Por Gabriel Alejandro Orozco (*)
La agenda del desarrollo sostenible está adquiriendo nuevo vigor a raíz de las brechas al interior de la comunidad internacional. Con motivo del último informe del Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el Secretario General de la ONU ha declarado que “los compromisos a largo plazo deben ir acompañados de acciones inmediatas para poner en marcha la década de transformación que tanto necesitan las personas y el planeta”.
Para motorizar ese cambio, el Acuerdo de París compromete a los países a alinear el sistema financiero con la acción climática. No obstante, la arquitectura actual presenta barreras al acceso y a la construcción de capacidades de gestión para los países en desarrollo. En esta línea, según el Índice de Finanzas Sostenibles 2020, las finanzas de la región latinoamericana cuentan con un alto componente de carbono y un limitado compromiso climático. Para subsanar estas carencias y potenciar los beneficios del sistema, es vital que la estructura financiera sea reforzada, aumente su transparencia y adquiera mayor coordinación. De esta manera, se podrán garantizar una mayor resiliencia económica, salvaguardar los ecosistemas y propulsar la equidad social.
El desafío climático requiere movilizar los ahorros globales hacia proyectos sostenibles y efectivos. Para mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 1,5ºC, la región debe canalizar al menos 2% de su PIB anualmente al esfuerzo climático y descarbonizar sus finanzas a mediano plazo.
Si se pretende conseguirlo, se deberá superar la “paradoja del financiamiento climático” según la cual los países desarrollados mantienen sus ahorros en proyectos ineficientes mientras que la región cuenta con una brecha anual de financiamiento sostenible de alrededor del 2,5% de su PIB (US$ 150.000 millones). Para cambiar esta situación, resulta pertinente desplegar el potencial de los sistemas nacionales de planificación y aprovechar iniciativas multilaterales como el programa NDC Invest del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, es necesario ofrecer incentivos desde el Estado para reverdecer las carteras de los bancos comerciales y del desarrollo, así como también integrar los riesgos climáticos a dichos portfolios. De esa manera, los ahorros de los países desarrollados se verán apalancados por políticas regionales como el Fondo Amazonia.
La gestión de los proyectos climáticos también precisa de un abordaje participativo y que garantice una rendición de cuentas permanente. A partir de los diálogos sobre financiamiento climático y sostenible 2020, se evidencia que muchas de las instituciones no publican de forma abierta su información y, cuando lo hacen, se encuentran en un lenguaje desconocido para la mayoría de los beneficiarios de los fondos.
Además, es imprescindible que los programas y proyectos de financiamiento estén en concordancia con las necesidades y perspectivas locales si se pretende que las comunidades se apropien de ellos. Como consecuencia, la arquitectura financiera climática debe garantizar un proceso de co-creación de las iniciativas entre inversores y beneficiarios. De igual manera, se vuelve cada vez más imperativa la transparencia en tiempo real de la información financiera, donde se explicite el circuito completo de los fondos y su efectividad. Aunque queda camino por recorrer, el proceso de consultas con la sociedad del Fondo Verde del Clima (FVC) y el portal de finanzas verdes ALC son ejemplos alentadores.
Finalmente, más allá del volumen y visibilidad de los procesos, hay que generar un mayor impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. Cada esfuerzo financiero alcanza un efecto multiplicador cuando se ve complementado por medidas equivalentes en otras áreas de política y en diferentes latitudes. En estos momentos de turbulencia económica, crisis sanitaria e inestabilidad social, en países como México se demostró que es posible generar mecanismos como los bonos verdes al conjugar la banca pública con los bancos multilaterales de desarrollo en soluciones creativas durante la pandemia. Por lo tanto, la región cuenta con la capacidad para concertar esfuerzos en la gobernanza de los mecanismos financieros internacionales y optimizar su funcionamiento. En este recorrido, la creación de capacidades y de conciencia puede catalizarse a través de los diálogos durante la Semana del Clima y de la unificación de criterios frente a la 26° Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse en Glasgow.
Las perspectivas del crecimiento económico-social van depender en gran medida de cuán efectivos sean los mecanismos para fomentar la resiliencia y desacoplar las finanzas de las actividades intensivas en carbono. En este camino, con su gran cantidad de capital natural, la región latinoamericana puede aportar creatividad y capacidad de movilización si configura una estructura económica efectiva, transparente y optimizada. Las experiencias fundamentan esta orientación y la vibrante acción de la sociedad civil mantiene encauzada la agenda.
Es por ello que la Semana de Acción Climática en Argentina es una oportunidad para unir a actores públicos y privados en pos de un desarrollo consistente con el planeta.
(*) Candidato a la Maestría en Política y Economía Internacionales en la Universidad de San Andrés. Integra el Programa de Juventudes por las Finanzas Sostenibles para el Futuro de GFLAC.
