La asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía generó expectativas de que el Gobierno podría ensayar cambios en algunas de las políticas agropecuarias, tales como derechos de exportación y cupos de exportación.
Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de los nuevos funcionarios, las retenciones y los valores “de equilibrio” para la exportación de granos y carnes, así como los requerimientos burocráticos y registros especiales, controles fiscales y controles de precios son parte de un menú que parece no tendrá mayores cambios.
El dato más relevante para el sector podría estar dado por una eventual devaluación del peso que mejore los precios a los productores, incentivando la producción y las exportaciones. En ese sentido, también se afirma que el tipo de cambio oficial para la exportación no se modificaría, más allá del cambio marginal y transitorio asociado al plan conocido como “dólar soja”.
El agro presenta un importante desafío para la política, ya que es el que origina el flujo de bienes exportables más importante del país. Estos bienes se transforman en divisas que los políticos han naturalizado como un bien estatal, del cual todos quieren apropiarse de manera cada vez más voraz.
Todo esto resulta evidente para los productores agropecuarios que asignan sus recursos productivos tratando de neutralizar en lo posible los efectos de las intervenciones, protegiendo así sus ingresos y activos. De esta forma, los productores deciden cuánto invertir, cuanto producir y se organizan para adaptarse a las restricciones impuestas por la política. Dado que esto se realiza de manera descentralizada por miles de productores, es prácticamente imposible de controlar, y genera un problema para políticos y funcionarios, que tratan de evitar las consecuencias de las políticas que ellos mismos promueven.
Creer que la política agrícola puede modificarse porque políticos y funcionarios del gobierno comprendan los enormes costos sociales asociados a los derechos de exportación, o los beneficios de incrementar las exportaciones agrícolas, es un pensamiento ingenuo.
Si bien las intervenciones en los mercados agropecuarios se justifican formalmente por razones de bienestar general, la real motivación se encuentra en objetivos políticos y un cálculo oportunista. Es necesario comprender que la función objetivo de los políticos incluye mantener y ejercer el poder para negociar con diversos sectores, obtener rentas o maximizar su permanencia en el cargo. En este sentido, la política agrícola en Argentina es un espacio importante de conflicto, intervención política y ejercicio de poder.
En este sentido, la política agropecuaria no puede analizarse como si existiesen políticas óptimas que, si los funcionarios comprendiesen cabalmente y fueran competentes, serían fácilmente adoptadas en aras del bien común. Por el contrario, la política agrícola forma parte de una disputa en la arena política donde funcionarios y agentes económicos tienen, en general, intereses contrapuestos que no pueden coordinarse en base a buena voluntad o criterios técnicos de costo beneficio sectorial.
Sin un cambio conceptual de la política económica en equilibrio general no habrá mejoras sectoriales reales y persistentes. Los costos asociados a desequilibrios macroeconómicos crecientes, así como el potencial conflicto derivado de la persistencia de políticas distorsivas, seguramente tratarán de ser compensados por el gobierno con propuestas de beneficios al sector agropecuario y agroindustrial.
La nueva gestión económica es probable que realice anuncios de proyectos con nombres creativos como “reorientación estratégica hacia un nuevo paradigma productivo” o programas para promover la “agrobioindustria” o “cuencas fotosintéticas”, con promesas de beneficios fiscales, subsidios, créditos y programas específicos.
Lamentablemente estas iniciativas suelen despertar entusiasmo en el sector agroindustrial, pero pueden ser tanto o más contraproducentes que la fracasada “Industrialización Sustitutiva de Importaciones”. Aun cuando sepamos que el sector agropecuario y agroindustrial tiene claras ventajas comparativas, no es simple determinar las tecnologías, los sectores y las empresas que serán rentables en el futuro. Los funcionarios públicos y políticos no tienen la información relevante ni los incentivos adecuados. La experiencia muestra que no pueden sustituir el proceso de descubrimiento de oportunidades que realizan las firmas operando en los mercados y procesando información del sistema de precios. Sólo pueden crear nuevas distorsiones y rentas sectoriales.
Un cambio estructural que solucione los desequilibrios macroeconómicos, eliminación de retenciones y restricciones a las exportaciones, así como políticas horizontales que promuevan la eficiencia y productividad no parecen ser medidas que pertenezcan a la agenda económica actual. Por el contrario, la dinámica económica y política sugiere que asistiremos a nuevas intervenciones discrecionales, distorsiones de precios y mayor control para el agro.
