Por Héctor Rubini (*)
La pandemia del Covid-19 empeoró la situación de varios países que ya en 2019 venían bastante mal. Un caso es el de Líbano, que en octubre de 2019 registró protestas por la suba del costo de vida, y la crisis cambiaria y bancaria. El escenario económico y político no registró mejoras sustanciales, y a esto se sumó la voladura del puerto de Beirut de agosto pasado, una nueva desgracia que complicó severamente al gobierno y la vida misma del país en plena pandemia.
La economía no mejoró, y la investigación judicial de la explosión en Beirut pareció sufrir demoras que indignaron a familiares de varios fallecidos en ese episodio. En febrero comenzaron protestas pidiendo la remoción del juez a cargo de la causa, y en las dos semanas de este mes se sumaron otras manifestaciones en contra de la administración por la aceleración de la inflación, que además viene acompañada por la creciente brecha cambiaria. Un subproducto de la crisis de 2019 que ha llevado a la existencia de seis tipos de cambio, si bien los dos básicos de referencia son el tipo de cambio oficial (fijo desde 1997) de 1.507,5 libras libanesas por dólar (para subsidiar importaciones), y el del mercado negro, que luego de oscilar en torno de 8.000 libras el año pasado, comenzó a crecer rápidamente desde enero, alcanzando el lunes pasado las 11.000 libras. Luego se estabilizó, pero con un piso de 10.000 libras. Un resultado más que predecible (al menos desde Argentina) por las severas medidas aplicadas por el Gobierno para reprimir a cambistas callejeros y bloquear o prohibir plataformas online para la compra de dólares y otras monedas extranjeras en circuitos paralelos a los oficiales.
Esta brecha ha reavivado las presiones inflacionarias, que a su vez han disparado las protestas callejeras de las últimas dos semanas. El país se encuentra en hiperinflación. El Índice de Precios al Consumidor creció 4.321% en 2017, 6.077% en 2019 y 3.005% en 2019. La escasez de bienes, la creciente inseguridad y los mercados paralelos, ya no limitados al mercado de divisas, han llevado a discrepancias entre las cifras oficiales y privadas sobre la inflación en Líbano en 2020. Los números oficiales a diciembre parecían converger en 2020 a una inflación interanual de 148%, pero diversas estimaciones de bancos y consultoras locales y del exterior estimaban una cifra en torno de 250%. Este año no arrancó nada mejor, con una inflación acumulada en enero y febrero que ya habría superado el 260%, y no son pocos los que prevén una aceleración hacia otro 400% adicional en marzo y abril.
El país depende fundamentalmente de la importación de gran parte de sus bienes de consumo y de capital. Las subas de precios y del tipo de cambio han empobrecido a la población, y en varias regiones del país asoma el fantasma de escaseces de todo tipo de productos, incluyendo el riesgo cierto de hambrunas que tornarían explosivo el escenario político. El gobierno, en ese sentido no cuenta con recursos suficientes ni credibilidad para sostener y recuperar las reservas del banco central, y reducir el gasto público corriente, fundamentalmente en subsidios.
El viernes pasado, el Parlamento inició el debate sobre la conveniencia de aceptar o no un préstamo del Banco Mundial de U$S 246 millones, para mejorar el escenario actual. El ministro de Energía Raymond Ghajar advirtió el martes que el país se quedará sin divisas a fin de marzo para importar el combustible necesario para alimentar las usinas eléctricas locales, de modo que en abril el país podría sufrir un apagón generalizado por tiempo indeterminado. Líbano tendría por ahora asegurado el envío (ya pagado) de 500.000 toneladas de combustibles desde Irak para abastecer a su sistema de generación eléctrica, pero para evitar cortes de energía en abril necesita el doble, un millón de toneladas.
De dónde obtener los recursos, es algo que sigue sin resolverse. El contexto político sigue siendo inestable, y desde agosto pasado el primer ministro Saad Hariri enfrenta un escenario político fragmentado entre distintas facciones enfrentadas que impiden formar un nuevo gobierno. Y sin ese paso político fundamental (que implicaría alguna forma de acuerdo con el grupo Hezbollah, aliado de Irán), no puede reestructurar su deuda externa (U$S 90.000 millones, ni negociar nuevos créditos del FMI, u otras fuentes multilaterales.
Después de defaultear un año atrás los eurobonos el gobierno había ofrecido al FMI un esbozo de reestructuración con quitas para reestructurar la deuda pública total y reducir el ratio deuda/PIB de 175% en 2019 a 89$ en 2027, con pérdidas para tenedores extranjeros y locales (fundamentalmente los bancos). La Asociación de Bancos del Líbano rechazó dicha propuesta y promovió una alternativa de ventas de activos estatales por unos U$S 40.000 millones para cancelar la deuda del Tesoro con el banco central y los acreedores locales.
Si bien el FMI había dado el visto bueno al programa original, las negociaciones quedaron en la nada desde agosto pasado. Sin embargo, aparece aquí otro problema que es la falta de transparencia del banco central libanés: la negativa a entregar documentación mínima a la firma de auditoría Alvarez & Marsal forzó a esta a rescindir su contrato con la autoridad monetaria libanesa. Esta última invocó en ese sentido una ley de secreto bancario, pero el Parlamento había levantado temporariamente el secreto sobre las cuentas de todas las agencias públicas.
Para complicar más las cosas, el titular del banco central se encuentra bajo investigaciones judiciales por supuestas irregularidades en el manejo de la política cambiaria, además de acusaciones en Suiza por desvíos de fondos y lavado de dinero. Resultado obvio: la credibilidad en las publicaciones de los activos en moneda extranjera de la autoridad monetaria es mínima
La situación del país asiático se encuentra, claramente, al filo de una crisis explosiva. Según observadores y bancos extranjeros, las reservas líquidas propias del banco central no superarían los U$S 2.000 millones, monto equivalente sólo 6 meses de importaciones. Las perspectivas para este año no serían de una recuperación económica sino de una caída en torno de 5%-6%, luego de un derrumbe del PIB de aproximadamente 25% el año pasado.
Una situación no muy diferente al preludio de la catástrofe venezolana de los últimos años. Si Líbano será o no la próxima Venezuela, es algo que probablemente se defina en los próximos 60-90 días.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
