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Análisis

El 2024 sería el año para una reforma política pero, ¿está dado el contexto para hacerlo?

Miguel De Luca y Carolina Tchintian explicaron las ventajas del corriente año para llevar a cabo una reforma electoral y analizaron los efectos de los cambios propuestos en la fallida Ley Ómnibus de Milei

El presidente Javier Milei
El presidente Javier Milei
29 febrero de 2024

Este 1° de marzo tendrá la apertura de la 142° Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación que, tal como establece la Constitución, durarán hasta el 30 de noviembre. 

En este período, La Libertad Avanza buscará insistir con algunas de las reformas propuestas en la fallida "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que no logró atravesar el debate en la Cámara Baja. 

Si bien el presidente Javier Milei insiste en que no necesita del Poder Legislativo para aprobar las reformas que busca llevar adelante su Gobierno, no todas sus propuestas pueden realizarse a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. 

En ese sentido, la reforma política deberá ser formulada como un proyecto de ley y deberá ser debatida en ambas cámaras, cumpliendo con el procedimiento legislativo normal. 

El Gobierno ya sufrió un primer revés con la caída de la denominada Ley Ómnibus, que dejó en evidencia la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza. El Presidente adelantó que "es difícil" aprobar las reformas con la composición actual del Congreso, por lo que podría esperar a la renovación de las bancas (confiando en el éxito electoral) para insistir con sus iniciativas. 

Sin embargo, el momento para llevar a cabo una reforma política es este año, dado que no corresponde cambiar las reglas de juego en pleno período electoral. 

¿Por qué este año?

La investigadora principal de Instituciones Políticas de Cippec, Carolina Tchintian, explicó que "lo importante de las reglas es que den certeza a competidores y a votantes".

"La claridad de las reglas de juego es un valor que no debe ser vulnerado. Un cambio de reglas en año electoral puede redundar, por ejemplo, en votantes poco informados, y desconfianza de parte de votantes y competidores", subrayó. 

Además, señaló que "los cambios en las reglas electorales requieren mayorías especiales y eso involucra el consenso entre diferentes partidos: es complejo conseguir puntos de acuerdo entre partidos mientras compiten por el mismo cargo, que además son quienes cambian las reglas".

A pesar de que el 2024 cuenta con esa característica, Miguel De Luca, politólogo especialista en partidos políticos e instituciones de gobierno, estimó que el "escenario no es favorable para las iniciativas del Gobierno: está en minoría en ambas cámaras, no ha mostrado voluntad de acordar y los cambios propuestos perjudican notoriamente a los partidos tradicionales".

Los cambios prioritarios

El analista señaló como prioridades en la eventual reforma política la "modificación del reglamento de las para desincentivar la ruptura de las bancadas partidarias y la ley de partidos para elevar los umbrales para el reconocimiento de partidos y el mantenimiento de su personería".

En tanto, a nivel provincial, el foco, según De Luca, debería estar en la "derogación de la Ley de Lemas", que hoy rige, con diferencias, en Santa Cruz, Formosa, Misiones, Tucumán, San Juan y San Luis.

Por su parte, Tchintian recordó que Cippec "alienta la discusión sobre la manera en la que se vota y promueve la adopción de la Boleta Única de Papel", que ya fue debatida en el Congreso, incluso con la participación de expertos en la instancia en Diputados.

"Hay una oportunidad de adoptar la boleta única papel y mejorar aspectos claves como la equidad en la competencia y el acceso al sufragio y sería interesante poder aprovecharlo", dijo la investigadora. 

Tchintian mencionó tres beneficios de la implementación de la BUP. Primero, "mejora la experiencia de votar, esto es, de traducir fácilmente preferencias en un voto válido". En segundo lugar, destacó "el acceso uniforme a la experiencia sin importar las preferencias o lugar de votación". 

Y por último, explicó que "dado que quien carga con la responsabilidad de asegurar esa experiencia es el Estado, cada persona puede concurrir al centro de votación sabiendo que la boleta que recibirá al momento de votar tiene la oferta electoral completa, que fue diseñada por la autoridad electoral y que aplicó los mismos criterios de diseño y presentación de la oferta para todas las listas por igual".

Las reformas de LLA

Entre las reformas propuestas por Milei en la Ley Ómnibus, se encontraba la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Al respecto, la investigadora del Cippec consideró que debe encontrarse una "alternativa consensuada que consolide los avances logrados por las PASO y al mismo tiempo garantice un mejor cumplimiento de las premisas que le dieron origen".

Planteó que su derogación implicaría "retroceder en la existencia de un espacio para dirimir internas de manera más democrática entre partidos y ordenar la oferta electoral a través de la construcción de opciones más claras para los votantes".

Por eso, Cippec propone mantener las PASO e incorporar medidas que reduzcan sus efectos no esperados, "tales como la posibilidad de integrar la fórmula presidencial luego de las primarias o reducir la extensión del período electoral".

Otra opción es la de "minimizar algunos aspectos que suelen criticarse, por ejemplo: que sigan siendo obligatorias para las agrupaciones políticas pero optativas para la ciudadanía". 

Milei también propuso modificar el sistema de financiamiento político que rige hoy a fin de "transparentar los mecanismos de asignación de fondos existentes". 

De Luca no coincidió con esa lectura y advirtió que "los principales perjudicados serían los ciudadanos en general, porque el dinero y no el voto popular pasaría a ser más influyente sobre el comportamiento de los representantes electos".

En coincidencia, Tchintian explicó que eliminar los dispositivos con los que cuenta la actual ley de financiamiento nacional, tales como los topes al aporte privado, los límites a los gastos de campaña o la distribución de aportes públicos, "implica un retroceso en términos de equidad".

"Para reforzar la transparencia, en cambio, es clave el control. Desde Cippec proponemos incentivar rendiciones más realistas solicitando instancias de reporte durante la campaña", agregó. 

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