La situación social es desesperante. ¿No es ésta acaso la clave que, en su trayectoria, describe el punto de partida y el presente de la decadencia nacional? Más de la mitad de nuestro futuro está en la pobreza.
En América Latina ésta Argentina es el caso patético de crecimiento constante de la pobreza, mientras –salvo excepciones– en el resto de la región, la pobreza declina y la inclusión aumenta.
En la mitad de los '70 del Siglo XX logramos el PIB por habitante, en dólares, más alto de la región.
El 96% de la población tenía ingresos que superaban los límites de la pobreza y el pleno empleo era el objetivo y el resultado de las políticas económicas de todos los gobiernos.
Vivimos esas tres décadas con violencia institucional, gobiernos constitucionales derrocados por las armas, gobiernos elegidos con exclusiones electorales ominosas, gobiernos dictatoriales sostenidos por las armas.
Pero en todos esos gobiernos –con excepciones menos que momentáneas– rigió el consenso nacional de la política económica orientada al pleno empleo y al desarrollo económico y social.
Potenciábamos el incremento de la productividad, básicamente en el ámbito de los bienes transables, orientado por el pensamiento sistémico debatido en los Consejos Nacionales, interdisciplinarios, para el desarrollo.
¿El resultado? Las tres décadas (1944/74) de mayor crecimiento del PIB por habitante de la historia argentina se mantuvieron gracias al consenso, casi unánime, de las ideas económicas y sociales, los objetivos de largo plazo y las herramientas de política económica ampliamente compartidas y dotadas de expectativas de continuidad.
Lo que falló durante todo ese período de consenso de desarrollo fructífero, con una mínima excepción temporal, fue la ausencia de racionalidad, la Constitución, en las reglas de convivencia.
La racionalidad del sistema se basa en el cumplimiento de las reglas. La inconstitucionalidad manifiesta casi fue la regla.
Pero los años dramáticos de la última mitad de los '70 fueron la cúspide de la irracionalidad.
No sólo por la absoluta ausencia de reglas, sino por el dominio de la ley de la violencia que culminó en el genocidio que nos pesa por haber sido, conscientes o no, testigos de la deshumanización del poder.
Deshumanización disparada desde el llano, violación del “no matarás”, que tuvo su génesis en la guerrilla que, sepámoslo o no, nos pesa por haber sido testigos de esa irracionalidad radical.
En esos años y hasta 1983, hablaron las armas y gobernó el silencio.
Ambos bandos condenaban aquél consenso económico y social de nuestros 30 gloriosos.
Unos pregonaban el socialismo por las armas desde el llano, y los otros instalaban la destrucción del Estado de Bienestar por las armas, pero desde el Estado. El resultado a la vista.
La pobreza y el estancamiento, la estanflación que nos gobierna desde 1975, con breves períodos de recuperación y estabilidad, producto -en todos los casos- de crecimiento de la deuda externa o estado de default.
Ni los períodos únicos, y tal vez irrepetibles, de términos del intercambio esplendorosos sirvieron más que para una efímera temporada de apariencia de crecimiento.
Observe: para cada uno de esos años, el nivel de desempleo y de pobreza y las hipotecas de la deuda. Verá que donde hubo “mejora” de empleo, hubo crecimiento desmesurado del empleo público; y por la misma razón, mejoras efímeras en la distribución del ingreso entre trabajadores y “capitalistas”: la razón contable es que cuando aumenta el empleo en el sector público, que no tiene ganancias de capital, “mejora” la distribución del ingreso.
Lo bueno es que desde 1983 mejoramos notablemente el cumplimiento de las reglas.
Pero estamos lejos de “vivir plenamente en las reglas”. Por ejemplo, la Justicia (la regla de las reglas) está torcida por el peso del poder.
De los jueces de la servilleta a Comodoro Py o de las doctrinas zaffaronianas de la justicia penal al alineamiento recaldistas de los jueces: las minorías culturales activas cambian la ejecución de las normas.
No hay leyes, por sensatas que sean, si los jueces son hijos de una cultura judicial perturbada.
Desde fines de los '70 perdimos, por el terror de ambas violencias armadas, el consenso de aquel crecimiento económico y multiplicamos la pobreza en el estancamiento y la inflación.
Con un Estado multiplicado a base de la confusión en la creencia primitiva que su crecimiento sustituye al de la Nación.
Un Estado enorme, incapaz de recaudar lo que impone (40% en negro), que duplicó su peso sobre la economía a partir de Néstor Kirchner y que a pesar de ello no logra proveer de bienes públicos, educación, salud, seguridad, justicia. Y que es incapaz, desde hace 46 años, de proveer el principal bien público –una vez cumplidas las reglas– que es el programa sistémico de largo plazo capaz de generar consenso y expectativas de larga duración.
Un Estado vacío de funciones de bienestar y desarrollo que fagocita recursos que, paradójicamente, lo ahogan.
En este período de relativo cumplimiento de reglas, en el marco del silencio colectivo que no es la suma de los silencios individuales, prácticamente terminamos con el sistema ferroviario reemplazándolo por el transporte camionero, logrando así el sistema de transporte de carga más caro de la región. Un boomerang gigantesco propio de un Estado que no piensa. El mismo Estado que creyó “modernizarnos” con un tren bala de Buenos Aires a Rosario.
Agréguele que con Vaca Muerta en la tapa de los diarios, con la llegada del Ing. Galluccio a YPF, fuimos incapaces desde la gestión de Cristina Kirchner, pasando por Mauricio, a pesar de lo que dice su ministro, de construir un gasoducto que le diera real valor a unas reservas energéticas monumentales. Agregar valor (el caño) no es lo mismo que aumentar los pagos de transferencia (los subsidios).
Es lo que no entendió, entre otros, el kirchnerismo y por eso resulta inexplicable que al gasoducto, cuyas tareas ayer inauguró Alberto, se lo llame Néstor Kirchner.
El, como gobernador, fue clave en la privatización de YPF. Entonces Oscar Parrilli gritaba “no nos vamos a arrepentir”. Parrilli sigue en el poder “para la liberación”.
Néstor fue el “promotor” del regalo de las acciones de YPF a Eskenazi, obra que completó CFK con la expropiación mal realizada, que ahora nos amenaza con un juicio que equivale al costo de 10 gasoductos como el que dicen que ayer comenzaron. ¿Culpables o inocentes?
La privatización llevó a una empresa pública ejemplar a ser parte de nuestra crisis energética. Este es el nuevo viento de bolina.
Mientras tanto la única respuesta son más bonos, más planes. Pero los adolescentes no terminan el secundario, no hay capacitación industrial, generamos ejércitos de los que no disponen (la sociedad no se la brindó) de capacidad de proyectos individuales. Volvemos al principio de esta nota.
Resolver el drama de esas vidas, que son parte de la nuestra, depende de un proyecto colectivo que la política debe pensar y formular. No lo está haciendo.
Entonces, ¿qué hacemos?
Alberto Fernández declaró “no estamos perdidos, carajo”. ¿Se refería a Argentina? No.
No negaba la debacle nacional para generar entusiasmo al tiempo que ofrecía un programa de salida. No.
Al lado de Mario Ishi, que supo dejar a su mamá a cargo de la intendencia, el “carajo” –el puesto vigía– no era invocado como lugar para mirar a lo lejos el programa de salida del marasmo en el que vivimos. No.
Alberto le contestaba a CFK, y a todas las encuestas disponibles, que él no estaba perdido. Que iría a las PASO, que esperaba ganar y lograr el segundo mandato en 2023.
Una pena. ¿Qué hacemos?
Lo que ha hecho Alberto es lo que no debería hacer: postular la continuidad.
Cristina acaba de romper, una vez más, las reglas del sistema. Desconoció a la Corte. No sólo crítico. Y además hizo trampa para eludir las consecuencias de la decisión sobre el Consejo de la Magistratura. Vilma Ibarra, el alma mater de Alberto, la festejó. Esas conductas no pueden ser avaladas.
En la gestión económica de Alberto no hay nada que merezca ser continuado.
Lo acordado con el FMI es apenas un listado de objetivos de sentido común: reducir la irracionalidad de la política de gasto público, incrementar el stock de reservas en el BCRA, impedir el retraso cambiario, achicar el déficit público, evitar acudir a la monetización del mismo.
Lograr esos objetivos no habilita a crecer, al incremento de la productividad y del empleo, a lograr el pleno empleo y a reducir drásticamente la pobreza. Si no generamos políticas específicas para reducir drásticamente la pobreza, lograr el pleno empleo y aumentar drásticamente la productividad, objetivos que se refuerzan entres sí, tampoco será posible evitar los males que la ausencia de estos logros ha producido.
Entonces, ¿qué hacemos?
Alberto debería anunciar su renuncia a participar en las próximas elecciones.
Sería una decisión honorable, cortar la continuidad, para convocar, con autoridad moral, a todos los líderes a un consenso que implique: congelar la planta pública de todos los entes por los próximos dos mandatos; renunciar al atajo del empleo público nacional, provincial y municipal, en el ejecutivo, legislativo y judicial. Un mecanismo de entrenamiento y reemplazo, puede cubrir las necesidades de servicios reales, educación, salud, justicia, seguridad.
Además, acordar la legislación –imitando al resto del planeta– para la prioridad de la inversión reproductiva. Que el nuevo empleo lo sea en sectores de bienes transables.
Acordar resolver de manera inmediata la condición de vida de los niños que hoy viven en las carencias y en un medio adverso a su formación. Otros lo han hecho y lideran el nivel educativo en la región.
Con esta estrategia estatal, productiva y educativa, logramos ser lo que fuimos.
Con esa estrategia consensuada podemos lograrlo.
Quien convoque debe tener la autoridad moral, que muchos de la política han perdido.
La renuncia a la continuidad se la otorga.
