El Gobierno logró que el FMI emita un comunicado “positivo” diciendo que su directorio dio por cumplidas las metas fijadas en el acuerdo con Argentina en la segunda revisión a junio de 2022. Pero este es el comunicado.
Cuando se mira el documento técnico se hace explícito que esto fue posible gracias a que las metas fueron ajustadas a la mayor inflación. Por ejemplo, la meta original de déficit fiscal para junio era de $567.000 millones y el déficit observado fue de $800.000 millones. Esto es: incumplido.
Pero los técnicos del FMI aceptaron ajustar la meta a $849.000 millones por la mayor inflación y con este cambio pudo dar por cumplidos los compromisos evitando la caída del acuerdo.
En el fondo, el FMI lo que menos quiere es perjudicar el acuerdo con Argentina. Ni siquiera involucra fondos frescos con lo cual jugar al juego de que uno hace como que cumple y el otro que da por cumplido no tiene muchos costos para el FMI.
Es simplemente perdonar los pagos que Argentina debe hacer y que el FMI sabe que nunca estuvo en la voluntad del Gobierno hacerlo y que tampoco puede hacerlo porque dólares no tiene.
El problema es este jueguito para la gente sí tiene mucho costo porque debe sufrir la mayor inflación, que en diciembre será del 100%, según el nuevo documento con el FMI. Por esto, el acuerdo con el FMI devino en un “engaña-pichanga” de poca relevancia.
Lo único serio aquí es bajar el déficit fiscal para que baje la inflación. En esto, juegan un rol preponderante los subsidios económicos. Para tener una idea de órdenes de magnitud, los subsidios a la energía, el transporte y a los servicios de agua y saneamiento ascienden a 4% del PIB. Muy por encima del 2,5% del PIB que se aspira a tener de déficit primario a fin de año. Entonces, queda claro que es por aquí.
El Gobierno entonces plantea hacer segmentación de tarifas para que la mayor parte de la población siga siendo subsidiada y sólo la gente de muy altos ingresos pague tarifas completas.
Más allá de la incongruencia de querer bajar semejante gasto en subsidios reduciéndolos sólo para una minoría, el planteo de segmentar las tarifas de servicios tiene un profundo error conceptual.
El error conceptual está en que el Gobierno no tiene competencias en todo el país para determinar la tarifa de luz, el precio del boleto de colectivo y el precio del servicio de agua y cloaca.
Estas son funciones que las ejercen los gobiernos provinciales. Querer fijar desde el Gobierno Nacional precios de servicios públicos que los fijan las provincias es un contrasentido y por eso es que fracasa la segmentación de tarifas.
La confusión que tiene el Gobierno se origina en que actualmente está ejerciendo estas competencias, de manera inconstitucional, en CABA y el conurbano.
La razón es que el Gobierno tenía estas competencias cuando existía la Capital Federal hace un cuarto de siglo atrás. Pero una vez que la reforma de la Constitución convirtió la Capital Federal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) corresponde que el Gobierno Nacional se retire de estas funciones y se las deje a CABA y la provincia de Buenos Aires.
Esta distorsión del Gobierno detentando competencias que no le corresponden causa enorme perjuicio al resto de las provincias. El caso más paradigmático es lo que sucede con la electricidad.
Cammesa es la empresa nacional que provee de energía a las empresas eléctricas provinciales para que éstas den el servicio a la población. Las distribuidoras eléctricas provinciales no le pagan a Cammesa esta energía que les vende y esto es parte de los subsidios que el Tesoro tiene que darle a Cammesa.
Por eso, para bajar los subsidios a la energía, el proyecto de Presupuesto 2023 prevé que la Nación podrá descontarles a las provincias las deudas de sus empresas de electricidad con Cammesa. La lógica es que, si una provincia regula los precios de la electricidad que reciben sus consumidores por debajo de los costos, sea ella la que se haga cargo del quebranto en lugar de no pagarle a Cammesa.
Pero en el AMBA, el Gobierno Nacional es el que regula los precios de la electricidad porque no transfirió las competencias a CABA y provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en el mecanismo que se propone todas las provincias deberán pagarle a Cammesa excepto CABA y la provincia de Buenos Aires ya que no regulan a las eléctricas de AMBA que son Edenor y Edesur.
En otras palabras, se sacan los subsidios a la energía para el interior del país, pero se mantienen en el AMBA.
Análoga distorsión se observa en los subsidios al transporte donde la mayor parte es para trenes y colectivos del AMBA, que los regula el Gobierno Nacional, y una parte menor para los colectivos de las provincias. Una situación extrema se da con los subsidios al agua y cloacas que se concentran en la empresa AySA, que es propiedad del Gobierno Nacional y sólo da servicios al AMBA.
Reducir los subsidios es urgente y prioritario. El planteo general debe ser que las tarifas reflejen los costos y contemplar tarifas sociales para las familias de bajos ingresos. La tarifa social debe ser administrada y financiada por las provincias.
La Nación debe dejar de hacerse cargo de la regulación y la gestión de las empresas de servicios públicos del AMBA. Esto es ordenar el Estado y es como se deben bajar los subsidios económicos y, con ello, el déficit fiscal.
