Juntos por el Cambio busca congelar salarios públicos más elevados por 180 días

30 de diciembre, 2019

massa negri

El viernes, Cristina Kirchner y Sergio Massa actuaron en tándem y los cuerpos que presiden (Cámara Alta y Cámara Baja, respectivamente) anunciaron la suspensión por seis meses de los aumentos “de cualquier carácter” de legisladores nacionales. Era algo que había solicitado Juntos por el Cambio y, además, un reclamo social que se había instalado luego de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Sobre todo, tras el no congelamiento de algunas pensiones especiales. Más allá del poco impacto fiscal de la medida, fue un gesto en sentido acertado.

 

“La emergencia nos exige gestos a todos los sectores. Por eso hemos decidido congelar por 180 días los sueldos y dietas de los legisladores y el personal político de las cámaras (…) Poner a la Argentina de pie depende de todos”, explicó Massa vía Twitter.

 

 

Ahora, los legisladores de Juntos por el Cambio van por más y hoy presentarán en la Mesa de Entradas de la Cámara Baja un proyecto de declaración solicitando que la resolución adoptada el viernes por el Congreso sea imitada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial, entes descentralizados de la administración pública nacional, empresas del Estado y bancos estatales y alcance así a todos los cargos de mayor responsabilidad de los tres poderes del Estado.

 

A su vez, en el mismo proyecto del interbloque Juntos por el Cambio se invitará a las provincias y municipios a adherir en el mismo sentido. “Hace falta que todos los sectores del Estado den las mismas señales si realmente se quiere buscar soluciones integrales para la Argentina”, coincidieron los diputados opositores.

 

Según datos oficiales, hay 3.216.500 empleados públicos registrados en Argentina. El dato es de octubre. A nivel interanual, el número creció 42.362. Contra octubre de 2015, además, subió en 119.778. Incluye a empleados nacionales, provinciales y municipales.

 

El oficialismo parece haber receptado el malhumor que generó la suba de impuestos, la dificultad para dolarizar los ahorros y la mencionada excepción de los regímenes especiales. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció, días atrás, que iban a revisar algunos gastos de “la política”, como los autos oficiales o la cantidad de asesores. Sin embargo, aún no hubo novedades.

 

Además, el propio Presidente extendió las sesiones extraordinarias del Congreso para que esos regímenes sean debatidos y, eventualmente, modificados.

 

Sin embargo, el Gobierno batallará la idea de que la política es una casta o una corporación que defiende sus propios intereses. Busca, así, evitar que se asiente un humor antipolítico.

 

“Me parece que hay una falsa imagen, que se piensa que los sueldos de la política son sueldos extraordinarios. Eso ya no es así. Son sueldos razonables. Obviamente son mejores sueldos que alguien que está pasándola muy mal o que cobra un salario mínimo (…) Siempre digo que estamos en democracia y el mal trato de la política afecta a la democracia. Los políticos somos ciudadanos que tenemos una tarea específica y, en mi caso, administrar el Estado”, dijo Alberto Fernández, días atrás, en declaraciones radiales y rechazó la idea de que hay “una casta política” que tenga “una condición de privilegio”. Sin embargo, reconoció: “Obviamente hay abusos, no voy a decir que no, y con esos abusos hay que terminar”. El jefe de Estado puso como ejemplos a los empleados públicos que cobran entre $150.000 y $200.000. “Es un delirio y el Estado no puede pagar como si estuvieran en la actividad privada”, agregó.

 

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Intendente ad honorem

 

El intendente del municipio de General Rodríguez, Mauro García (Frente de Todos), así como todos sus funcionarios políticos trabajarán ad honorem. “Esta medida solidaria de la dirigencia política del municipio es en respuesta a la difícil situación económica de General Rodríguez que supera los $40 millones de déficit”, indicaron desde la comuna mediante un comunicado. La decisión es provisoria y durará lo que tome estabilizar la situación fiscal municipal. “La deuda flotante del municipio asciende a los $300 millones y posee un déficit de cuenta corriente de $80 millones”, explicaron.