Luis Lacalle Pou
En parte por la sequía, que también está afectando a Argentina, la economía uruguaya entró en una fase de desaceleración: después de haber crecido en torno a 5% en 2022, las autoridades ahora prevén una expansión de un modesto 2% para 2023.
Esa proyección revisada a la baja -desde el 3% que estimaban a mediados de 2022, muy cercana al crecimiento potencial de largo plazo- fue comunicada este miércoles por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en una presentación que se hace en cada febrero desde que el actual gobierno adoptó una nueva regla estableciendo parámetros para la gestión fiscal.
De todos modos, su balance del año fue de conformidad y dijo que Uruguay registró una "muy significativa actividad económica" y que tiene un "mercado laboral fuerte" en el cual se crearon 40.000 empleos y se empezó a recomponer el poder adquisitivo salarial perdido durante la pandemia de Covid-19.
Arbeleche reconoció que, hoy, hacer proyecciones acerca del nivel de actividad para 2023 es "sumamente difícil" porque hay "incertidumbre por la sequía". Pero "el país sigue creciendo", subrayó.
Una estimación preliminar del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con números hasta fin de enero cuantificó en cerca de US$ 1.200 millones las pérdidas directas para el agro derivadas de un déficit hídrico que lleva varios meses. El PIB anual de Uruguay ronda los US$ 66.000 millones.
La revisión a la baja de la proyección de crecimiento en un punto porcentual para este año comunicado por las autoridades económicas orientales tiene varias explicaciones. Se desaceleró la expansión económica global, se "afinó el impacto del cierre programado de la refinería" de petróleo de la estatal Ancap para su puesta a punto y "más recientemente se agregó el impacto de la sequía", sostuvo la directora de Política Económica del Ministerio de Economía, Marcela Bensión.
Arbeleche destacó que el déficit anual en las cuentas públicas bajó a fin del año pasado al equivalente a 3,2% del PIB, considerando solo al gobierno central y la asistencia a la seguridad social así como ciertos ingresos extraordinarios. La funcionaria no mencionó el ligero deterioro en las cuentas públicas registrado en el último tramo del año pasado, cuando la recaudación impositiva empezó a resentirse.
Según la ministra, la situación fiscal de Uruguay es "cómoda". También destacó la reducción del peso de la deuda soberana (a 53,3% del PIB en el caso de la deuda neta, descontados los activos de reserva), su calificación de 'investment grade' y el nivel de "riesgo país" mínimo en la región.
Aseguró que todo esto le permite al gobierno dar apoyo a los productores rurales impactados por la sequía y también cumplir con la promesa electoral de dar alivios tributarios a trabajadores activos y pasivos sobre sus rentas. En su presentación ratificó que los detalles de esa rebaja impositiva serán anunciados en marzo por Luis Lacalle Pou, cuando el presidente inicie el cuarto de sus cinco años de mandato.
En momentos en que los distintos partidos políticos orientales -posicionados en dos grandes bloques ubicados a la centroderecha, hoy en el gobierno, y la centroizquierda- empiezan a calentar motores y a definir candidaturas rumbo a las elecciones generales del 2024, algunos analistas ven en la actual fase de desaceleración de la economía un factor de tensión.
"No hay mucho margen para promover una expansión fiscal este año si se respeta el nuevo marco institucional para la gestión de las finanzas públicas y/o no se quiere comprometer la consolidación fiscal realizada", opina Gabriel Oddone, socio de la consultora CPA/Ferrere. Así, para él, este año "el debate en torno a la política fiscal cobrará vigencia", poniendo a "prueba la solidez y el respaldo político a la institucionalidad fiscal", a la vez que "tensionará" a los miembros de la coalición de cinco partidos que lidera Lacalle Pou en medio del "dilema entre colaborar o distanciarse de la consolidación fiscal".
