El Gobierno sufrió una fuerte derrota en el Congreso y la Ley Ómnibus, tal fue concebida inicialmente, quedó archivada. Es una mala noticia para Javier Milei, pero no lo es para un adecuado funcionamiento del sistema político.
Lo que empezó mal terminó mal. Desde un comienzo la Ley Ómnibus era un despropósito. En un breve período de sesiones ordinarias se pretendía modificar una enorme cantidad de leyes sancionadas a lo largo de muchos años. Por otra parte, mezclaba temas diversos, muchos de los cuales, al igual que varios incluidos en el DNU, no necesitaban un tratamiento urgente.
Todo partió de un diagnóstico equivocado que era suponer que el abultado triunfo obtenido en el balotaje convertía al Presidente en el único actor con legitimidad política. Pero también la tienen los diputados, los senadores y los gobernadores que fueron elegidos para defender los intereses de sus provincias.
Además, el capítulo fiscal, el más relevante frente a la delicada situación económica, fue eliminado.
En el nuevo escenario se abren para el Gobierno dos caminos.
Uno es profundizar la confrontación con otros sectores políticos, que pareció ser la primera reacción con una serie de tuits desafortunados del Presidente. Llegó al extremo de hacerse un suerte de escrache institucional señalando a los diputados que "habían votado en contra del pueblo". Inaceptable en democracia.
El otro camino es dividir lo que fue la Ley Ómnibus en distintos proyectos y enviarlos para su tratamiento en el Congreso dándole prioridad a aquellos más vinculados a la situación económica. Y aceptar que en democracia hay que trabajar en la búsqueda de acuerdos. El oficialismo sólo lo hizo tibiamente en esta instancia, y así le fue.
La primera reacción de los mercados será negativa por el fracaso del Gobierno, pero una lectura más serena debería llevar a una lectura positiva de lo ocurrido en el Congreso.
En definitiva se observó un funcionamiento institucional a pleno y surgió una demanda por la búsqueda de acuerdos que deje atrás un debate público exasperado. Este martes a la noche el país quedó más cerca, y no más lejos, de las tantas veces reclamada seguridad jurídica.
Por otra parte, el Gobierno podrá seguir aplicando las medidas económicas que considere pertinentes como se está observando en estos días. Ni sus aciertos ni sus errores en ese terreno serán responsabilidad del Congreso.
