En los últimos meses, la política exterior de Argentina se tornó más confusa. A través de medidas y decisiones contradictorias, se ensayó un equilibrismo errático que afecta la consistencia del posicionamiento de Argentina en el tablero mundial, tanto para sus necesidades de corto plazo como para su estrategia de largo aliento.
La estrategia no es clara para ajenos ni propios (adonde se empiezan a escuchar algunos reparos). La búsqueda de equilibrio incluye a actores extranjeros naturalmente, pero también sectores internos de la heterogénea coalición del Frente de Todos (FdT).
Como en la economía, en las relaciones internacionales hay una “frazada corta” que afecta el juego diplomático de Argentina. En un contexto en el que el país necesita ayuda de jugadores relevantes para sortear sus numerosos problemas financieros.
El mejor ejemplo es (o sigue siendo, mejor dicho) el triángulo formado por Argentina, Venezuela y Estados Unidos. Con la vicepresidenta Cristina Fernández a la cabeza, un sector del kirchnerismo mantiene cierta simpatía ideológica (cada vez menos pública) con el régimen de Nicolás Maduro.
Más allá de esa afinidad subjetiva, en los hechos concretos, Argentina mantiene una suerte de “tercera posición”, casi en soledad con México, alejada del mainstrean regional y mundial de condena firme al régimen de Caracas.
El 24 de marzo pasado, el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, la Cancillería anunció que Argentina se retiraba del Grupo de Lima, creado en 2017 para presionar por una transición democrática en el país caribeño. En 2020 hubo vaivenes por el “informe Bachelet” de la ONU.
Esa postura es contradictoria con el discurso histórico de defensa de los derechos humanos de Argentina. Es uno de los pocos activos del “soft power” vernáculo, fruto de un doloroso aprendizaje tras un periodo oscuro.
“Desde 1983, los argentinos hemos recuperado la democracia y hemos mantenido una política de Estado en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Votaciones y posturas como las sostenidas por el Gobierno en los casos de Nicaragua, Venezuela y frente al conflicto de Medio Oriente marcan un giro de política exterior contrario al interés nacional y cuyas consecuencias se extenderán inexorablemente en el futuro”, concluyó un comunicado reciente del Club Político Argentino.
Otros analistas recuerdan un inicio de gestión distinto que incluyó, por ejemplo, una primera visita oficial a Israel.
La postura en Venezuela (y Nicaragua) puede complicar el apoyo que el país necesita de Estados Unidos para resolver el principal reto que enfrenta la economía: la deuda con el FMI.
Estados Unidos es, además de todo lo ya conocido, clave en el board del FMI y Argentina necesitará banca política para tener éxito en la negociación de un nuevo programa.
Es cierto: Maduro no sigue en el poder porque Argentina no lo condena ni Estados Unidos retaceará su apoyo en el FMI por eso. Pero son señales confusas y la posición parece poco comprensible. Más allá de la evidente ineficiencia del Grupo de Lima en lograr su objetivo, no queda claro cuál es el aporte diferencial de Argentina para la necesaria pacificación venezolana.
Si bien no pedirá dinero fresco en el FMI, su reclamo de estirar el calendario de vencimientos, bajar la tasa de interés y no ceder márgenes de acción en su política económica (es decir, pedir más de lo normal), no será fácil de lograr sin el apoyo del país que mueve los hilos en el board.
El “caso Venezuela” no es el único que muestra las inconsistencias de una política exterior loteada.
Las visiones
El Economista dialogó con cuatro expertos en relaciones internacionales para intentar contextualizar la estrategia del Gobierno.
Según el politólogo Ignacio Labaqui, en el caso de Venezuela, el accionar se explica “por la diversidad de posturas que hay dentro del Frente de Todos, donde coexisten visiones como las de (Sergio) Massa, más pro EE.UU., con la del embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, quien representa más bien al kirchnerismo duro, que es reacio a condenar a los regímenes autoritarios como Venezuela”. Así como el Gobierno está loteado entre las distintas facciones (incluso dentro de los mismos ministerios, como mostró el “caso Basualdo”), dice Labaqui, “lo mismo puede decirse de la política exterior”.
Esteban Actis, Doctor en Relaciones Internacionales, agregó que “la política exterior, como toda política pública, corresponde a una política más del Estado y, por ello, no está exenta de las tensiones que existen internamente”. En el caso del actual Gobierno, dice Actis, “la política exterior es una de las áreas donde más se ven las diferencias entre las coaliciones”.
“Esta atomización no es buena ya que no permite que haya una estrategia coherente entre orientación, objetivos y medios. Además, puede derivar en que actores externos se aprovechen de esta situación para maximizar sus intereses”, añadió.
Así como Venezuela, o Nicaragua más recientemente, alejan a la Casa Blanca y la Casa Rosada, hay varias partidas simultáneas en el tablero de la relación bilateral. Un caso en sentido contrario es la agenda del cambio climático, que ofrece una causa común entre ambos gobiernos. Se observa, además, un interés en tener un diálogo fluido con la administración de Joe Biden, que es correspondido por funcionarios del equipo del líder demócrata.
Según Labaqui, “el debilitamiento de la figura presidencial, tanto de cara a la sociedad, como en el seno de la coalición de Gobierno, tiene como resultado esta política exterior en la que no hay ni un mensaje claro hacia el resto del mundo, ni una voz unificada”.
La crisis de Nicaragua, donde el sandinismo encarceló a varios líderes opositores, también exhibe un ejemplo. A comienzos de junio, el secretario de Estado, Antony Blinken, llamó al canciller Felipe Solá para analizar una posible mediación de Argentina en el conflicto. Sin embargo, a los pocos días, Argentina se abstuvo en la OEA de condenar al presidente Daniel Ortega mientras que, desde suelo norteamericano, Massa expresaba que “ni en Nicaragua ni en ningún país de la región podemos tolerar presos políticos”.
Ayer, la propia Cancillería pareció caminar sobre sus propios pasos y citó, en tándem con México, a sus embajadores en Nicaragua “con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
Algo de fondo
Para el politólogo Julio Burdman, “el principal motivo de todas estas señales contradictorias es la debilidad del código geopolítico propio”.
“Si tu posicionamiento en política exterior es altamente dependiente de los vínculos internacionales que vas trazando y débilmente dependientes de tu propia línea permanente, básicamente tu política exterior es débil”, señala ante El Economista.
“Se hace cada vez más evidente que estamos haciendo un conjunto de opciones extremadamente guiadas por la observación del entorno internacional y poco formadas por lo propio. La impresión es que Argentina carece de una directriz clara, aunque esto no es un tema de este Gobierno. Tiene que ver con la historia reciente. Perdimos doctrina diplomática”, agregó.
En una línea similar, el vicepresidente del CARI, Francisco de Santibañes, explicó que “este tipo de cambios no corresponde solo a este Gobierno, sino a la dirigencia argentina en general, que no tiene en claro cuál debe ser la estrategia de política exterior. Esto genera que se cambien algunos lineamientos básicos entre gobiernos e incluso durante una misma gestión”.
