Dos horas después de que el Gobierno confirmara que enviaría los pliegos "para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación", la Oficina del Presidente anunció el nombre de sus dos postulantes.
Uno de ellos es el actual juez federal porteño Ariel Lijo, uno de los referentes en el fuero de instrucción de Comodoro Py. El otro es el jurista Manuel García-Mansilla.
La intención del Ejecutivo es que el juez Ariel Lijo cubra la vacante que existe desde que se jubiló, en 2021, la jueza Elena Highton de Nolasco. En el caso de García-Mansilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el Presidente lo propone por anticipado porque pretende que ocupe el lugar que dejará a fin de año el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre.
Una interpretación sobre la elección de los postulantes plantea que el Gobierno intenta tomar la iniciativa en el campo judicial, por donde se estima que, más temprano que tarde, pasarán muchas de sus iniciativas y decisiones políticas y económicas.
Las críticas
La Coalición Cívica y el radicalismo cuestionaron a Lijo por considerarlo parte de la "casta judicial", al tiempo que desde el kirchnerismo se limitaron a cuestionar la ausencia de una candidata mujer para el máximo tribunal de Justicia.
En ese marco, la Coalición Cívica anticipó que impugnará el pliego de Lijo cuando el Poder Ejecutivo lo remita al Senado para su aprobación.
"A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF", enfatizaron.
Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la propuesta al sostener que "es el único que tiene especialización en derecho penal y ha hecho carrera en el Poder Judicial".
Otra de las críticas realizadas a la decisión de Milei se vincula con la falta de equidad de género en la Corte Suprema.
Un detalle que destacan en los tribunales es que si Milei logra incorporar a Lijo y García-Mansilla, la Corte quedará con una conformación que no tendrá reemplazos en el corto plazo, al menos por jubilaciones.
Es que Horacio Rosatti tiene 67 años, Ricardo Lorenzetti 68 y Carlos Rosenkrantz 65. En tanto, Lijo tiene 55 años y García-Mansilla 53. Es decir, que faltarán siete años hasta que uno de los cortesanos se jubile y las chances de que ingrese una mujer serían muy pocas.
La decisión de no contemplar la equidad de género podría complicar el tratamiento de los pliegos en el Senado, donde casi la mitad de las bancas son ocupadas por mujeres. Hay 33 senadoras mujeres y 25 de ellas podrían bloquear la designación de cualquier integrante de la Corte, ya que requieren el voto de dos tercios.
El partido en el Senado
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son elegidos mediante un mecanismo indirecto: el Poder Ejecutivo selecciona y propone candidatos, y el Senado de la Nación presta acuerdo para su nombramiento.
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que se necesita una mayoría especial: dos tercios de los miembros de la Cámara Alta presentes tienen que dar su aval "en sesión pública, convocada al efecto". La mayoría agravada requerida deja en claro que la voluntad del constituyente es promover un acuerdo entre los distintos bloques que conforman el Senado.
Por eso, el verdadero partido se juega en el Senado, donde el poroteo deberá ser uno por uno tras la experiencia de una semana negra en la Cámara Alta. Como presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel tiene un nuevo desafío por delante.
La semana pasada, el Senado rechazó el rechazo del DNU 70/2023 de Javier Milei con 42 votos negativos, un número muy cercano al que se requiere para nombrar a los magistrados supremos.
Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro).
También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
La pregunta es si la oposición repetirá el escenario y generar el fracaso de la propuesta de La Libertad Avanza; o si el oficialismo logrará tejer acuerdos que permitan la supervivencia de la medida.
"En general, todos los gobiernos consultan al Senado antes de mandar pliegos para no 'emparrillar' a nadie. No es el caso de este Gobierno", indicó una senadora kirchnerista que hizo hincapié en la falta al cupo femenino y destacó: "Habrá que preguntarle al Gobierno por qué no cumple con la ley".
Desde el radicalismo plantearon que "habrá que empezar a hablar", y reconocieron que se trata de "una jugada riesgosa".
Una de las primeras referentes de la UCR en manifestarse sobre la decisión del Ejecutivo fue la diputada Carla Carrizo, cercana a Lousteau, quien criticó el hecho de que los nominados para completar el máximo tribunal de Justicia sean todos hombres. "Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: postule, como corresponde, una mujer a la Corte", subrayó a través de X.
