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En Argentina, 1 de cada 3 niños es pobre y no sabe leer, escribir, sumar y restar

Según las pruebas Aprender, 70% de los niños que habitan los hogares pobres no llegan a un nivel básico o llegan apenas al nivel básico en lengua y matemática. Luego, los recientes datos del Indec dicen que el 50% de los niños menores de 14 años habitan en hogares pobres.

La salida de la crisis económica con perspectivas de encaminar un proceso de desarrollo social exige el ordenamiento integral del Estado.
La salida de la crisis económica con perspectivas de encaminar un proceso de desarrollo social exige el ordenamiento integral del Estado.
Jorge Colina Jorge Colina 05-10-2022
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El gasto público social es un determinante central para el progreso de la población. Es decir, la gente necesita que el Estado invierta en vivienda, saneamiento básico, salud pública, educación básica y asistencia social a los pobres para poder prosperar socialmente. Argentina no invierte poco en este sentido. 

Cuando comenzó el Siglo XXI, el gasto público social en Argentina (excluyendo el gasto previsional y universidades, que si bien es gasto social no se corresponde con las necesidades básicas de la población) alcanzaba al 12% del PIB. Actualmente, este gasto social se ubica en 15% del PIB. 

La responsabilidad por el financiamiento y la gestión de este gasto es de las provincias y los municipios. Esto es así, porque en el arreglo federal de la Constitución se establece que la nación sólo se encarga de lo que las provincias le deleguen expresamente. Como estas funciones sociales no fueron delegadas, las provincias y los municipios detentan la responsabilidad en su financiamiento y en su gestión. 

Sin embargo, la nación igual aporta por voluntad propia recursos a estas finalidades. A comienzos del Siglo XXI aportaba 3% del PIB de los 12% del total y actualmente aporta 5% del PIB de los 15% que se invierten a esta finalidad. 

Estos aportes se hacen a través de transferencias a las provincias o gastos directos de los ministerios nacionales en los territorios de las provincias y van con directrices que muchas veces chocan contra las prácticas cotidianas de las provincias y los municipios. 

Con los tres niveles de gobierno invirtiendo y gestionando superpuestamente esta importante masa de inversión social, la pregunta es cuáles son los resultados. 

Según los datos de las pruebas Aprender, el 70% de los niños que habitan los hogares pobres no llegan a un nivel básico o llegan apenas al nivel básico en lengua y matemática. Luego, los recientes datos del Indec dicen que el 50% de los niños menores de 14 años habitan en hogares pobres. Esto significa que, en Argentina, 35% de los niños son pobres y no saben leer, escribir, sumar y restar.

  • Estos resultados son muy desalentadores. Se gasta una cantidad importante de recursos en servicios sociales y el resultado es que 1 de cada 3 niños en Argentina es pobre y no sabe leer, escribir, sumar y restar. 

Esto es el resultado de la superposición de funciones entre la nación, las provincias y los municipios en donde los tres niveles quieren hacer todo en materia social y ninguno de los tres luego se hace responsable por los malos resultados.

La solución no pasa por aumentar la inversión en gasto público social y mucho menos en profundizar las intervenciones nacionales en las funciones sociales, que corresponden a las provincias y los municipios. 

Aquí queda abiertamente al desnudo la imperiosa necesidad de un ordenamiento integral del Estado en donde los roles de la nación, las provincias y los municipios se ordenen en consonancia con lo que establece la Constitución que además es la forma de alinear los incentivos. 

Esto es, la Nación no debe interferir en el financiamiento y la gestión de las funciones provinciales y municipales. Lo que la nación debe hacer es concentrarse en medir los resultados sociales en todos los órdenes que hacen al gasto público social y darlos a conocer a la ciudadanía para que la gente, con su voto, exija a los dirigentes provinciales y municipales mayor eficiencia y calidad en la inversión social. Debe quedar claro que son las provincias con sus municipios el nivel del Estado encargado del financiamiento y la gestión de la inversión social. 

Este no es un cambio disruptivo. Es la forma en que se organizan los países federales con excelente desempeño social, como Canadá o Australia. Tomando el caso de Canadá. 

Tiene uno de los mejores sistemas de educación del mundo y -como ellos mismos lo destacan- por ser un país federal no tienen ministerio de educación nacional. Cada provincia gestiona su propio sistema de educación. 

Canadá tiene también uno de los sistemas de salud más apreciados del mundo por sus niveles de calidad y solidaridad. En este caso tienen ministerio de salud nacional. Pero no se dedica a ayudar a las provincias canadienses en el financiamiento y la gestión de los hospitales públicos que son provinciales. Se aboca a unificar lineamientos de políticas, investigación, medición de resultados sanitarios e información a la población. 

Estos dos ejemplos que brinda Canadá señala, con contundencia, que tener ministerios nacionales que se entrometen en funciones provinciales y municipales no es federalismo. Por el contrario, es una desviación del federalismo que, como Argentina lo demuestra, arroja pésimos resultados sociales lo que resulta en un derroche del gasto social.

El recrudecimiento de la crisis económica está empezando a hacer esbozar al Gobierno la necesidad de un ajuste fiscal. Las políticas de ajuste son remedios peores que la enfermedad. Porque ajustan preservando estas perniciosas distorsiones institucionales del sector público. 

La salida de la crisis económica con perspectivas de encaminar un proceso de desarrollo social exige el ordenamiento integral del Estado. Esto es, simplificación tributaria y el reordenamiento funcional de los tres niveles de gobierno.    

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