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Retenciones: el impuesto más destructivo del federalismo cumple 21 años
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Retenciones: el impuesto más destructivo del federalismo cumple 21 años

Deberíamos promover políticas que permitan a los productores competir en igualdad en el mercado global

Jorge Sturzenegger 20 marzo de 2023

Se acaban de cumplir 21 años del impuesto más destructivo para el federalismo. Hablo de los derechos de exportación, mejor conocidos como retenciones.

En este período se llegaron a recaudar aproximadamente US$ 175.000 millones, los cuales se obtuvieron gracias al trabajo del productor, y que tuvieron como destino el presupuesto del Estado Nacional.

¿Por qué digo que se trata de un impuesto que destruye al federalismo? Como es evidente, se recauda una enorme cantidad de dinero, que no se invierte en obras de infraestructura ni en servicios que mejoren la productividad ni la calidad de vida de los productores, ni de sus pueblos y ciudades. Todo ese dinero se va de las provincias productoras, y no se ve reflejado en mejores rutas, autopistas, trenes de carga, hospitales ni escuelas.

Lamentablemente, el fruto del trabajo de los productores se va al presupuesto nacional para después terminar en empresas nacionales deficitarias, subsidios energéticos, planes sociales y una eterna lista de gastos de un Estado Nacional enorme y deficitario. 

Si esos US$ 175.000 millones hubieran estado en manos del productor pampeano, cordobés o entrerriano, con ese dinero se hubieran tomado decisiones de consumo, ahorro o inversión en sus provincias, generando un círculo virtuoso en toda la economía local, con más inversión y puestos de trabajo en sus localidades. 

Así como están las cosas, hoy el sector genera casi 4 millones de puestos de trabajo. Imagínense cuánto más empleo podría generar en cada rincón del país si se redujera la carga tributaria en el sector y el productor recibiera por su trabajo lo que recibe un productor con las mismas características en cualquier otro lugar del mundo.

Las retenciones no toman en cuenta si fue una buena o mala cosecha, ya que se cobran en relación con los ingresos y no a las utilidades del productor. Por lo tanto, con iguales costos, si la cosecha fue mala, las retenciones terminan capturando un porcentaje mayor de la ganancia del productor, a diferencia si la cosecha fue buena, la influencia de las retenciones en la ganancia será menor.

Esto trae como consecuencia que en épocas como la actual, donde la sequía e incluso la helada han sido factores claves en la pérdida de gran parte de la cosecha, las retenciones ponen al productor en una situación económica muy delicada.

Ahora bien, la sequía y las heladas son variables que existen en todos los países agroexportadores del mundo, pero las retenciones sólo existen en Argentina. Hace 21 años que el Estado se lleva gran parte de lo producido, teniendo como consecuencia que el productor se encuentre aún más vulnerable ante las inclemencias del tiempo.

No podemos olvidarnos de que los productores ya pagan una gran cantidad de impuestos y tributos. Las retenciones son una carga adicional, que trae como resultado una participación del Estado en la renta agrícola del casi el 70% si promediamos los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol.

Las retenciones también elevan el piso económico a partir del cual es conveniente poner a producir un campo, lo que genera menor inversión, menor producción y menores puestos de trabajo para aquellas zonas que requieren de mayor margen para producir.

Es necesario que tengamos como objetivo eliminar este impuesto distorsivo. En lugar de tomar medidas que perjudican la producción, las exportaciones y el desarrollo del interior argentino, deberíamos empezar a promover políticas que fomenten la inversión y que permitan a los productores competir en igualdad de condiciones en el mercado global. 

Necesitamos generar las condiciones necesarias para que haya más oportunidades de trabajo, necesitamos una Argentina federal, donde en cada rincón del país todos tengan la posibilidad de elegir libremente dónde quieren trabajar y desarrollarse.

Para eso es clave que los sectores federales y competitivos de la economía, como lo es el sector agroindustrial, puedan desarrollar su máximo potencial sin que el Estado sea una traba para ello.

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