Un nuevo año acaba de comenzar y, al igual que viene sucediendo desde hace un tiempo, los gobernantes latinoamericanos enfrentarán tiempos turbulentos.
En el caso de Chile, tras un nuevo rechazo para adoptar una nueva Constitución, se espera que el presidente, Gabriel Boric, tenga que afrontar importantes dificultades a la hora de avanzar con su agenda de reformas.
Actualmente, la imagen positiva de Boric ronda en un pobre 33%, a lo que se suma la falta de mayorías en el Congreso. Por ello, su capacidad para impulsar reformas se encuentra seriamente condicionada.
En diciembre, la administración introdujo algunas modificaciones a su propuesta de reforma de las pensiones, destinadas a impulsar las pensiones bajas, incluyendo cambios en el uso de una nueva contribución patronal (equivalente al 6% del salario del empleado).
Sin embargo, Boric tendrá que permitir que una proporción mayor de la nueva contribución del empleador vaya a cuentas individuales para asegurar los votos de los legisladores de la oposición.
La administración del actual presidente también presentará una serie de proyectos de ley que forman parte de un "pacto fiscal", pero, aunque Boric probablemente consiga la aprobación de algunas medidas, incluidas aquellas destinadas a acelerar los permisos y combatir la evasión fiscal, es poco probable que obtenga suficiente apoyo para aumentar los impuestos.
En cuanto a Colombia, también es poco probable que el presidente, Gustavo Petro, cumpla con su propuesta de reforma fiscal.
En diciembre, Petro había planteado la posibilidad de revisar la reforma aprobada en 2022 para reducir los impuestos a las empresas y aumentarlos para las personas con altos ingresos. Los comentarios de Petro coincidieron con un aumento del 12% en el salario mínimo decretado por el gobierno.
Petro dijo que su propuesta permitiría a Colombia tener una estructura tributaria similar a la de otros países y beneficiar a las empresas sin impactar negativamente en las finanzas del gobierno.
De todos modos, resulta dudoso que cumpla con sus comentarios, ya que reducir los impuestos sobre la renta de las empresas tendría un impacto significativo en los ingresos estatales que sería difícil de compensar.
