Los ataques directos -la destrucción de un supuesto bunker narco en Rosario, o el furioso asalto contra una comisaría en Villa Madero, de La Matanza- exhiben la desesperación de anchas franjas de la sociedad por el incumplimiento de una de las tareas fundacionales de todo Estado: proteger a sus habitantes del bandidaje.
Emerge el hartazgo ante una sostenida pérdida de libertad. Los conurbanos y muchos barrios populares no sólo sufren asaltos sino una masiva, virtual prisión domiciliaria desde la caída del sol hasta el amanecer. La perpetua amenaza de delincuentes que se apropian del espacio público ante la parálisis -por falta de instrucciones, desidia o complicidad- de las fuerzas de seguridad.
Contrariamente a cierto discursillo libertario, el problema no surge del exceso de Estado sino de su ausencia en garantizar a los ciudadanos la protección mínima indispensable.
Nunca antes
Los reclamos populares, se sabe, adornan la historia de los pueblos. Antes, en la Argentina, nacían de la conducción y/o la incitación de sectores políticos, sindicales, empresariales. Por primera vez en la historia criolla surgen focos de airada protesta por ciudadanos que no reclaman cambios de gobierno, ni son estimulados por partidos ni corrientes de opinión.
Los pocos antecedentes históricos de auto-movilización se originaron en cuestiones puntuales y se disolvieron rápidamente. Para limitarnos al último medio siglo, las movilizaciones gigantescas que se desparramaron por el país entre 1969 y 1972, cuyo punto culminante resultó el Cordobazo, fueron alentadas y conducidas por diversos sectores políticos: la Juventud Peronista, la Franja Morada, el sindicalismo combativo y clasista, la Federación Universitaria Argentina, el Partido Socialista, el Partido Comunista y las pequeñas pero activas corrientes de la izquierda revolucionaria, desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores al Partido Comunista Revolucionario, Política Obrera, Vanguardia Comunista y otras de flamante creación.
Aquellas puebladas determinaron la huida del régimen militar y las elecciones del 11 de marzo de 1973. En los conflictos posteriores menguó la participación popular, reemplazada por la lucha de aparatos: la guerrilla contra el gobierno justicialista, y la pelea interna dentro del PJ.
La ferocidad dictatorial de 1976-83 eliminó físicamente a miles de opositores, y aterrorizó al país. La acción popular se fue recuperando poco a poco, a medida que el régimen se debilitaba... La campaña de 1983 albergó las mayores movilizaciones electorales de la historia, convocadas por la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.
El Gobierno de Raúl Alfonsín prohijó grandes marchas en su favor. También las sufrió en su contra, convocadas por la conducción política y sindical del peronismo, con el acompañamiento de la militancia de izquierdas.
La violencia siguió limitada a la política: los alzamientos de militares carapintada que conducía Aldo Rico y el asalto sangriento al cuartel de La Tablada por el Movimiento Todos por la Patria que lideraba Gorriarán Merlo. Durante la hiperinflación, los asaltos a supermercados se originaron en su mayoría en intendencias justicialistas y en el accionar de sectores vinculados a grupos carapintada. Algunas concentraciones autónomas en barrios suburbanos se extinguieron en pocos días.
Durante el menemismo, las acciones opositoras fueron lideradas por el radicalismo y las izquierdas, algunas de las cuales habían impulsado el voto a Carlos Menem. Hubo poca resistencia a la transformación menemista, en el camino de Videla - José Alfredo Martínez de Hoz de 1976-81. La transformación neoconservadora y ultraliberal de Menem llegó más lejos, liberado del miedo a la guerrilla que había limitado el proyecto dictatorial.
A partir de los noventa, en lugar de la protesta creció el bandidaje. Es decir, violencia pura sin reglas, esperanza ni objetivos políticos. En los noventa proliferaban los robos de pasacasetes de los automóviles. El ingeniero Santos se hizo célebre por perseguir y tirotear al ladrón que había robado el suyo. Un comerciante en Mendoza repelió a tiros un asalto. Despuntaba la justicia por mano propia, pero apenas en unos pocos casos individuales. Señales tempranas de la deserción estatal.
El derrumbe de la Alianza en 2001 albergó inmensas manifestaciones contra el presidente Fernando de la Rúa. La mayor parte bajo la convocatoria del justicialismo, ávido de retornar a la Casa Rosada. También una enorme marcha de votantes de la Alianza (ex votantes de De la Rúa) en la Capital Federal, que habían sufragado en blanco o nulo en los recientes comicios y que luego dejaron de votar a la Unión Cívica Radical, que había retenido una potente fuerza electoral en la ciudad desde 1916 y había triunfado en muchos comicios del distrito desde 1983.
La crisis de 2001 determinó la organización de dos sectores nuevos: los excluidos y los ahorristas burlados. Los ahorristas furiosos contra el corralón y el corralito poseían un pequeño capital de cinco mil dólares promedio y crearon su propio liderazgo. El empresario y actor Nito Artaza devino su vocero. El movimiento se fue disolviendo con el correr de los meses.
