Brecha cambiaria

El lado B de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Cualquier decisión que tome el Gobierno para estabilizar la macro va a tener costos. El desafío es reducirlos y evitar un nuevo empeoramiento de los delicados indicadores socioeconómicos.

Mirada económica de Analytica.
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Los costos de prolongar casi dos años la negociación con el Fondo Monetario Internacional se reflejan en una brecha cambiaria creciente. Mientras no se alcance un acuerdo, la incertidumbre financiera seguirá prevaleciendo. También es cierto que un mal acuerdo puede empeorar aún más los actuales desequilibrios.  

Es permanente la tensión entre la sostenibilidad de las cuentas externas y la situación social. La pandemia agravó el cuadro, llevando a la pobreza a 2,3 millones de habitantes más, por sobre los 16 millones que ya se encontraban en ella como resultado de las tres fuertes devaluaciones de 2018 y 2019.  

La pobreza alcanzó al 40,6% de las personas en el primer semestre de 2021, después de tocar 42% en los meses más duros de la cuarentena. Semejantes porcentajes no dan margen para el error en la política económica.  

Una estrategia central del Gobierno en tiempo de elecciones ha sido utilizar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria y medio de contención de los aumentos de precios en los alimentos. Claramente, esa política resulta incompatible para cumplir con los objetivos clásicos de los acuerdos con el FMI: reducir el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y los paralelos financieros, hoy entre el 80% y 117%, según el mercado que se mire

Cualquier corrección eventual del tipo de cambio implicaría nuevas subas en los precios de los alimentos y bienes esenciales, claves para las líneas de indigencia y pobreza. ¿Significa entonces que el nuevo acuerdo con el FMI provocará un nuevo deterioro en las condiciones sociales? Y de ser así, ¿de qué orden de magnitud? La lógica sería compensar a las familias ante una eventual devaluación; ¿cuál sería el costo fiscal de una política paliativa? ¿Y por cuánto tiempo debería implementarse? 

En esta Mirada Económica tratamos de responder a estos interrogantes sobre la base de una simulación de impacto que considera tres elementos: 

  • El orden de magnitud de la devaluación y su traslado a precios.
  • El impacto sobre la línea de pobreza.
  • El costo fiscal de la compensación, que depende del incremento de la línea de pobreza y la duración de la recesión.

Se asume que los ingresos en pesos no crecen y que los efectos sobre el empleo son nulos. Esto es así debido a la naturaleza “instantánea” del ejercicio. Se muestra una “foto” del cuadro social si los precios de la canasta básica y de la canasta total aumentas en en el mes siguiente a la devaluación. Al incorporar dinámicas de precios y empleo, variables que se mueven en sentido opuesto, las consecuencias sociales de una devaluación podrían diferir: el aumento de los ingresos nominales por nuevas paritarias mejoraría el cuadro y la reducción del empleo, dada la recesión resultante, por el contrario, lo empeoraría.  

La política económica siempre debe pensarse de manera integral. Sería esperable que la respuesta a un salto del tipo de cambio se acompañe con una política fiscal expansiva que compense a quienes resulten perjudicados. Por caso, para evitar un nuevo escalón en la pobreza el gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así atenta contra la reducción del déficit fiscal que exige el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. Este aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación. 

Otro dilema es durante cuánto tiempo debería expandirse el gasto. En principio, depende de la duración de la recesión. Si tomamos el evento de 2016, la recesión duró cuatro meses (medida en la serie sin estacionalidad del EMAE). En 2013 la situación fue algo distinta: la economía empezó a caer en septiembre y mantuvo esa tendencia en 9 de los 11 meses comprendidos entre esa fecha y julio del 2014. En 2017, la recesión comenzó en diciembre y se extendió por 7 meses. Por lo tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones necesarias durante 6 meses. 

En el ejercicio estimamos un subsidio mensual durante seis meses que compense el aumento en el precio de la canasta básica total*. Por ejemplo, de $2.000 para el caso de una devaluación del 20%. De esta forma se mantendría la pobreza en los niveles previos al salto cambiario, y además podría reducirse la brecha de ingresos de cada pobre respecto de la línea de base (hoy en $ 22.123). A nuestro juicio, éste es un indicador más robusto de la situación social que se vincula íntimamente con la indigencia, en especial dado que este año hay 137.000 indigentes más que en 2020, a pesar de la leve reducción de la pobreza.  

Por caso, un aumento del tipo de cambio del 20% supone un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10% en un periodo de entre 3 y 9 meses. En ese escenario, como muestra el cuadro, el ingreso individual requerido para no caer por debajo de la línea de pobreza pasaría de $22.123 a $25.879 mensuales, generando 2,1 millones de nuevos pobres. Así el porcentaje de personas en situación de pobreza llegaría a 45,1%, 4,5 puntos más que en la última medición.  

Impacto de la devaluación en la pobreza

De la simulación también surge una conclusión muy contundente: no es posible salir del cepo de manera instantánea. Un salto del 50% del tipo de cambio, que llevaría la brecha a la zona del 20% y 45%, supondría niveles de pobreza propios de la crisis del 2001-02, en torno al 50%. En ese sentido, aunque involucre devaluaciones de “shock”, la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual. 

Impacto de una devaluación sobre la indigencia

La simulación da cuenta de la complejidad de la actual situación. Cualquier decisión que tome el Gobierno para estabilizar la macro va a tener costos. El desafío es reducirlos y evitar un nuevo empeoramiento de los delicados indicadores socioeconómicos.  

* Para compensar la brecha de pobreza no solamente se requiere una transferencia de $2.000 en términos de adulto equivalente, cómo simulamos, sino también incrementar el ingreso de cada una de las personas en un porcentaje idéntico al que aumentó la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que esto es imposible de implementar, asumimos una transferencia fija por persona equivalente al incremento de la canasta básica total por adulto equivalente. Por lo tanto, la brecha de pobreza y la tasa de indigencia, ambas íntimamente relacionadas, se reducirían respecto a los niveles del primer semestre de 2021 debido a que se compensaría por el aumento en la canasta básica total, lo cual sobre compensaría el aumento en la canasta básica alimentaria. 

 

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