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No planes de contingencia

Un programa para Argentina

No se necesita un “plan” económico de corto y mediano plazo. Se precisa un programa más ambicioso

Mapa de Argentina
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Eduardo R. Ablin Eduardo R. Ablin 06-01-2022
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En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades

-Jorge Luis Borges, “Los Conjurados”, 1985

Las adversidades más severas que enfrenta la sociedad argentina al presente pueden ejemplificarse en mi modesta visión en cinco procesos progresivamente agudizados recientemente. 

  • La emigración creciente de jóvenes menores de 35 años -en general de clase media y media alta, graduados universitarios que en su mayoría obtuvieron su educación superior en forma gratuita en el marco del régimen universitario vigente en nuestro país-. Significativamente, muchas veces dicho proyecto resulta alentado por sus propios padres, reflejo de la frustración respecto a sus propias expectativas y en contradicción con la historia de Argentina como país de inmigración. 
  • El cese por parte de un número significativo de firmas extranjeras de sus actividades locales -simultáneamente con la radicación de muchos empresarios nacionales en países vecinos más proclives a la promoción del desarrollo productivo y con regímenes tributarios más benignos. 
  • El cierre de algunas representaciones diplomáticas extranjeras. 
  • El desafío al dominio territorial planteado por los reclamos de grupos étnicos minoritarios (caso “mapuches” en la Patagonia) apoyados por corrientes ideológicas violentas que cuestionan -al igual que en los años '70- el monopolio de la fuerza por parte del Estado, aún en plena vigencia de la democracia. 
  • El avance del crimen organizado en torno del narcotráfico.

Los cinco desarrollos observados -cuyo ordenamiento no involucra preeminencia- coinciden en reflejar dos factores en común: a) la falta de confianza de muchos individuos y empresas locales respecto de un futuro de progreso pacífico y exitoso para nuestra sociedad, y b) la incredulidad de diversos grupos inversores internacionales y naciones extranjeras respecto del valor futuro de Argentina como mercado y ámbito de negocios locales e internacionales.

La situación enunciada agrava la indudable decadencia argentina, que aún cuando lleva ya décadas, se ha acentuado indudablemente durante lo que va del Siglo XXI, evidenciada en el registro de niveles de pobreza nunca antes vistos. 

Por ello, desde la recuperación de la democracia -hace casi ya 40 años- el debate político replantea reiteradamente la aspiración de alcanzar un modelo de acuerdo del tipo conocido como “Pacto de la Moncloa”, suscripto durante la transición española en 1977, luego de la caída del franquismo. 

Sin embargo, toda referencia genérica en nuestro medio a tal precedente omite precisar que el denominado pacto -en que todas las fuerzas políticas y territoriales se concertaron para establecer las bases destinadas a iniciar el camino de la modernización de España- en rigor comprendió dos textos denominados respectivamente “Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía” y “Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política”, los que con algunos rezagos sectoriales fueron finalmente adoptados por todas las corrientes políticas democráticas, así como las representaciones empresarias y sindicales. 

De esa forma, los Pactos de la Moncloa se convirtieron, con sus luces y sombras, en el instrumento definitivo para consolidar la democracia en España y dar paso a la Constitución consensuada de 1978.

Así, a diferencia de quienes plantean en nuestro medio la necesidad de diseñar un “plan” económico de corto y mediano plazo que permita superar la inestabilidad coyuntural, caracterizada por un crónico endeudamiento, elevada inflación y desocupación y la consolidación de la pobreza -una vez más en progresión desde 2018- se interpreta que el país demanda contar con un programa de carácter comprehensivo que apunte a cubrir aspectos institucionales, políticos, sociales y económicos que requieren de la adopción de una vasta y precisa normativa jurídica, así como de la instrumentación de mecanismos operativos funcionales que garanticen una eficiente gestión de los consensos conceptuales que se persigan, sujetos al cumplimiento de metas predeterminadas en el marco de un esquema de actualización y revisión periódica. 