En cambio, las víctimas de las políticas noventistas no se diluyeron. Perplejos por el desmantelamiento de la industria, la caída del empleo de calidad y la explosión del trabajo en negro, millones de personas sufrieron -y siguen sufriendo- consecuencias devastadoras, desconocidas en un país que históricamente había orillado el pleno empleo. La desigualdad se disparó y la Argentina comenzó a exhibir los problemas sociales latinoamericanos que había logrado eludir hasta entonces. La clase media se pauperizó (salvo un porcentaje menor que ascendió), y las clases populares se derrumbaron.
Los excluídos -una categoría nueva, originada en las políticas de los años noventa - se dividieron en sub-sectores. Muchos se convirtieron en comerciantes callejeros, los manteros, no sujetos a normas ni a impuestos. Otros salieron a revolver la basura; desde entonces se los conoce como cartoneros, con una vida más precaria que los botelleros de otrora. Antiguos obreros fueron expulsados de sus empleos sin posibilidad de reinsertarse, y llevaron las prácticas sindicales del piquete a las calles y las rutas como intento de frenar la distribución (ya que no la producción, muy disminuida por la desindustrialización menemista): son los piqueteros, que terminaron construyendo una representación en organizaciones sociales desconocidas hasta entonces.
Finalmente, un creciente grupo de excluídos eligió matar o morir: el bandidaje.
Ni la política ni las fuerzas de seguridad tenían preparación previa para enfrentar la explosión del delito, multiplicado por la proliferación de excluídos sin esperanza. Violencia cada vez más brutal, agravada por el consumo de drogas, con delincuentes a quienes su vida les importa nada y el prójimo aún menos, sin compromiso alguno con la sociedad, a la que nada los une. Ese creciente accionar no recibe respuestas eficaces por parte del Estado.
Resultado: cada vez más ciudadanos comunes empiezan a convencerse que la impotencia del Estado está siendo sustituida por la complicidad con el delito de algunos de sus estamentos municipales, judiciales y policiales. Cuando no de actores de la política mayor.
Las leyes y el Estado deben actuar conforme las realidades de cada tiempo. El progresista, liberal y avanzadísimo Código Penal sancionado por Hipólito Yrigoyen en 1921 y votado masivamente por la oposición (sobre 80 diputados apoyaron 78) se basaba en el notable estado del país, con la baja del delito. El Código fue uno de los primeros en el mundo en eliminar la pena de muerte. No era una quijotada, sino la advertencia de la baja criminalidad y en particular de los delitos más graves.
Hoy la situación es dolorosamente peor. Se dibujan, centralmente, dos caminos.
El primero, continuar como hasta ahora, agravando la ausencia estatal y viendo la usurpación de espacio público cada vez mayor por parte de bandas. El riesgo es la mexicanización y al final del camino, el peligro mayor de una Nación fallida.
El segundo camino es una política de Estado consensuada -donde desaparezca la práctica en la que un sector acuse al otro de gatillo fácil y sea acusado a su vez de abolicionista - destinada a cortar los lazos del delito con el aparato estatal (político, judicial o policial), cesando la protección a dirigentes, magistrados y policías "amigos". La situación convoca a converger la política en los grados y forma que habrá de adoptar la prevención y represión del bandidaje.
Las posibilidades de éxito dependerán de la percepción de la población sobre las nuevas medidas, pero también de la construcción de una red de protección social a los excluidos. La desigualdad hará imposible una política eficaz.
No es casual que allí donde las necesidades básicas están satisfechas, como Escandinavia, el delito esté en retroceso.
Tampoco es casual que en Italia las mayores organizaciones mafiosas -Cosa Nostra, N´ Draghetta, Camorra- hayan prosperado en las empobrecidas regiones del sur: Sicilia, Calabria, Nápoles. Ahí donde el Estado italiano -y su antecesor, el Reino de las Dos Sicilias- no era capaz de hacer acto de presencia.
Lo mismo ocurrió a comienzos del siglo veinte en Nueva York y otras ciudades norteamericanas, donde la numerosa colectividad italiana se sentía indefensa y parte de ella se resignó a perder parte de sus dineros y libertades a cambio de la protección de "familias" mafiosas sicilianas.
Violencia estatal o privada
Un ejemplo virtuoso, en cambio, fue el juicio a las juntas militares llevado a cabo durante la administración Alfonsín. La confianza en la justicia del Estado -en ese caso, la notable Cámara Federal y el propio presidente de la Nación- logró un resultado milagroso: la ausencia de violencia privada.
Los padres y madres no ejercieron represalias contra los verdugos de sus hijos. Tanto más notable cuanto el ajuste de cuentas había causado miles de asesinatos extrajudiciales contra nazis, fascistas y colaboracionistas en Francia, Italia y otros países ocupados. Consigno que entre estas vendetas y el juicio a las Juntas pasó menos tiempo que entre el juicio a las Juntas y la actualidad.
La política está, como en 1983, ante un dilema decisivo: o conduce la búsqueda de verdad y justicia o la Argentina podrá entrar en una espiral de desconfianza, violencia privada y pérdida de futuro...
