Finalmente, el pasado viernes se anunció un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones tomada con el organismo durante 2018-2019. El mercado lo tomó como una buena noticia, debido a que se despejó un escenario de "atrasos" y las consecuencias significativamente negativas que eso traería.
Por su parte, el Gobierno ganó tiempo para sostener el proceso de recuperación que inició en 2021 e incluso darle un poco más de impulso. Ese será el objetivo oficial durante este año y también el próximo para llegar con una economía en mejores condiciones de las que se esperaba en un escenario sin acuerdo con el Fondo.
La inversión en infraestructura funcionará como dinamizador de la actividad. La intención oficial es llevar el gasto en este concepto al 2,4% del PIB para dinamizar la construcción de Obra pública. Que el sector tenga buenos rendimientos podría implicar un efecto multiplicador en otros segmentos como la industria.
Luego del impacto de la pandemia, la economía se habría recuperado 10% durante 2021. Con todo, la actividad se encuentra casi 4% por encima de los niveles previos a la pandemia, según datos oficiales, y retrocedió a niveles comparables con los de 2018, cuando comenzó la crisis.
Para 2022 el Gobierno espera un crecimiento del 4%, en línea con el arrastre que dejó el año pasado. De todas formas, desde 2011 que el PIB no crece y ese es el principal desafío para los próximos años.
Ajuste gradual
El entendimiento técnico que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el viernes pasado implicará una reducción gradual del déficit primario y no contempla reformas estructurales que suele pedir el Fondo en sus acuerdos de facilidades extendidas. Por dos años y medio habrá desembolsos contra vencimientos, algo que dará tiempo al Gobierno para "crecer".
El sendero fiscal pactado apunta a un déficit del 2,5% del PIB en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. "Una solución "salomónica" entre la posición inicial del Gobierno (déficit cero en 2027) y el FMI (déficit cero en 2024)", consideró la consultora Delphos Investment.
En principio, los analistas coinciden en que el sendero de los próximos tres años es "cumplible" aunque no tan sencillo de llevar adelante. "Si se mantiene la promesa de no reducir la obra pública, el aumento de tarifas requerido para disminuir los subsidios tiene que ubicarse muy por encima de lo anunciado", precisó Delphos Investment.
Por lo anunciado, allí estará el ajuste más fuerte. En 2021, los subsidios energéticos superaron los US$ 10.500 millones, y en 2022 podrían alcanzar los US$ 15.000 millones. Los cálculos pertenecen al Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.
En tanto, el Gobierno prevé aplicar una "corrección tarifaria" del 20% en las tarifas. A eso se sumaría la quita de subsidios de cerca de 500.000 usuarios del AMBA a partir de la famosa "segmentación" de la que todavía no hay detalles oficiales.
Lo que es seguro es que este tema formó parte de las negociaciones con el Fondo, Guzmán anticipó que se continuará con lo anunciado y ayer la número dos del organismo, Gita Gopinath, publicó en su cuenta de Twitter que "estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva".
El riesgo de la inflación
La corrección de las tarifas impactará en la inflación, que terminó 2021 en 50,9% y diluyó la recomposición salarial de muchos sectores. Los precios podrían ser uno de los limitantes para apuntalar la recuperación. El Gobierno espera poder bajarla a 40% y los consultores prevén niveles más altos.
El rubro que más preocupa es el de alimentos, en donde las subas pegan más fuerte a los sectores de menores ingresos. Según el relevamiento de ese segmento que realiza la consultora LCG, enero cerró con una inflación promedio de 3,9%, pero de 4,6% medida punta contra punta, 2,1 puntos porcentuales por encima del acumulado en diciembre.
Allí será clave cómo resultará la estrategia de acordar precios con el sector privado, principal herramienta con la que se enfrentó 2021, con escaso éxito, y que se volverá a intentar enfrentar el problema este año. Productos de consumo masivo, carne, trigo y maíz, entre otros rubros, son los apuntados por la Secretaría de Comercio Interior.
