En medio de un malestar generalizado con la política y un incremento del voto en blanco y el ausentismo, fenómeno que se reflejó en las elecciones provinciales que ya tuvieron lugar, Argentina se encamina a las PASO.
Por estos días, una gran cantidad de artículos se centraron en analizar qué son las PASO, para qué sirven, cuál era su objetivo y, en general, las conclusiones soslayan una inminente necesidad de reforma.
Si a ello agregamos la inflación de precandidatos que tenemos en este año electoral, precandidatos que luego no superan el piso del 1,5% que exigen las PASO, sumado a que no todos los partidos que se presentan lo hacen con alternativas para el votante, es decir que, no hacen internas aunque haya internas.
Así, las PASO se convirtieron en una encuesta menos sesgada y menos arbitraria que las que circulan por los medios, pero no resolvieron el problema de la fragmentación partidaria ni de la participación ciudadana. Al contrario.
Como tantas otras reformas en Argentina, se realizan en el fragor de la noche y luego se analizan sus consecuencias. Ahí tenemos tantos institutos creados, incluso, por la Constitución Nacional de 1994, que nunca se han implementado (reforma de la coparticipación federal) y otros cuyos efectos todavía estamos estudiando (como la eliminación del Colegio Electoral en la elección presidencial o el tercer senador).
En un contexto inflacionario que el Gobierno no logra resolver y en el marco de nuestra tradición federal, en muchas provincias se votará seis veces en 2023: tres para primarias y tres para generales, correspondientes a los niveles nacional, provincial y municipal. La distancia entre el ciudadano total y la apatía se vuelve insostenible. El cuestionamiento está a la orden del día.
Por definición las PASO carecen de un mecanismo que obligue a los partidos a ir a internas. Si ello es así, una primera reforma podría no obligar a los partidos a presentarse si no presentan alternativas. Tal como están hoy las cosas, las precandidaturas para muchos pequeños partidos se convirtieron en pymes. La sobreoferta muestra un panorama incierto, pero mentiroso sobre las alternativas y la competencia. Los partidos tienen autonomía y, por tanto, no pueden ser obligados a presentar alternativas, entonces, podrían no presentarse e, incluso, de ser así, el Estado podría no financiar una campaña donde hay internas pero sin internas -sin internas, no hay financiamiento-.
La O de obligatorio debería ser no solo para el ciudadano.
La ausencia de rendición de cuentas y responsabilidades sigue siendo una cuenta pendiente en cuarenta años de democracia.
Esto no minimiza ni ignora que las elecciones competitivas y limpias son un elemento fundante de la democracia. Y que realizar elecciones cuesta plata, pero en este contexto, no se fortalece la democracia, al contrario.
Al mismo tiempo, las PASO no han reforzado el papel del ciudadano en la vida democrática. Los partidos siguen siendo los que tienen el poder en la definición de las listas, no los ciudadanos. Fortalecer la competencia para darle opciones al ciudadano, opciones reales, debería ser un objetivo de una clase política gastada y en decadencia. La ausencia de renovación, el pase de cargos y distritos, la repetición de nombres y familias, esa alergia argentina a la libre competencia, distancia a la política de la ciudadanía y nos deja huérfanos.
Ni hablar de aquellas provincias que han incorporado la Ley de Lemas en sus elecciones provinciales que no es sino una forma de burlar la preferencia del elector.
Quizás sea más sencillo promover una reforma en la que solo se presenten los candidatos a presidente, de forma tal que, superada la interna, el ganador pueda ofrecer el lugar de vice al precandidato que resultó perdedor. También como espacio y oportunidad para -si fuera el caso- formar una coalición más amplia.
Como cualquier reforma, tiene efectos que benefician a unos y perjudican a otros, quizás sea momento en que la política argentina de señales de atender los pedidos de los ciudadanos.