En efecto, un mero “plan” de contingencia para superar la crisis económica presente -sin desconocer su apremiante necesidad- parece un objetivo muy estrecho para los requerimientos de la sociedad argentina si se pretende lograr una exitosa integración al mundo del Siglo XXI. 

Por el contrario, se entiende como “programa” a una serie de pasos secuenciales y coordinados que permitan alcanzar una planificación global en todos los campos de la comunidad. De tal forma, para delinear el “programa” anhelado se requiere al menos contar con una serie de “planes” previos -ordenados por áreas o sectores- que luego se traduzcan en “objetivos”, materializándose finalmente en “acciones” que permitan su consecución.

Así, un “programa” resulta más abarcativo en cuanto a sus fines últimos, contando con objetivos y metas medibles que permitan cuantificar su cumplimiento, comprendiendo una serie de pasos prefijados para desarrollar múltiples “planes” que se enmarcan coordinadamente en el mismo.  

Por ello, un programa no se limita a priori a responder a un número preestablecido de capítulos sobre los que se pretenda alcanzar un acuerdo, sino que permite incorporar dinámicamente todos aquellos aspectos que la sociedad requiera definir para su desarrollo a lo largo de una etapa de reestructuración.

Naturalmente, un programa de tales características no puede ser puesto plenamente en vigencia en forma inmediata, sin obstar a que un análisis y debate óptimo cuente desde sus raíces con un núcleo de documentos técnicos de base en lo que concierne a cada campo a ser cubierto por el mismo. 

A tal efecto resulta relevante la temprana convocatoria de Comisiones de Trabajo organizadas temáticamente -en consonancia con reglamentos preacordados- que podrán estar integradas en cada caso por expertos de las agrupaciones políticas representadas en el Parlamento así como intelectuales distinguidos en representación de universidades, academias y colegios profesionales, e inclusive expertos independientes reconocidos en forma consensuada por su erudición y trayectoria en cada uno de los rubros a ser definidos. 

De esa forma, se apunta a que el marco técnico aspiracional acordado cuente a posteriori con su respectiva aprobación política, que al consentir el mismo comprometerá su adhesión a los principios de base del programa, así como a los mecanismos operativos y de gestión a ser implementados.  

De esta forma, la responsabilidad política derivada de la adopción del “pacto” y su programa conlleva la idea de que cualquiera resulte la corriente en el poder durante un período determinado asuma con convicción el compromiso resultante de no referirse al pasado, abandonando el juicio moral de líderes o agrupaciones que ejercieron precedentemente el gobierno, ya sea en la historia reciente o remota. 

Si los españoles lograron tal compromiso luego de una destructiva guerra civil que conllevó un millón de muertos y treinta años de dictadura, cabe imaginar que Argentina pudiera, asimismo, seguir tal conducta. 

Expresado de otra forma -como bien sugería un amigo (exgobernador electo de una importante provincia)- el cierre de todas las controversias políticas en nuestro país requiere que quienes ejercen el poder asuman como un patrimonio no sujeto a juicio de valor todos los actos del Estado -legítimos o no- desde el 25 de mayo de 1810. 

Claro que dicha convalidación política requerirá asimismo de dos requisitos ineludibles por parte de la clase dirigente en todas sus vertientes, del tipo de las que caracterizaron a las grandes generaciones que construyeron el país: comportamientos ejemplificadores y capacidad para motivar a los ciudadanos.

De esta forma, sin obstar a que un programa de las características propuestas probablemente insuma 2 a 3 períodos electivos para su efectiva implantación -beneficiándose eventualmente por la alternancia partidaria- su definición, progresiva aplicación y puesta en ejecución podría ir avanzando paulatinamente en cada segmento de su agenda desde su génesis. 

Así, el programa se convertiría en una metodología dinámica de definición de políticas y gestión de las mismas de carácter prácticamente continuo y readaptable, al quedar sometidas sus metas a una fiscalización periódica (por ejemplo trienal) al igual que las instituciones surgidas del mismo a evaluaciones y eventuales revisiones (por ejemplo, quinquenales).

Desde una perspectiva óptima, el avance del programa -al menos en su fase inicial- requerirá de una implementación que en la medida posible soslayara la necesidad de una reforma constitucional. 

