En la ciudad de Rosario, el dominio de las cárceles es la instancia decisoria para retener el control de la calle.
Por eso no resulta sorprendente que -aún transitando la privación de libertad-, los criminales vinculados al narcotráfico esbozan un frenético raid de operación político-judicial para hacerse de los medios necesarios que les permitan seguir operando a fin de proyectar su poder en el territorio, tal y como pasó con la famosa bandera desplegada por Los Monos en el partido despedida de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell's.
Así encontramos casos como el de Horacio Lucchini, exdirector de Análisis Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, quien, en diciembre de 2021, ofreció por intermedio de otro oscuro y encarcelado personaje del narcotráfico, Matías Herrera, "ver de darle una mano al pibe de Marcos Paz" (por Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder del cartel "Los Monos").
¿Qué pedía a cambio? US$ 150.000, que terminó aceptando a cambio de beneficios dentro de los muros de la cárcel.
"En un momento, Lucchini me ofreció conseguir beneficios para 'Guille' Cantero", reveló Mariana Ortigala, testigo en el caso Alvarado, el principal enemigo de Los Monos entre las bandas narco. "Los beneficios incluían evitar requisas, obtener acceso a un teléfono fijo las 24 horas y permitir que 'Guille' tuviera un teléfono celular. También buscaban frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados y perjudicar a otras bandas. Por cada trámite, Lucchini pedía US$ 20.000", detalló la testigo al diario La Nación en 2022.
No por casualidad, los beneficios ofrecidos por Lucchini eran vitales para mantener el control de las calles desde la prisión, como quedó demostrado en el secuestro que orquestó "Guille" Cantero el 9 de noviembre de 2017.
Dos miembros de Los Monos que traficaban drogas en el barrio Empalme Graneros de la ciudad llevaron a cabo la operación. Pero con un detalle: la orden de Cantero se dio desde la Unidad 1 de Coronda, aprovechando la complicidad de las fuerzas de seguridad.
El plan no salió como esperaban. El interlocutor de "Guille" Cantero tenía su teléfono intervenido, lo que permitió avanzar en la investigación y registrar la celda del jefe narco. Mientras se llevaba a cabo el registro, alguien intentó alertar a Cantero sobre el operativo en curso y le sugirió que se deshiciera de su teléfono móvil. Pero era demasiado tarde. Y como último detalle, el portador del teléfono intervenido fue asesinado a balazos. 20 disparos.
Para Cantero, esto fue apenas una mancha más. Condenado por múltiples delitos, dos años antes había cometido otro delito mientras estaba recluido en la prisión de máxima seguridad de Rawson, en Chubut. Desde allí, organizó por teléfono el envío de marihuana y cocaína por encomiendas a Rosario y Funes, junto a Leandro "El Gordo" Vilches, quien se encontraba en la cárcel de Piñero, 1.500 kilómetros al norte.
Desafortunadamente, "Guille" Cantero no es la excepción. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ha detectado 19 casos similares, en los que líderes narcos dirigen sus clanes desde la prisión, ordenando asesinatos, secuestros, tráfico de armas y drogas, y lavado de activos a través de teléfonos fijos y celulares, a pesar de que la ley 24.660 prohíbe el uso de dispositivos móviles en las cárceles desde 1996 y ordena la instalación de inhibidores de señal en los pabellones de cada penal.
Las estadísticas reflejan las consecuencias mortales del narcotráfico en Rosario. La tasa de homicidios en la ciudad es cuatro veces mayor que en el resto de Argentina. Durante el año 2022, el 72,1% de los asesinatos cometidos en Rosario estuvieron relacionados con el narcotráfico, 3 de cada 4 con premeditación.
La cifra de homicidios ha ido en aumento desde 2014, alcanzando un total de 2108 hasta el 11 de julio de 2023, un escalofriante número del que da cuenta la sumatoria del último informe del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para el período 2014-2022 más los 156 contabilizados hasta el día previamente mencionado. El 80,3% de los asesinatos cometidos en la ciudad en 2022 fueron con armas de fuego.
La realidad contrasta con las teorías y las normativas vigentes. "Esta situación se ha identificado en reiteradas ocasiones, en distintas jurisdicciones y en las cárceles más estrictas del país, tanto federales como provinciales. Esto demuestra que el problema trasciende las circunstancias específicas de una institución en particular o de las características de una organización determinada", indica un informe de la Procunar de 2021.
¿Cómo es posible? Dentro de las cárceles, los guardias penitenciarios suelen alquilar teléfonos móviles a los reclusos, quienes pueden realizar llamadas desde "puntos ciegos" de los pabellones, donde no hay cámaras de vigilancia ni inhibidores de señal.
