Por Luis Secco (*)
Desde el equipo de Asuntos Económicos de LLYC publicamos un informe sobre lo que consideramos las cuestiones más importantes para analizar la marcha y las perspectivas de la economía argentina durante 2021.
Si bien la pandemia de Covid-19, la intensidad de su segunda ola, la necesidad de nuevas restricciones a la movilidad y el progreso en la vacunación, tienden a ocupar el foco de la atención en la opinión pública, las cuestiones económicas comienzan a cobrar un renovado interés.
En el marco de una inflación que no afloja y de una actividad económica nuevamente amenazada por la pandemia, la postergación de las PASO (supuestamente por razones exclusivamente sanitarias) le agrega una cuota de incertidumbre extra a la dinámica macro en general y, en particular, hace replantear cuál será el timing y los alcances de las negociaciones que llevará adelante el Gobierno con el FMI.
Restricción externa
Claramente uno de los temas más relevantes del año pasa por la restricción de divisas. Las reservas líquidas del BCRA se encuentran en niveles mínimos y, más allá de la tranquilidad cambiaria de los últimos cinco meses, no se han recuperado. Si bien podría esperarse una recomposición gracias a una excelente cosecha en el marco de precios internacionales muy favorables, los dólares seguirán siendo la mercadería más escasa de la economía argentina y no habrá margen para que las autoridades económicas puedan erradicar o moderar las restricciones que han impuesto. Tengamos en cuenta que la calma cambiaria a la que hicimos mención no se sustenta en ninguna modificación consistente de los fundamentals macro. Es más bien el resultado de medidas e intervenciones de mercado específicas, y a las promesas del ministro Guzmán de un acuerdo con el FMI (que podría venir con algo de dinero fresco) y con una consolidación fiscal mayor a la proyectada en el Presupuesto.
Austeridad
En tal sentido, el desafío para la mayoría de los gobiernos del mundo seguirá siendo atender las necesidades (y los reclamos) de los sectores más afectados por la crisis global y por las políticas domésticas adoptadas frente a la crisis sanitaria de Covid-19. La pregunta es cómo hacerlo sin que ello termine de afectar irreversiblemente la estabilidad fiscal y monetaria. O alternativamente, cómo recuperar parte de la solvencia fiscal y monetaria perdida, aun cuando ello signifique lidiar con mayores tensiones y presiones políticas y sociales.
El dilema de la austeridad, en el caso de Argentina, se agrava porque no hay posibilidad de estabilizar la macroeconomía sin una consolidación fiscal del orden de la que ha prometido el ministro Martín Guzmán. Pero las dudas de que sólo se trate de promesas que no podrán ser llevadas a la práctica son enormes. No sólo por la magnitud del ajuste (sin precedentes en nuestra historia) sino porque además habría que lograrlo en un año de elecciones de medio término, que son clave para los objetivos del oficialismo.
Cualquier sendero de consolidación fiscal que se plasme en un futuro acuerdo con el FMI requerirá una actitud proactiva y medidas que resultarán antipáticas en un año signado por la continuidad de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales y por las intenciones electorales del oficialismo. Lo más probable es que el FMI perdone algunos desvíos, pero ello no implica que la dinámica macroeconómica lo haga.
El dólar
Otra de las incertidumbres con la que habrá que lidiar durante el año pasa por lo que podría acontecer con la cotización del dólar en los mercados alternativos, que es donde las operaciones se realizan con más libertad, y reflejan (dada toda la información disponible) lo que los argentinos juzgamos que es el valor del peso. Sintetiza lo que pensamos acerca de la situación actual y la evolución futura de la demanda y oferta de pesos, las reservas, el déficit fiscal y su financiamiento, la inflación, las tasas de interés, la actividad económica, la balanza comercial, la situación social y política, etcétera. Y las comparaciones o valores históricos dejan de ser buenos indicadores en situaciones de crisis o coyunturas críticas como las actuales.
Además, la brecha es siempre sinónimo de que algo anda mal. Y una brecha del orden del 50-60% es casi tan gravosa como una superior al 100% para el cálculo económico. Toda decisión económica se torna más difícil, las inversiones se posponen, la generación de empleo languidece y el consumo se vuelve defensivo y se vuelca a bienes que lucen una protección a futuras (y casi seguras) depreciaciones. Pero eso no es suficiente para que la actividad económica se recupere ostensible y sustentablemente.
Crecimiento
Es de esperar que después del histórico frenazo que sufrió la actividad económica en 2020 (-9,9% según los datos oficiales) se produzca un rebote, que no es sinónimo de crecimiento. Las proyecciones oficiales de crecimiento y las privadas que releva el BCRA ubican el aumento del PIB real de 2021 en 6,7%. Ahora bien, las mejoras de los últimos meses de 2020 dejan un arrastre estadístico de más de cinco puntos para 2021, de lo cual se desprende que, en realidad, el crecimiento esperado para este año es bastante pobre y es de esperar que se vuelva imperceptible para una gran mayoría de los argentinos.