En efecto, dado que su objetivo se orienta precisamente a evitar profundizar las controversias, se apunta  a arribar, si resultara necesario, a la adopción de una Constitución cuya sustancia resulte plenamente compartida por todos los sectores de la sociedad como evidencia del sentido profundo reflejado en los Pactos que den origen al Programa ejecutado durante un período suficientemente extenso como para probar su eficacia, conformando así de facto un nuevo “contrato social”. 

Ello permitiría a Argentina retomar las características que convirtieron al país durante más de un siglo en un polo de vasta inmigración, atraída por las destacadas posibilidades de movilidad social que ofrecía, sólo equiparables a las presentes en Estados Unidos.

No cabe duda que la instrumentación de un programa del tipo sugerido requerirá concesiones de los tres poderes constitucionales a nivel nacional, así como de las provincias en el marco de nuestra organización federal, lo que probablemente exija durante el período previo a cualquier eventual revisión constitucional de una creciente flexibilidad por parte de todos los actores institucionales, en aras del mantenimiento de la paz y concordia internas como meta de la unidad nacional.

Naturalmente, cualquier programa que se pretenda diseñar involucrará una agenda temática que en buena medida se encuentra ya presente en el espíritu público, aunque no cuente aún con un inventario que la formalice.  Así, muy probablemente no podrán soslayarse decisiones largamente pendientes en la estructura institucional, social y económica de Argentina. 

Al respecto, con carácter meramente ejemplificatorio y sin que implique precedencia alguna, cabe citar aspectos que no podrán resultar ausentes en el debate tales como el funcionamiento de la justicia, la estructura y contenidos educativos, la seguridad pública y su vinculación con la normativa legal, el futuro del mercado laboral y sus mecanismos regulatorios, la pobreza y las alternativas para alcanzar su superación, el funcionamiento y cobertura del sistema de salud,  los parámetros básicos para una economía sana que elimine los sucesivos brotes inflacionarios, los criterios a que debería ajustarse el gasto público, el desarrollo de los sectores productivos y su respectivo tratamiento tributario, el régimen impositivo aplicado a individuos y sociedades, la definición de los tributos aplicables por cada jurisdicción y el mecanismo de coparticipación de los mismos entre los diversos estamentos, el régimen previsional presente y su financiamiento, los mecanismos decisorios aplicados en el marco de las competencias ministeriales en un mundo donde las temáticas resultan claramente interdisciplinarias, y el número de funcionarios requeridos por área de una administración pública tecnificada que permita establecer una planta estatal óptima.

Sin embargo, como ya se ha señalado, resulta relevante que el mecanismo sugerido no contempla un “numerus clausus” temático, sino que los aspectos a analizar y reglar podrán evolucionar en el curso del tiempo prefijado para sus revisiones periódicas. Así, se concibe al programa como un conjunto de proyectos coordinados para lograr en un tiempo limitado un objetivo en común -en este caso de amplio carácter técnico-político, lo que obliga a una detallada radiografía del Estado y la sociedad en todas sus vertientes- de forma de contar con los medios humanos, materiales y financieros para conseguir los fines propuestos. 

En este caso se trata de trazar y poner en marcha el curso deseable para la inserción del país a nivel internacional, así como su fuente de ingresos y su correlato ocupacional para superar los intolerables índices de pobreza que se registran.

Esta breve reflexión ha pretendido presentar el enunciado del que modestamente denomino UPRORA (“Un programa para la República Argentina”), cuya agenda y detalle deberá ser objeto de próximas notas que expliciten algunas orientaciones para el debate, absolutamente necesario, que permita recuperar a nuestro país de una crisis -enunciada al comienzo de este texto- que pone en duda su subsistencia tal como lo conocemos.  

Es probable que muchos califiquen el concepto esbozado como ingenuo. Aún a dicho riesgo me atrevo a pensar que si la propuesta sugerida se integra en el año que se inicia al debate político, económico y social se habrá dado un apreciable paso en aras del interés nacional.

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