Por Julián Doyle
El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial en Argentina, cuyo proyecto ya tiene media sanción en el Congreso, permitirá generar al menos 10.000 puestos de trabajo en todo el país en el corto plazo, según estimaciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Aun debe ser discutida en la Cámara de Diputados para convertirse en ley y oficiar de puntapié para el sector.
Germán Herrera Bartis es economista y se desempeña como docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), y participó en el equipo que elaboró el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal y de investigación científica.
¿Cuáles son las tendencias que más lo entusiasman sobre la industria del cannabis?
Me entusiasma asistir al nacimiento de un nuevo sector productivo. No es algo común para un economista dedicado al análisis del desarrollo productivo poder observar, y de algún modo participar, en las etapas inaugurales de una industria naciente. En realidad, debería hablarse del nacimiento, no de una industria, sino de varias subcadenas con características muy diferentes entre sí pero que comparten un buen potencial para ir ganando escala y volumen de negocios si se adoptan los pasos regulatorios adecuados.
En relación a las subcadenas que menciona, ¿cuál ve con mayor atención?
En particular, estoy expectante frente a las potencialidades que se abren en la cadena del cáñamo industrial. El cáñamo es un cultivo con características y propiedades interesantes y con buenas prestaciones en varias aplicaciones industriales. Además, el desarrollo de una cadena cañamera doméstica articularía muy bien con la “agenda productiva verde” que inevitablemente va a ir ganando cada vez más protagonismo en Argentina, tal como lo viene haciendo en el mundo. Ya existen algunas experiencias pioneras en el mundo donde el cáñamo se transforma en bioplástico o en insumo para la construcción, sustituyendo al concreto tradicional. También están los usos más conocidos, en las confecciones textiles y los derivados alimenticios. Obviamente esto no va a surgir por generación espontánea sino que habría que promoverlo con políticas activas, pero las oportunidades latentes son significativas.
¿Qué perspectivas se abrirán tras la sanción de la ley en Argentina?
Creo que la aprobación de la ley sería un hito muy importante pero, al mismo tiempo, hay que ser cautos –o realistas– y tener claro que el desarrollo del sector será gradual, como ocurre en toda actividad naciente y con un grado significativo de regulación. A nivel mundial, los emprendedores del sector están en una fase de aprendizaje. Esto ocurre tanto en el segmento del cannabis medicinal como en el del cáñamo industrial. También los Estados están aprendiendo a regular y promover el sector. Y el entorno CyT está experimentando e investigando sobre las características, las propiedades y las aplicaciones de los componentes de la planta. El hecho de que todos estos actores estén recorriendo la fase ascendente de la curva de aprendizaje sectorial no es para nada una limitación sino una oportunidad para Argentina, pero a la vez requiere ser pacientes y no esperar una revolución productiva de la noche a la mañana.
Uno de los grandes obstáculos para “meterse” en este negocio son los desafíos bancarios y financieros que enfrenta la industria. El cannabis es una de las industrias más reguladas y el cumplimiento específico en cada país es complejo. Incluso en EE.UU. cada estado tiene una regulación diferente. ¿Podría ocurrir lo mismo en Argentina con cada provincia?
La principal limitación bancaria proviene de la legislación de Estados Unidos, donde el cannabis aún figura como una sustancia prohibida en la “lista 1” de la DEA. La “lista 1” reúne a las drogas más nocivas, sin ningún uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso. La DEA es una agencia de alcance federal, lo cual hace que los bancos, preventivamente, no quieran tener ningún tipo de operatoria con las empresas y los negocios vinculados a la producción legítima y regulada del cannabis, incluso en aquellos estados subnacionales donde esos negocios son hoy totalmente legales. Hace años que se impulsa una ley federal, llamada Safe Banking Act, para solucionar el tema pero no logra ser aprobada en el Senado. Yo no veo que pueda producirse una situación análoga en la Argentina. El proyecto de ley del Ejecutivo, que tiene ya media sanción en el Senado, modifica parcialmente la definición de “estupefacientes” incluida en el Código Penal. Es decir, de aprobarse la nueva legislación, la producción y comercialización del cannabis y sus derivados –en los términos y objetivos específicos allí autorizados– dejarían de ser considerados un estupefaciente sujeto al Código Penal en todo el ámbito territorial de la Argentina. No veo, entonces, un horizonte de desajustes o conflictos de tipo Nación-provincias en la órbita financiera ni penal, como ocurre hoy en Estados Unidos.