Energía
Lamentablemente, algunos factores podrían obstaculizar adicionalmente la recuperación de la actividad económica. La cuestión energética ? en particular en lo concerniente a (i) el abastecimiento de gas, (ii) la necesidad de mayores importaciones, la reducción del saldo exportable y el previsible déficit de balance comercial sectorial, con drenaje neto de divisas del resto de la economía y, (iii) el aumento del monto de subsidios energéticos que deberá pagar el fisco ? es uno de los temas que habrá que seguir con especial atención durante 2021. Tengamos presente que en el pasado, cuando hubo que enfrentar restricciones de abastecimiento, nunca se puso en duda que el racionamiento recaería sobre el sector productivo en general, y la industria en particular.
Asimismo, en materia de precios del gas y de la energía eléctrica, tras casi 2 años de congelamiento (iniciados durante la administración anterior), el gobierno ha puesto en marcha ? a través del Decreto 1020/20 ? un proceso de revisión tarifaria que podría extenderse 2 años, y está implementando “cuadros tarifarios de transición”, con topes de ajuste de acuerdo a la viabilidad política (de “un dígito” porcentual, en el caso de los consumidores residenciales, y fuertemente variables por jurisdicción, para los industriales). La necesidad de “cuidar” los precios manifestada por las máximas autoridades económicas está claramente por encima de otras consideraciones críticas que hacen a la sustentabilidad del abastecimiento energético, amén de que la postergación de los ajustes tarifarios repercute directamente sobre la capacidad del fisco de mantener el gasto en línea con las necesidades de consolidación fiscal.
La inflación
El otro gran tema (y principal foco de la política económica) es la inflación. Sobre todo teniendo en cuenta sus efectos sobre el poder adquisitivo y el humor de la mayoría de los argentinos (por no decir todos los argentinos). El ritmo de avance de los precios se mantuvo contenido durante 2020 en el marco de la recesión económica y de las políticas de congelamiento y control de precios y tarifas impulsadas por el Gobierno. La inflación pasó de un registro anual de 53,8% en diciembre 2019 a una tasa de 36,1% en diciembre 2020, pero la ralentización de precios no fue el resultado de la implementación de una verdadera política anti inflacionaria. De hecho, las últimas lecturas del Indice de Precios al Consumidor (IPC) han vuelto a situarse incluso por encima del 4% mensual. Con la mirada puesta en los comicios de medio término de octubre y con el objetivo de no socavar sus propias chances electorales, el Gobierno intentará contener dicha aceleración.
En ese sentido, y de momento, el Gobierno sigue recurriendo a congelamientos y controles de precios, la renovación del programa Precios Cuidados ?con aumentos autorizados bien por debajo de la inflación y mayor cantidad de productos alcanzados ?, acuerdos por el precio de la carne, eventuales restricciones a la exportación de productos alimenticios, la fijación de canastas de referencia para ocasiones especiales y algunas otras medidas con las que las autoridades buscarán mantener bajo control el ritmo inflacionario (como la posibilidad -en análisis- de aumentar las retenciones a la exportación de algunos productos).
En resumen, en el corto plazo la estrategia es clara y es muy parecida a la que se usó en el período 2011-2015 cuando también había cepo cambiario. El plan tiene tres patas cortas que son: el control de precios (vía acuerdos, congelamientos, restricciones, retenciones), pisar tarifas e intentar atrasar el tipo de cambio. Decimos que son patas cortas porque en alguna medida son insostenibles en el tiempo, ya que desajustan precios relativos e incrementan el déficit fiscal.
La pobreza
Con este panorama de bajo crecimiento, baja generación de empleo e inflación, la pobreza seguirá en aumento. Según los últimos datos relevados por el Indec, la pobreza durante el segundo semestre de 2020 alcanzó al 31,6% de los hogares y al 42,0% de los habitantes de los aglomerados urbanos encuestados. Por su parte, el 7,8% de los hogares y el 10,5% de las personas tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia. De la información suministrada por el INDEC, surge que: de cada 100 pobres, hay 32 que corresponden a la franja de 0-14 años, 28 tienen entre 15 y 29, 37 entre 30 y 64 años, y sólo 3 tienen más de 65 años. Proporciones similares se dan entre los indigentes. Resulta bastante evidente que las políticas de contención social deberían enfocarse primariamente en la población de menor edad, que es donde la incidencia de la pobreza resulta más inquietante. No sólo por la vulnerabilidad a la que son expuestos los niños, sino también por sus consecuencias sobre el futuro. La literatura y la evidencia empírica son muy terminantes respecto de que no hay mejor inversión social que la que se realiza en los primeros años de vida de una persona. Aunque a corto plazo, la agenda de políticas públicas apenas si se ocupa de estas cuestiones.
Ojalá el debate surgido en torno a las clases presenciales gatille nuevos debates más integrales acerca de cómo hará la Argentina para generar el capital humano que se necesita para poder crecer sustentablemente.
(*) Economista y miembro del Consejo Asesor de LLYC Argentina
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