Por Héctor Rubini Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
El avance del Covid-19 está en el foco de la atención mundial. Quienes aisladamente seguíamos su avance desde el inicio del brote en Wuhan, no dejamos de advertir que la tardanza en frenar su “transporte” internacional, tornaría imposible frenar su avance. Ya el pasado 27 de enero habíamos mencionado la advertencia (desoída) del Centro para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales del Imperial College de Londres: “A pesar de la decisión del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de no declarar una emergencia sanitaria pública internacional, esta epidemia representa una amenaza sanitaria mundial clara, y en evolución”.
La subestimación inicial por parte del Gobierno de China, la OMS y la gran mayoría de los demás gobiernos del mundo abrió las puertas al avance de la pandemia. Sin vacuna disponible, el bloqueo a la movilidad de bienes y personas vía cuarentenas es la única barrera frente al virus y el riesgo de colapso de los sistemas sanitarios de buena parte del mundo. Las consecuencias económicas del virus y de las cuarentenas son de manual: caída en la oferta de bienes en China, seguida de la baja en ese país del ingreso de importaciones del exterior. Luego, restricciones a la movilidad de personas en otros países, y caída de la oferta y de la demanda de bienes de todos los socios comerciales directos de China, y luego en todos sus socios comerciales.
El impacto negativo sobre la actividad y el empleo asoma como de una magnitud nunca vista, al menos desde la crisis de los años '30. El mundo entero enfrenta un shock de oferta negativo correlacionado con una inevitable caída de la demanda agregada. Los riesgos no son pocos: eventuales episodios de default de deudas privadas, despidos masivos, corridas de depósitos, quiebras bancarias, impagos de deuda pública, prácticas proteccionistas generalizadas, y la lista sigue?
Europa en particular viene registrando un notable aumento de afectados por el Covid-19 y cuarentenas, principalmente en Italia. Frente a un escenario de recesión inevitable, la semana pasada se conocieron varios programas de aumento de gasto público y créditos para auxiliar a pequeñas y medianas empresas por más de U$S 1,1 billón. El miércoles 18, el Banco Central Europeo (BCE) anunció la emisión de US$ 820.000 millones para compras de deuda pública y privada en el mercado primario, el llamado “Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)”. También se ha permitido a los bancos privados prestar un monto extra de U$S 2 billones. Luego, la Comisión Europea anunció subsidios a empresas de los países miembro sin aprobación previa de Bruselas, siguiendo un esquema ya utilizado en la crisis financiera de 2009.
El anuncio más relevante lo hizo el viernes la titular de la Comisión, Ursula Von der Leyen (foto): la activación de la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Previamente, la Comisión Europea aprobó un estudio en el que se afirma inequívocamente que “se cumplen las condiciones para activar la cláusula de escape general del marco fiscal comunitario”. Esta cláusula de escape se creó en 2011 para permitir aumentos de déficit fiscales y del endeudamiento público después que los países del bloque ajustaran sus políticas fiscales para señalizar su compromiso con el mantenimiento de la moneda única.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suscripto en 1997 establecía que, una vez adoptado el euro como moneda única, cada país miembro debía respetar (conforme al tratado de Maastricht de 1991), los límites de déficit fiscal (no superior a 3% del PIB del año financiero previo) y de deuda pública (no superior a 60% del PIB del año financiero anterior). La justificación básica era la de impedir el expansionismo fiscal discrecional y la consecuente presión al futuro BCE a emitir dinero sin límites para financiarlo, provocando inflación. Sin presiones deflacionarias a la vista en los años '90 no había gran disenso para crear una unión monetaria respaldada por límites a la expansión fiscal. Pero una vez adoptado el euro igualmente las principales economías del bloque europeo continuaron con grandes déficits fiscales. Más aún, a pocos años del lanzamiento del euro, el Pacto fue incumplido por los gobiernos de Francia, Alemania, Italia y Portugal. Desde entonces su cumplimiento fue irregular, de modo que la cláusula de escape creada durante la crisis griega tenía sentido.
Su aplicación en la emergencia actual apunta a liberar a los gobiernos europeos de toda restricción para proveer liquidez de corto plazo a las pymes y aumentar el gasto para la lucha contra el coronavirus por unos US$ 40.400 millones. En un video posteado en Twitter, von der Leyen sostuvo que “los gobiernos nacionales pueden inyectar en sus economías todo el dinero que necesiten (?) estamos relajando las normas presupuestarias para permitirles que lo hagan”.
Operativamente, la suspensión entró en vigencia anteayer con el voto unánime de los ministros de Finanzas de la eurozona. La misma no es incondicional: requiere que los programas de auxilio financiero oficial se apliquen sin poner en riesgo la sustentabilidad fiscal de los gobiernos.
A partir de ahora, la dominancia fiscal sobre la autoridad monetaria común será la regla, al menos mientras dure este flagelo y persista la amenaza de una espiral recesiva y deflacionaria permanente y no transitoria. Es de esperar, entonces, que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento continúe sin efecto hasta que se haya superado esta contingencia sanitaria.
Este giro hacia el keynesianismo pleno es inevitable, y difícilmente sea el único. Probablemente se sumen diversas medidas de mayor expansionismo fiscal y monetario. Una opción que tenderá a consolidarse en casi todo el mundo para aminorar la duración e intensidad de un derrumbe económico mundial, que bien podría ser la primera Gran Depresión del Siglo XXI.
