y además profundizar la integración comercial con Estados Unidos. La alternativa de la dolarización emergió como la más atractiva.
El “madrugón” dio lugar a una dolarización unilateral a partir de enero de 2001, con resultados con varios claroscuros. Bajó la inflación y bajaron las tasas de interés, pero la tasa de crecimiento económico anual en dos décadas fue de apenas 2%. La expectativa del arribo de fuertes inversiones directas del exterior no se verificó y la rivalidad política y la inseguridad física han sido factores que han contribuido a desalentar inversiones y estimular la emigración, fundamentalmente a Estados Unidos.
Frente a la coyuntura del Covid-19, sorprende que el Gobierno de un país pequeño y con un escenario político bastante conflictivo opte por una nueva reforma monetaria que introduce en su país una segunda moneda de curso legal cuya oferta no es controlada por el Gobierno.
La adopción del Bitcoin como tal cosa permite generar cierta expectativa (expectativa y demanda no son lo mismo), pero con perspectivas altamente inciertas. Buena parte de los ingresos externos (en dólares) provienen de remesas de emigrados y sin un menú de activos financieros para ahorrar, podrían comprometer la estabilidad de precios y la competitividad de El Salvador. La ley aprobada el 9 de junio que le da curso legal y su libre convertibilidad con el dólar pareciera tener la meta de reducir costos de transacción, pero no está tan generalizado un sistema de pagos estrictamente digital.
Daría la impresión que las autoridades apelan de esta forma a dar a los salvadoreños una alternativa de inversión, enfocándose en el bitcoin como reserva de valor potencial, algo que por ahora lejos está de comprobarse dada la elevada volatilidad de su cotización. El país recibió en 2020 unos U$S 6.000 millones en concepto de remesas de salvadoreños en el exterior (nada menos que el 24% del PIB salvadoreño), ¿pero hacía falta darle curso legal al bitcoin para tal cosa?
El experimento es de resultado incierto, y también lo es el rumbo futuro de la dolarización. De hecho, al cabo de 2 décadas de dolarización, ¿por qué no se ha cerrado el Banco Central de Reserva? ¿Por qué la reserva de liquidez de los bancos para los depósitos (o sea los encajes legales) están fundamentalmente integrados en Letras del Tesoro? No son 2 pesos, son U$S 2.600 millones que le debe por esta vía el Tesoro a los bancos salvadoreños.
Supuestamente la dolarización debía contribuir a la solvencia fiscal pero la deuda externa de El Salvador ya supera el 90% del PIB. Imponer el Bitcoin como segunda moneda de curso legal, libremente convertible exige un “colchón inicial” de dólares para iniciar el nuevo ciclo. En lugar de utilizar dólares del Banco Central el presidente Nayib Bukele anunció un fondo de U$S 150 millones a ser constituido por el Banco de Desarrollo de la Nación, pero esos fondos hasta ahora no aparecen. ¿Quo vadis?
¿Hubo alguna motivación política quizás para esta decisión? Y algo de eso parece que hay para una reforma monetaria “exprés” aprobada en la Asamblea Legislativa en apenas 5 horas y casi sin debate alguno (algo esperable: el proyecto de ley original era de apenas? 2 páginas).
¿Qué hay detrás de todo esto? Por iniciativa del presidente Bukele, en mayo la Asamblea Legislativa destituyó a los miembros de la Corte Suprema y al Fiscal General por investigar 12 casos de corrupción que involucraban a funcionarios del actual Gobierno. A su vez, su política exterior (al igual que la de otros de la región) ha iniciado un alejamiento de EE.UU. y de los gobiernos europeos y un explícito acercamiento al régimen de la República Popular China. Ya desde Washington comenzaron a considerarlo a Bukele como un nuevo dictador, casi como “el nuevo Chávez”, y se torna inevitable en no mucho tiempo la aplicación de sanciones económicas y bloqueos al gobierno salvadoreño.
Fomentar la “bitcoinización” es formalizar legalmente el uso de una red de pagos en la que el rastreo de transacciones por parte de bancos centrales no es tan fácil y el bloqueo de las mismas es, hasta ahora, imposible. La nueva ley, por caso, abre la puerta al uso de redes blockchain (la llamada “Lightning Network”) para las remesas al país, y su uso exige el uso de la cartera Zap desarrollada por Jack Mallers, un joven de 27 años aparentemente muy amigo de Karim Bukele, hermano del presidente salvadoreño. Su startup “Strike” comenzó a operar en El Salvador en abril pasado. ¿Casualidad?
Por otro lado, la nueva ley, intencionadamente o no, puede facilitar la canalización a El Salvador a ganancias por ransomware, esto es, ciberataques iniciales, seguidos de pedidos de pagos a cambio de liberar sistemas informáticos objeto de estas extorsiones cibernéticas. En la última década ha aumentado la frecuencia de estos ataques en decenas de países del mundo que han paralizado agencias de Gobierno, plantas nucleares y Bolsas de comercio.
Es claro entonces que la decisión de Bukele apunta a contar con un “refugio seguro” frente a potenciales bloqueos o sanciones a ser aplicadas por la Casa Blanca. Además, el FMI ya ha advertido que la decisión del Gobierno salvadoreño requiere un “análisis muy cuidadoso” (hasta ahora inexistente, al menos por parte de los funcionarios salvadoreños) de cuestiones macroeconómicas, financiaras y legales. Y el Banco Mundial expresó la semana pasada su negativa a toda ayuda al gobierno salvadoreño para adoptar el bitcoin como activo con curso legal, por la falta de transparencia de esta reforma y el impacto medioambiental de su minado.
¿Servirá de algo la adopción de Bitcoin como segunda moneda de curso legal (y no controlada por el Gobierno) en El Salvador? Imposible saberlo, pero si algo es claro es que al menos hasta ahora, ni el Bitcoin ni ningún otro criptoactivo ha logrado ser un instrumento generalmente reputado, aceptado, ni utilizado (en ningún país del mundo) como unidad de cuenta, medio de pagos ni reserva de valor. Y si esto es el paso previo a que el país caiga a la calificación de paraíso fiscal o del lavado de fondos provenientes de actividades criminales será difícil esperar algún efecto positivo de la decisión de Bukele.
Por lo pronto, la volatilidad del Bitcoin puede acarrear tasas de interés más altas, y a partir de allí otros efectos económicos que probablemente fuercen a dar marcha atrás con esta iniciativa. No es algo seguro, pero tampoco improbable. Más allá de cierta “belleza argumental” detrás de la adopción de criptomonedas, nada indica hasta ahora que sean garantía de estabilidad, crecimiento ni una garantía de algo frente a un gobierno que gira, fundamentalmente, en torno del culto a la personalidad del presidente de la Nación.
En suma, todo conduce a una nueva e innecesaria incertidumbre, que al menos desde el inicio, pone en serio riesgo no sólo la estabilidad macroeconómica y financiera de El Salvador, sino también el futuro de esta iniciativa que hasta ahora parece ser sólo un atajo para prevenir embargos y bloqueos de EE.UU. y otros países, y no mucho más.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
