Algo vincula a los satélites de órbita baja con la nota presentada este miércoles en mesa de entradas por un conjunto de senadores solicitando una reunión especial: el decreto de necesidad y urgencia 70/23.
En efecto, el Ente Nacional de Comunicaciones acaba de autorizar a las empresas OneWeb, Starlink y Amazon Kuiper a ofrecer el servicio de Internet mediante la tecnología satelital.
El desarrollo de este emprendimiento tendrá como marco institucional el nuevo escenario creado por las disposiciones contenidas en el señalado DNU. Norma que podría ser derogada en la sesión solicitada por nueve legisladores de diferentes bloques políticos
De acuerdo a lo señalado por las autoridades del Enacom, esta medida abre un camino de apertura tecnológica con mayor cantidad de alternativas para conectar a todas las personas y empresas que operan en el país aún en lugares remotos, generando una mayor competencia entre los distintos actores del mercado.
Efectivamente, una de las principales ventajas de Internet satelital es su capacidad para proporcionar conectividad en áreas donde otras tecnologías de banda ancha no están fácilmente disponibles, como las áreas rurales o pequeños pueblos.
Starlink, la empresa de Elon Musk, apuesta fundamentalmente a este segmento del mercado, brindando el servicio de Internet en zonas alejadas, en donde virtualmente no existe competencia.
Para ello se vale de una red de satélites de órbita baja que se encuentran a 550 kilómetros de la tierra, mientras que la mayoría de los otros satélites están a 35.000 kilómetros. Esta cercanía posibilita una conexión más rápida, que prescinde de una infraestructura costosa, como torres y cableado. Solo se requiere un pequeño equipo receptor, similar al que se utiliza en la TV satelital. Algo similar intentarán hacer, más adelante, Amazon Kuiper y OneWeb.
El desarrollo de este negocio cuenta con las nuevas reglas aportadas por el DNU 70/23. Al respecto, cabe recordar que cuando fue anunciado este decreto, el Presidente Javier Milei afirmó expresamente la intención de desregular "los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink".
Para alcanzar este objetivo se realizaron un conjunto de modificaciones a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y Argentina Digital 27.078.
En esa orientación, se dejaron sin efecto restricciones a la multiplicidad de licencias y a la prestación de diferentes servicios. Paralelamente se modificó la definición y el alcance de distintas prestaciones con la intención de abrir los mercados comunicacionales.
Finalmente, se consagró la libertad en la provisión de servicios satelitales y sólo se exigió el registro para su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias sobre otros sistemas. Cabe recordar que el texto anterior disponía que la prestación de facilidades satelitales para la operación en la Argentina requería la correspondiente autorización del Ministerio de Comunicaciones. En síntesis, la nueva normativa establece un sistema de singular apertura en materia de facilidades satelitales.
La pregunta que cabe formularse es qué sucederá con este escenario institucional si se deroga el DNU 70/23.
Por lo pronto, la solicitud de un conjunto de senadores de tratar esa norma podría conducir a su rechazo, si se suman a los 33 miembros de Unión por la Patria.
Al respecto, hay que tener presente que la nota fue firmada por los miembros del bloque Unidad Federal: Carlos "Camau" Espínola, Edgardo Kueider, y Alejandra Vigo y por otros senadores que responden directamente a sus gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia Misionero; José María Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz; y Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro. Además, firmó el pedido el radical fueguino Pablo Blanco.
No resulta fácil saber qué sucederá con el DNU. No obstante, si alguna certeza existe es que el mercado de las comunicaciones requiere costosas inversiones a largo plazo; lo que demanda previsibilidad jurídica y reglas claras. Precisamente, todo lo contrario a un decreto de necesidad y urgencia.