Otro de los desafíos son los recursos humanos. ¿Hacen falta más carreras o especializaciones que giren en torno al cultivo y el negocio del cáñamo?
Eso es difícil de anticipar. En la actualidad empiezan a surgir las primeras experiencias universitarias de formación, como la de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, la nueva diplomatura de la Universidad Nacional de Rosario u otra iniciativa en marcha del Conicet, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En general, están dirigidas a médicos, químicos y farmacéuticos y buscan promover la información sobre usos terapéuticos. Por otro lado, en el plano productivo hoy hay mucho aprendizaje no institucionalizado entre los recursos humanos del sector, mucho ensayo empírico de tipo “prueba y error”. Eso viene sucediendo tanto en los intentos de estandarización de genéticas, elección de quimiotipos y procesos de clonación, en lo referido al desarrollo y adaptabilidad de los cultivos, y también en todo lo que hace a los usos y aplicaciones de los productos, no solo en el segmento terapéutico sino también en las funcionalidades industriales del cáñamo. Muchos actores te cuentan, por ejemplo, que prueban y experimentan de forma casi artesanal la adaptabilidad y las prestaciones de los materiales. Pero todo esto puede cambiar a futuro si las distintas subcadenas ganan escala y volumen de negocios. En ese caso, es posible que comience a verse una mayor institucionalización en las metodologías de formación de los recursos humanos vinculados a la producción de cannabis y a los servicios intermedios que asisten a la actividad.
¿Hay un plan B si se vuelve a posponer el tratamiento de la ley en Diputados?
Bueno, eso en todo caso lo deberán definir las autoridades correspondientes involucradas con el tema. A mí me parece que la sanción de la ley es imprescindible para ordenar el panorama que hoy existe y para darle certeza regulatoria a los nuevos proyectos que están a la espera de un nuevo marco normativo. Si lo que se quiere hacer es un desarrollo serio, articulado y riguroso del sector, basado en criterios de trazabilidad de procesos y estándares técnicos adecuados para la elaboración de los productos, no veo que exista un plan B frente a este proyecto de ley que ya cuenta con media sanción.
¿Qué proyectos puede destacar que se están iniciando en Argentina, o ya tienen cierto grado de desarrollo, como el caso de Cannava?
Hoy hay unas cuantas iniciativas existentes, de escala limitada y desarticuladas entre sí, que avanzaron con lo poco que había en términos normativos, es decir, con la ley 27.350 que acaba de cumplir cinco años de promulgada. Algunas son de escala experimental o de laboratorio, con participación de las universidades y el Conicet. Otras tienen una mayor dimensión conseguida sobre todo al amparo de sociedades estatales provinciales, como los casos de Canme en San Juan, Agrogenética Riojana o Cannava en Jujuy. Por lo que tengo entendido, el caso de Cannava es el que más ha avanzado y, de hecho, hoy ya producen un aceite de cannabidiol (CBD) que se vende en las farmacias de la provincia y que, a diferencia de los dos que aprobó Anmat a nivel nacional, está hecho con la materia prima de los propios cultivos de la empresa. Es decir, aún con las limitaciones e imprecisiones de la normativa hoy vigente, lograron promover un proceso de integración vertical desde el cultivo hasta el aceite en las farmacias. Eso me parece interesante. Está claro que estas iniciativas, que ya tienen un recorrido, podrían escalar considerablemente si la normativa fuera más clara y proclive a impulsar el desarrollo productivo sectorial.
