Por Marcelo Halperin (*)
Con motivo de la reciente cumbre CELAC-UE en Bruselas, algunos medios periodísticos aludieron a supuestas expectativas para la reiniciación de las negociaciones con el fin de concertar el tan meneado acuerdo de asociación entre Mercosur y la UE.
Los tratados de asociación que contrae la UE tienen como uno de sus pilares al instrumento que compila las concesiones y regulaciones de política comercial, equivalente a los llamados "acuerdos de libre comercio de última generación" (TLC).
De ahí que cabría preguntarse qué sentido tendría para la Argentina enfrascarse en tratativas con estas características en tanto persistan sus políticas comerciales y cambiarias altamente restrictivas y discrecionales ("cepos").
En primer lugar tales medidas y prácticas que en las regulaciones del comercio internacional se catalogan genéricamente como "restricciones no arancelarias", cuando son adoptadas unilateralmente y con carácter discriminatorio inhabilitan tanto formal como sustancialmente a un país para contraer obligaciones en el marco de los TLC.
Pero más allá de esta simple constatación, al cabo de un corto tiempo la aplicación de cepos introduce una dificultad adicional para el país que los establece porque obstaculiza el reconocimiento de sus propias prioridades y, por lo tanto, no permite afrontar una negociación internacional fructífera.
Ello se debe a los contratiempos y hasta quebrantos ocasionados por el uso de dichas restricciones no arancelarias, hasta el punto de poder alterar la propia matriz productiva.
Los cepos y las distorsiones en el sistema productivo
En la maraña cada vez más desconcertante de medidas y prácticas esencialmente cambiarias y comerciales aplicadas por el Gobierno argentino, hoy día resulta muy difícil ponderar las citadas alteraciones en su matriz productiva.
Pero en todo caso habría que presumir la ocurrencia de dos tipos de alteraciones, relacionadas entre sí, que resultan de las capacidades dispares para sortear estas políticas restrictivas.
- Por un lado deben considerarse los re-posicionamientos empresariales con respecto a su participación en los mercados y que pueden -o no- vincularse al tamaño de las firmas involucradas y a sus relaciones con proveedores extranjeros.
- Por otro lado habrá que reparar en los cambios en las cadenas de suministro, a propósito de la sustitución compulsiva de materias primas o insumos importados.
De tal modo, se supone que habrán de variar las pretensiones con respecto a las concesiones comerciales y los requisitos específicos de origen susceptibles de ser acordados en un TLC -incluido el caso de Mercosur-UE- si se comparan las expectativas "post-cepos" con las ya presentadas por las delegaciones argentinas durante las tratativas anteriores a la instauración de estas restricciones.
Tareas para después del siniestro
Por lo expuesto, la remoción de aquellos cepos, cuando llegue a ocurrir, tendrá un efecto equivalente al retiro de las aguas después de una inundación calamitosa. Recién entonces emergerán las estructuras afectadas por el desastre y podrá comenzar la fase del relevamiento de daños.
En este caso, una vez levantadas las susodichas restricciones no arancelarias, será posible revisar cada uno de los eslabones que conforman las distintas cadenas de valor con el objeto de apreciar las condiciones de competitividad de las empresas supervivientes.
Pero no se trata sólo de una cuestión de supervivencia. Aun para las empresas y conglomerados en pie, deberán examinarse las dotaciones de recursos y capacidades para eventuales recomposiciones o reconversiones tecnológicas y las nuevas condiciones de acceso a las materias primas e insumos empleados en los procesos productivos.
Contando con estos datos cobrará sentido una planificación de política económica y luego la fijación de prioridades que habrán de sustentar las posiciones a ser planteadas en los procesos de negociación encaminados a suscribir o reformular distintos TLC.
Como es sabido, estos minuciosos cuerpos regulatorios cumplen una función que sobrepasa la complementación esperada en virtud de las concesiones comerciales y los requisitos específicos de origen que pudieran acordarse inicialmente.
En tal sentido, los TLC promueven interrelaciones que al cubrir una extensa materia negociada permiten ampliar los términos de reciprocidad y así abordar cooperativamente la diversidad de problemas que se presentan en una fase de la economía global signada por la reciprocidad condicional o el llamado "comercio administrado".
Para negociar productivamente un TLC debe contarse con una capacidad política para identificar prioridades. Pero no cabe suponer que dicha caracterización de prioridades pueda surgir de un enfoque tecnocrático insensible.
En cambio, el bosquejo de cualquier estrategia de negociación internacional es -y será- el resultado de confrontaciones sobre política económica.
En tal sentido y simplificando al máximo los términos de este debate, deberá darse respuesta a preguntas tales como: ¿son preferibles las medidas tendientes a confirmar y por lo tanto a consolidar la matriz productiva emergente de la crisis motivada por los "cepos"? ¿O bien será mejor intentar recomponer el tejido productivo preexistente a la crisis y ahora dañado? Según el sesgo adoptado variarán las prioridades para llevar a las mesas de negociación.
El tiempo perdido
A fin de estimar el tiempo que Argentina ya ha dilapidado en materia de integración económica con países de mayor desarrollo relativo y considerando en particular la inquietud que despiertan las negociaciones con la UE, quizá sea útil recordar las fechas a partir de las cuales rigen acuerdos entre la UE y distintos países latinoamericanos.
En el caso de Centroamérica (Nicaragua, Honduras, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala), los compromisos del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con la UE (AACUE) están vigentes desde 2013.
Colombia y Perú participan también desde 2013 de un acuerdo con la UE, al que luego adhirió Ecuador.
México y la UE están vinculados por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (TLCUEM) firmado en 1997 y vigente desde el 2000 El 28 de abril de 2020 se dieron por concluidas exitosamente las negociaciones destinadas a modernizar el pilar comercial del TLCUEM.
Por último, Chile y la UE tienen en vigor un Acuerdo de Asociación desde 2003 cuya modernización fue intensamente tratada durante trece rondas a partir de 2017, habiéndose arribado a fines de 2022 a la finalización de las deliberaciones anticipando la suscripción del nuevo Acuerdo Marco Avanzado (AMA) para fines de 2023.
En contraposición al enjambre de compromisos comerciales citados, en el caso argentino el desmantelamiento de los cepos constituirá, desde el punto de vista de las políticas de integración económica apenas el punto de partida para una tarea de recopilación y procesamiento de datos y discusiones acerca de prioridades y consiguientes estrategias de negociación.
Luego habrá que afrontar tratativas internacionales sobre las cuales -como en el caso de los compromisos comerciales con la UE- otros países de América Latina ya corren con -al menos- una década de ventaja.
(*) Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata
