En el Gobierno ya están saboreando la noticia más esperada y deseada. Y, también, la más prometida. Luego del brutal tsunami nominal con que arrancaron las Macrinomics, el próximo IPC del Indec arrojará un registro muy bajo (aunque una parte sea explicada por la vuelta atrás en el tarifazo del gas a los hogares).
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, arriesgó en su reciente paso por la Cámara Baja que el número que difunda Jorge Todesca en los primeros días de septiembre será el más bajo de los últimos diez años. Y todo indica que tendría razón.
Así, seguiríamos viendo los registros de 2% o menos que anunció el Gobierno, y que se hicieron esperar algunos meses más de lo previsto. Recordemos que ya en julio el IPC arrojó una suba de 2%. Si bien podría haber alguna volatilidad en los próximos registros (por ejemplo, cuando efectivamente lleguen las nuevas tarifas residenciales), todo indica que la desinflación seguirá y ya no volveremos a ver los registros dramáticos del primer semestre.
Lógicamente, no será solo una buena noticia para el Gobierno. Los argentinos de a pie podrán pisar un terreno más firme (aunque el nuevo cuadro tarifario llegaría más temprano que tarde), el salario real podría salir a la superficie a tomar algo de aire (y darle oxígeno al alicaído consumo privado, el principal driver de la economía) y ya no serán necesarias tantas contorsiones presupuestarias para consumar la odisea de llegar a fin de mes. Las empresas, por su parte, también pisarán un terreno más firme y tendrán mayores certezas sobre sus costos para planificar hacia adelante.
Dicho esto, es menester advertir que a la incipiente desinflación le queda un largo trecho y que serán necesarios nuevos ajustes en los precios relativos (dólar y tarifas) que estimularon la inflación en el primer lugar. De hecho, el propio Gobierno admitió que veremos registros normales (en rigor, 5%) recién en 2019. El próximo mojón será bajarla de 2% (aunque el registro de agosto sería menor) a 1,5%, luego a 1% y así sucesivamente.
Por último, y quizás lo más importante, la baja del IPC supone un punto de partida para las Macrinomics porque, lógicamente, la elevada inflación conspira contra casi todos los objetivos de política económica que se impuso el oficialismo. Ni hablar de la nave insignia: pobreza cero. Inflación baja es necesario (aunque más no suficiente, desde ya) para empezar a reducir una insoportable tasa de pobreza que la UCA calcula en más de 30%.
También es necesario (aunque, nuevamente, no suficiente) para aumentar la tasa de inversión, que sigue siendo baja y será la que determine, en el mediano plazo, cuánto crecerá la economía y, con ella, el empleo. Se empieza a aclarar el panorama para las empresas tras un semestre muy complicado que combinó mayores costos y menores ventas.
El BCRA tendrá mayores márgenes para bajar las tasa de política monetaria (hoy, en 28,75%), clave para dinamizar el crédito (tanto para el consumo como para la producción) y desactivar la bicicleta financiera de las Lebac que compite contras las inversiones reales.
Además, la desinflación supone un respiro para el tipo de cambio real multilateral que, tras la ganancia cambiaria posterior a la devaluación, fue carcomido mes a mes por la suba de precios. Un tipo de cambio competitivo es clave para reactivar un motor que el Gobierno ha intentado encender con poco éxito: las exportaciones, que caen 3,9% en el año. La baja en la inflación ayudará en ese frente, aunque algunos sostienen que, además, el BCRA debería devaluar más el peso. Eso también ayudaría a reducir los costos en dólares, que son altos relativamente con nuestros vecinos, para atraer más Inversión Extranjera Directa (IED), que ha sido muy esquiva con estas pampas en los 2000.
Lejos de caer en el triunfalismo, el Gobierno debe aprovechar la desinflación para redoblar esfuerzos en los múltiples problemas que todavía aquejan a la economía.
