El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la llamada Ley Bases que hoy se debate en el Senado de la Nación y que ya tiene media sanción en Diputados, es motivo de debate y cuestionamientos por parte de la dirigencia política y empresarial.
La iniciativa genera polémica ya que ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los US$ 200 millones con beneficios para firmas multinacionales extranjeras, pero deja afuera todo el entramado de pymes y empresas locales.
Para el Gobierno de Milei el objetivo es generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional.
Básicamente, con algunas pequeñas modificaciones, el RIGI es el mismo proyecto impulsado por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, de la gestión anterior, que fue aprobado en la Cámara Baja, pero no prosperó en el Senado.
La lista de esas mega inversiones la encabeza hoy el proyecto de la planta de GNL en la que vienen trabajando YPF y Petronas para monetizar las reservas de shale gas de la formación Vaca Muerta y potenciar las exportaciones que, estiman, podrían superar los U$S 30.000 millones.
En el sector energético hay coincidencia que el RIGI abre una enorme ventana de oportunidad para la llegada de nuevos inversores que reclaman seguridad jurídica para proyectos de gran envergadura como el GNL, considerados de capital intensivo.
Según los expertos consultados, el proyecto depende de tres factores: la demanda internacional, la disponibilidad de recursos a precios competitivos y la estabilidad macroeconómica y cambiaria.
Consideran que los beneficios fiscales son importantes, pero no determinantes como en cualquier proyecto de infraestructura de largo plazo.
"El Gobierno puede incluir una infinidad de incentivos fiscales e impositivos, pero tiene que haber confianza y credibilidad en las medidas económicas, de lo contrario no hay beneficio que alcance", destacaron.
El Weekly de Corporate de Adcap Grupo Financiero, elaborado por María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero, titulado "Energía y grandes proyectos: La ley de los sueños, pero aún queda mucho camino por recorrer", hizo referencia a la Ley de Bases y su impacto en el sector energético.
El documento advierte que "la aprobación de la ley Bases y del paquete fiscal significa la ambiciosa visión del Gobierno de fomentar el crecimiento del sector energético a través de la desregulación, un paso prometedor hacia un futuro mejor para la industria. Aunque la ley parecería un sueño, sería un poco amplia y sin especificaciones para implementar las medidas".
"Todavía queda un largo camino por recorrer", explicaron. En este sendero confluyen opiniones de todo tipo.
"Si fuera tan rentable el negocio de construir una planta de GNL lo hubieran hecho aún sin las ventajas del RIGI. Es raro que un proyecto de semejante tamaño dependa de un régimen de promoción de inversiones", comentó en off un empresario.
Parte de la industria asegura que la aprobación de la Ley Bases es una condición necesaria, pero no suficiente para hacer viable un proyecto como el de GNL.
"Hace falta saber muchas más cosas, por ejemplo quien y dónde pondrá el gas. Le falta eliminar impuestos provinciales y un ambiente regulatorio más propicio a nivel nacional. El RIGI provee una parte, pero no todo. Lo que ninguna normativa puede prever es que las leyes sean respetadas a rajatabla con el tiempo", argumentaron.
Fuentes allegadas a la industria, afirmaron que el proyecto de GNL puede seguir adelante sin el RIGI, con una macroeconomía en un mercado que sea lo suficientemente competitivo.
La sensación del empresariado es que este tipo de proyectos no son competitivos si no existen mejoras fiscales como las del RIGI, siempre y cuando claro exista credibilidad y confianza de que se mantenga en el largo plazo.
Para YPF la planta de GNL es una de las estrategias centrales de su gestión y trabaja para cerrar su financiamiento. El proyecto permitiría evacuar una gran parte de la enorme producción que tiene hoy Vaca Muerta tanto en petróleo como en gas y generar una gran cantidad de divisas para el país, a través de la exportación.
"La aprobación del RIGI es vital para garantizar seguridad jurídica a empresas del tamaño de YPF y Petronas, de lo contrario sin este marco jurídico el proyecto puede caerse", aclaró una de las fuentes consultadas. Y añadió que el ánimo no está en perjudicar a las empresas locales o pymes.
El proyecto fue duramente cuestionado por la Unión Industrial Argentina (UIA) por el impacto que podría tener en las pymes locales. Los críticos señalan que el régimen no incluye ítems para priorizar el desarrollo de proveedores locales ni especifica sectores a impulsar. Advierten que los beneficios pueden generar competencia desleal con la industria local al permitir importaciones sin aranceles.
