Por segunda vez desde que llegó al poder, allá por marzo de 2022, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió una propuesta constitucional que busca remplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El Consejo Constitucional le entregó el texto en el que ha trabajado los últimos meses a Boric, quien consideró que "los chilenos deberán decidir si esta es una propuesta que nos une".
Ahora, el documento, con tintes de derecha, se someterá a un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre, aunque aún es muy difícil predecir si será aprobado o no por la ciudadanía.
El primer proceso, dominado por la izquierda, terminó en un rotundo fracaso luego de que, en septiembre de 2022, el 62% de la población lo rechazara. En este sentido, según los sondeos, los votantes también rechazarían esta nueva propuesta.
Pero, a diferencia del proceso anterior de la Convención Constitucional, este nuevo intento fue llevado a cabo de manera mucho más discreta, con una ciudadanía desinteresada.
En relación con esto, Boric señaló que cada ciudadano "tendrá que ponderar de qué manera este texto constitucional permitirá abordar los grandes temas de Chile, los desafíos que tenemos en materia de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, de seguridad social, de medio ambiente, los avances en los derechos de las mujeres, el modelo de desarrollo, los recursos naturales, la institucionalidad política, el fortalecimiento de nuestra democracia, la integración de nuestra diversidad cultural".
Aunque Boric ha intentado no desvelar su postura, el mandatario no comparte muchas de las visiones de derecha que refleja el nuevo proyecto, por lo que es probable que opte por el rechazo.
Entre los principales puntos que la izquierda le critica al proyecto es que, pese a que se consagró en el texto el Estado social, varios artículos dejan "vacía" la definición.
Las posturas de derecha lograron mantener en la propuesta también el modelo de Estado subsidiario, implícito en la Carta Fundamental vigente, y que ratifica un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales, como en el sistema de pensiones y salud.
A esto se suma otra norma que señala que "la ley protege la vida de quien está por nacer", lo que prevé que podría colisionar con la ley de aborto que rige desde 2017 en Chile.
