Tensiones
El presidente Javier Milei ha dispuesto la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom. De acuerdo a lo señalado en el decreto 89/24, dicha medida se tomó porque desde diciembre de 2020 se verificaron importantes decisiones adoptadas por el organismo que implicarían incumplimientos de las disposiciones legales vigentes. Paralelamente, se agregó que esas medidas motivaron numerosos conflictos judiciales.
En consecuencia, se indicó que a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resultaba necesario disponer la intervención del Enacom por el término de 180 días.
En dicho plazo, entre otras cosas, las nuevas autoridades deberán analizar las implicancias devenidas en el mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a partir del dictado del polémico decreto de necesidad y urgencia N° 690/20, que declaró servicio público, esencial y estratégico en competencia a los servicios de TIC.
En verdad, no se explica la razón por la cual el Gobierno de Milei aún no ha derogado esta norma tan contraria a sus principios.
Asimismo, en el decreto se establece que la intervención deberá determinar y redefinir los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables.
Por último, se dispone efectuar un exhaustivo análisis de las regulaciones vigentes, evaluando si las mismas devinieron obsoletas o si, por su contenido, demoran y dificultan el avance tecnológico, proponiendo, en su caso, las acciones necesarias para su actualización.
Más allá de las razones específicas que determinaron esta intervención del Emacom, el hecho preocupante es que la misma se inscribe en la cuestionable tradición nacional, que muestra a todos los presidentes constitucionales que ocuparon el poder desde 1983 en adelante interviniendo a los organismos del área de las comunicaciones.
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.285, sancionada por la dictadura militar en 1980, el Comité Federal de Radiodifusión, Comfer, estaba conformado por un directorio integrado por representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Secretaría de Información Pública, la Secretaría de Comunicaciones y por licenciatarios de las entidades de radio y televisión.
Desde luego, el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín no podía admitir la existencia de un organismo semejante para controlar el funcionamiento de las radios y canales de TV, por lo cual se decidió designar un Delegado Normalizador.
Posteriormente, el presidente Carlos Menem cambió la denominación del funcionario a cargo del organismo, categorizándolo como Interventor. Esa figura continuó durante las presidencias de Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y en el primer tramo de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta octubre de 2009, cuando la Ley 26.522 creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Social, Afsca.
Algo similar sucedió en materia de telecomunicaciones. La autoridad de control, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sufrió diferentes cambios institucionales entre su creación, en 1990, y 2014, cuando fue eliminada por la Ley 27.078. En primer lugar, modificó su propio nombre, ya que en 1997 pasó a denominarse Comisión Nacional de Comunicaciones.
Así también ocupó diferentes lugares dentro de la Administración Pública Nacional, tuvo diversos modelos de conducción y permaneció intervenida durante varios años.
En efecto, más allá de las diferentes transformaciones institucionales, el hecho cuestionable es que la Comisión Nacional de Comunicaciones estuvo intervenida más de 15 años, involucrando a las administraciones de Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner.
Este organismo, junto a la Secretaría de Comunicaciones, dejó de operar en 2014, con la sanción de la Ley 27.078, Argentina Digital, por la cual se creó la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aftic.
Por su parte, Mauricio Marci, a través del decreto 236/15, dispuso la intervención de la Afsca y la Aftic. Posteriormente, mediante el DNU 267/15, se creó el Ente Nacional de Comunicaciones, para intervenir en el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Como consecuencia de ello se eliminaron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Social y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Las sucesivas intervenciones y modificaciones institucionales permitieron a los gobiernos una relación más directa y discrecional con las empresas reguladas, sin la intermediación que suponen entes en donde tengan participación fuerzas legislativas opositoras, representantes provinciales y de entidades del sector y de usuarios y consumidores.
El hecho de que presidentes de signos políticos tan disímiles hayan coincidido en intervenir los organismos de control del área de las comunicaciones lleva a pensar en razones políticas e institucionales que conforman una lógica del ejercicio y control del poder, que no distinguen entre las distintas ideologías. Más aún, podría pensarse que se trata de una verdadera ideología del poder. Una política de Estado, que, lamentablemente en este caso, Milei decidió mantener.