En Santa Fe, estamos celebrando el segundo "cumpleaños" del acuerdo que Omar Perotti y su gobierno suscribieron, el viernes 2 de julio de 2021, con INVAP, mediante el cual se autorizó una erogación de US$ 1,5 millones para instalar un sistema de inhibidores "full jamming" que "blindaría" el penal de Piñero por completo.
Sin embargo, hasta el momento, esta instalación -al igual que la consecución de "la paz y el orden"- no se ha llevado a cabo.
"Desde las cárceles, las bandas criminales controlan el negocio del narcotráfico, así como también el de las extorsiones, que es uno de los principales problemas que enfrenta Rosario debido a la violencia extrema que genera este negocio criminal", señaló la fiscal Varia Haurigot, jefa de la Unidad de Balaceras. Cada semestre de los últimos 4 años, se denunciaron en Rosario, en promedio, 801 denuncias por extorsión, la gran mayoría con amenaza de uso de armas de fuego. "Todo se organiza desde la cárcel", agregó la fiscal.
En este difícil contexto, las fuerzas de seguridad han dejado de actuar como un factor que combate al delito. Esto ha llevado a la "feudalización" de los territorios y a la consolidación de la corrupción entre los penitenciarios, la policía provincial y federal, y los efectivos de otras fuerzas en la zona. Incluso la Gendarmería ha sido contaminada y desgastada, aunque la sombra de la corrupción se cierne con especial fuerza sobre la policía santafesina. Está comprobado que numerosos agentes han dejado de combatir el crimen para trabajar en complicidad con el narcotráfico.
Un ejemplo de esto es la División Judiciales de la Policía, que fue sobornada por el capo narco Esteban Alvarado para perseguir y desmantelar a Los Monos, como declaró Emilio Lencina, un jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que investigó al clan Alvarado entre 2013 y 2016, hasta que la investigación se estancó por la inacción del juez federal Marcelo Bailaque.
Alvarado no solo compraba policías para perseguir a sus rivales, sino que también seleccionaba a los jefes de la fuerza. Durante el juicio que lo llevó a ser condenado a cadena perpetua, quedó en evidencia su amistad con el entonces jefe de policía de Rosario, el comisario Néstor Arismendi, y su influencia en la elección de Cristian Sola como nuevo jefe de policía de Santa Fe en 2012, después de que su predecesor, Hugo Tognoli, fuera destituido por presuntos vínculos con narcotraficantes. La cara de la desidia confirma las peores suposiciones: en la Santa Fe de hoy, toda impunidad es posible por un precio.
En este contexto, la clase política ha tenido un papel oscilante frente a las fuerzas de seguridad. Ha promovido su control político y también les ha permitido gobernarse a sí mismas, ha unificado la gestión de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. Ha destituido o protegido jefaturas de acuerdo con las circunstancias y ha ordenado el despliegue o repliegue del territorio sin un fundamento claro.
¿El resultado? Las estadísticas empeoran.
Además, los sucesivos gobernadores y la Casa Rosada han protagonizado un triste y pírrico trajín durante los últimos 20 años, cuya más "potente" demostración siempre fue el envío de la Gendarmería de forma esporádica. Sin estrategia nacional, sin coordinación ni preparación respecto del territorio, sin inteligencia previa, continua y a posteriori, sin formación y clara decisión política, y a la sombra de pasos fronterizos y una hidrovía absolutamente negada en cuanto a la política de seguridad, nada de eso puede funcionar.
A fin de cuentas, en nuestra provincia, el narco condiciona y determina. Condiciona la vida de los santafesinos, de los ciudadanos que se comportan conforme a la ley, coartando su libertad, amenazando su calidad de vida, erosionando la institucionalidad que debe sostener el orden sin el cual no hay prosperidad ni futuro. Y determina la prevalencia de un para-Estado conjugado en la mesa corrupta de quienes deciden participar del negocio espurio, de una anomia producto de la decisión de ser un Estado fallido que ha derramado muchísima sangre, pero que -como angustiantemente muestran las cifras que llevamos en 2023- aún puede ser mucho peor.
En conclusión, Rosario ha cedido ante un dominio narco, donde los líderes del crimen controlan desde las cárceles las calles y las instituciones, con la complicidad de funcionarios corruptos. La corrupción se extiende por las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía provincial, la federal, la Gendarmería y la Prefectura. Los líderes narcos manejan el negocio del narcotráfico, así como también las extorsiones y otras actividades delictivas, desde dentro de la cárcel. A pesar de los esfuerzos por combatir el problema, la violencia y la inseguridad continúan en aumento en la ciudad.
