La mañana del 11 de septiembre de 1973, será probablemente uno de los momentos más recordados para todos los chilenos. Después de un mensaje radial en el que el presidente se despedía de la ciudadanía afirmando que "mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor", el jefe de Estado Salvador Allende daba su último discurso a la población chilena. Mientras tanto, su capital y su palacio de gobierno eran bombardeados inaugurando uno de los períodos más oscuros de su historia: el gobierno militar de Augusto Pinochet, que duró 17 años y dejó un saldo de 40.179 víctimas entre torturados y asesinados.
Cincuenta años después, Chile es un sistema republicano consolidado y una de las 3 democracias plenas de América Latina, junto con Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, las 5 décadas que pasaron desde el golpe militar no han alcanzado para generar un consenso democrático entre todas las fuerzas políticas.
En los últimos meses, el país trasandino ha tomado un viaje sin escalas al pasado con motivo de esta fecha particular y los debates en torno a las figuras polarizantes de Allende y Pinochet han protagonizado la escena pública. Para muchas personas, esto puede resultar llamativo. Después de todo, desde el año 2019 Chile se ha dedicado casi con exclusividad a debatir dos cuestiones muy vinculadas: la necesidad de contar con una nueva Constitución política y decidir qué modelo de Estado y de país quiere ser. En ese punto, 4 de las últimas 7 elecciones que tuvieron lugar en Chile estuvieron relacionados con temas vinculados con la Constitución y actualmente, después de la victoria del rechazo en el plebiscito constitucional de salida del año pasado, se está llevando a cabo el segundo proceso para redactar la nueva carta magna, aún con una resolución incierta.
Paradójicamente, el debate en torno al futuro constitucional de Chile también nos remite al pasado: Redactada en 1980, durante el gobierno pinochetista, dicha carta magna trazó gran parte de los lineamientos que el país trasandino mantiene hasta hoy, principalmente el Estado subsidiario con un sistema que prioriza que los servicios sean provistos por los privados. Incluso, la injerencia de Pinochet, irónicamente en torno a cuestiones típicas de gobiernos democráticos, fue tan profunda que durante décadas prevaleció un sistema electoral binominal que también fue promulgado durante su gobierno.
Gracias a este sistema el país trasandino alternó sus gobiernos entre una moderada coalición de centro-izquierda y otro de centro-derecha prácticamente sin posibilidades de que otras fuerzas minoritarias, como la izquierda, accedieran al poder, un objetivo del ex dictador que contó, durante años, con la complicidad de las principales coaliciones que gobernaron el país una vez vuelta la democracia. Pero además del modelo de Estado, la constitución y el sistema electoral, el legado de Pinochet también dejó como saldo una enorme fragmentación territorial, casi 49% de pobreza y el desempleo en torno al 10%. Parte de toda esa pesada herencia fue lo que motivó a millones de chilenos a movilizarse en 2019 y a abrir un proceso político y social que al día de hoy no ha culminado.
Fue tan fuerte la herida producto de la dictadura militar que hoy Chile intenta con un éxito moderado cerrarla. En las últimas semanas, la consigna en torno a la memoria colectiva y a rechazar de manera enfática al gobierno militar se tomó todos los debates en la política y los medios de comunicación.
En ese sentido, el presidente Gabriel Boric, el primer mandatario en 30 años que vivió casi toda su vida en democracia, convocó a todos los presidentes electos constitucionalmente desde 1990 a firmar un documento titulado "Compromiso por la democracia siempre" con la idea de cuidar y hacer prevalecer el Estado de derecho y las instituciones democráticas de las amenazas del autoritarismo, más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre los distintos partidos.
Si bien en un primer momento Sebastián Piñera fue reacio a firmarlo para desmarcarse del oficialismo, el ex presidente terminó cediendo ante la posibilidad de ser el único jefe de Estado en no adherir al documento. Pero esta carta a favor de la democracia no fue la única medida que se tomó desde el gobierno.
La semana pasada el presidente Boric anunció la conformación del llamado "Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos" a través del cual se levanta el secreto del informe elaborado por la Comisión de Prisión Política y Tortura, generalmente conocido como Informe Valech, que contiene todas las declaraciones y testimonios de más de 30.000 víctimas de la dictadura y que podría ayudar a saber cuál fue el destino de las más de 1.000 personas que aún continúan desaparecidas. Con esta medida el Estado chileno se compromete a iniciar una búsqueda e identificación de estas víctimas cuyos casos judiciales aún no han sido resueltos.
Sin embargo, las medidas en torno a esclarecer en qué circunstancias se generó el golpe militar de Pinochet no se limitan al gobierno chileno. En el último mes, una comitiva de varios legisladores norteamericanos encabezada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez visitó Chile en el marco de la conmemoración por el 50 aniversario. La visita no es casual. Antes de viajar a Sudamérica, Ocasio-Cortez había pedido que desde Washington el gobierno de Joe Biden desclasifique más de 25.000 documentos que mostrarían la influencia que Estados Unidos tuvo en la década de 1970 en el derrocamiento del ex presidente socialista Salvador Allende.
Entre la izquierda y la derecha, entre una constitución refundacional y otra minimalista, entre el orden y la virulencia de la protesta, entre mirar para atrás o seguir adelante: Chile se ha movido en péndulos en los últimos años y hoy no será la excepción: Hacer memoria, pero sin descuidar la vista hacia el futuro.
