Por Héctor Rubini Economista de la USAL
El sábado, el pueblo de Guatemala salió a las calles e incendió y destrozó parte del Congreso de ese país. El Gobierno recién ayer llamó a un diálogo político para lograr cierta distensión. Algo difícil ahora con esta virulenta crisis ha puesto en dudas el futuro del presidente Alejandro Giammattei, que lleva apenas 10 meses en su cargo.
La crispación en ese país se arrastra desde la crisis de 2015 que forzó la renuncia primero de la vicepresidente y luego del presidente Otto Pérez Molina, en medio de movilizaciones y denuncias por corrupción. Esta vez el detonante fue la aprobación de la Ley de Presupuesto 2021 entre la noche del martes pasado y la madrugada del miércoles.
Los videos que circularon en Internet muestran un seudodebate que no era más que la aprobación preacordada del proyecto oficialista por legisladores que simulaban leer el proyecto oficial con murmullos inentendibles. Una puesta en escena para convalidar un acuerdo entre oficialistas y opositores para aprobar el gasto público más alto en toda la historia del país (unos U$S 12.800 millones) para 2021. Los puntos más irritantes son: a) aumento súbito del endeudamiento público por U$S 3.800 millones supuestamente para atender gastos por la pandemia, b) concentración del gasto total en gastos de funcionamiento (64%) y servicios de la deuda (16%) y gasto mínimo en inversión (20%) y c) reducción de partidas para atender la desnutrición infantil, que hoy afecta a la mitad de los niños de hasta 5 años, y otras urgencias. Una tomada de pelo a los guatemaltecos que, a pesar de los daños provocados por los huracanes Eta e Iota, no la dejaron pasar.
Ya el pasado 17 de marzo el Congreso había sesionado a puertas cerradas, sin acceso a los medios (medida “preventiva por el coronavirus”) y entre gallos y medianoche nombró a todos los miembros del nuevo Tribunal Electoral. Los mismos asumieron 10 días después y casi de inmediato anunciaron la proscripción de seis partidos políticos, y sanciones económicas a políticos, ONGs y empresas de marketing político que habían denunciado mecanismos de financiamiento ilegal en las elecciones de 2019. Al mes siguiente comenzó una serie de denuncias contra el gobierno del presidente Giammattei por su hostigamiento a quienes los critican desde los medios de comunicación.
Otro frente de conflictos es un organismo “inventado” por esta administración: el llamado Centro de Gobierno creado el pasado 27 de enero. Una suerte de jefatura de gabinete que en principio se superpone a las funciones de varios ministerios y secretarías, limita el poder del vicepresidente y sus rendiciones de cuentas no son suficientemente claras. Además, en septiembre se conoció una denuncia del medio digital (hasta ahora no desmentida) según la cual su director, Miguel Martínez, el propio Giammattei, y el titular del Registro de la Propiedad serían socios de una empresa desde el año 2015.
A este trasfondo de falta de transparencia que habría permitido el persistente “capitalismo de amigos”, cobijado bajo una red de jueces y políticos oficialistas y opositores se ha sumado la ya pésima relación entre Giammattei y su vice, Guillermo Castillo. En julio, Castillo logró evitar su remoción, cuando logró frenar en la Corte Constitucional un proceso en su contra iniciado por un abogado por la aparente ilegalidad del nombramiento de una funcionaria. La movida, avalada por la Corte Suprema, había avanzado con el silencio del presidente, lo que dio luz verde a una “grieta” interna que sigue abierta hasta hoy. A fin de septiembre se difundió un diálogo entre ambos con fuertes críticas de Castillo a Giammattei, y este lo atacó duramente ante la prensa, acusándolo de filtrar la grabación a los medios. Pero este viernes, con el escándalo de esta ley de Presupuesto, Castillo recomendó en público: a) veto presidencial a la ley de Presupuesto 2021, b) mayor acercamiento a la sociedad, c) disolución del Centro de Gobierno, y d) su disposición a renunciar, si lo hace también el Presidente.
Esto último conduciría a un vacío de poder muy difícil de administrar, pero con apenas 10 meses de gestión. Sin presidente ni vice, ¿cómo podría manejar esta crisis un Congreso cuya credibilidad y legitimidad está también cuestionada? El incendio al Congreso es un llamado de atención, pero no es claro que marque el camino hacia ninguna solución concreta.
Ayer el Presidente del Congreso, Allan Rodríguez, anunció que se suspenderá la aplicación de la ley aprobada el miércoles. ¿Cumplirán con ese anuncio? ¿Alguien puede creerle? Pero algo tienen que hacer y rápido. Los incidentes provocados por unos pocos encapuchados (esa es la realidad) le dan cierta convalidación a la “no salida” actual, y son varios los sectores interesados en el lamentable statu-quo de los últimos 5-6 años en Guatemala: los narcotraficantes locales y mexicanos, los llamados “coyotes” y otros oportunistas que lucran con los desesperados locales, hondureños y salvadoreños que tratan de ingresar por tierra a EE.UU., el crimen organizado local, traficantes de armas, partidos minoritarios, interesados en generar mayor inestabilidad. Un cóctel explosivo para un país con no menos del 60% de la población en condición de pobreza y casi 30% viviendo con menos de U$S 2 diarios.
El hartazgo de los guatemaltecos llega después de años de que sucesivos gobiernos usen el poder para sostener un “crony capitalism” opaco y a costa del dinero del resto de la sociedad. En otros países ese rechazo viene acompañado por críticas a todo lo que se rotule como “neoliberalismo”, pero también a la desatención del Estado. Un Estado firme para cobrar impuestos, pero cuando un ciudadano le pide ayuda, no recibe respuesta. Peor aún, lo observa al servicio de intereses que no son los de la comunidad. De ahí, que tanto en nuestra región, como en Europa se observe en diversas encuestas de opinión un número nada despreciable de respuestas en contra tanto de las instituciones del capitalismo como de la forma democrática de gobierno. Algo también explica no pocos triunfos electorales líderes políticos carismáticos que una vez en el poder, lo ejercen con variadas dosis de populismo, autoritarismo y corrupción, generando nuevas frustraciones para los votantes, y dejando una herencia económica desastrosa para sus sucesores.
Es por eso que los reciente episodios de Perú, y ahora de Guatemala, no son una buena noticia ni mucho menos. Si no se reacciona a nivel regional para dar un corte final a ciertas prácticas discrecionales y corruptelas en el poder, las protestas y la inestabilidad jurídica e institucional irán en aumento. Un escenario favorable para el éxito electoral de quienes prometen el oro y el moro en las campañas electorales, y luego una vez en el poder, aplican experimentos populistas y autoritarios que pueden terminar en extremos realmente desastrosos como es el caso del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
