Debates
Más del 21% de la superficie nacional está comprendida por humedales, es decir por un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos.
En otras palabras, un espacio particular, con características ambientales propias, distintivas. Pero que también aporta gran valor para la producción de alimentos, para la provisión de agua dulce, de leña, turba, forraje para los animales, medicinas y productos genéticos. Como si fuera poco, contribuyen a la recarga de acuíferos, a la retención de suelos y a evitar inundaciones. Y, sin embargo, esta relevancia no basta para que los humedales argentinos cuenten con una protección adecuada.
Cada verano, por los sucesivos incendios o por la bajante del río Paraná, vuelve a hablarse del postergado proyecto de Ley de Humedales, que lleva una década dando vueltas en el Congreso. El verano termina, la discusión se posterga y cada proyecto que se presenta termina olvidado, perdiendo estado parlamentario.
El año pasado se presentaron dos, uno del diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) y otro de Ximena García (UCR). Y es que uno de los principales problemas se vincula con la falta de decisión: ¿qué hacer con estos espacios? ¿Cómo protegerlos? ¿Para qué? ¿Qué actividades económicas desarrollar y cuáles prohibir?
Hoy en día existen diversos tipos de actividades económicas productivas en humedales, entre ellas arroceras, fruticultura en valles irrigados, forestación de salicáceas, ganadería de islas. Seis provincias de la Mesopotamia y el NEA concentran el 52% de la superficie total de humedales y el 35% del stock bovino del país. En Formosa, el 79% de la población vive en departamentos que tienen humedales, 60% en Chaco, 49% en Santa Fe y 41% en Corrientes. En las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro, los valles de los ríos Tunuyán, Atuel, Negro y Colorado concentran el 100% de la producción de frutas de pepita, mientras que el 34% del stock ovino nacional se da en mallines patagónicos. La relevancia productiva es indiscutible.
Pero también lo es la relevancia ecológica. Rubén Quintana, director del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental del Conicet-UNSAM y presidente de la Fundación Humedales, destaca que los humedales son ecosistemas críticos para la humanidad por los aportes que hacen a la sociedad, por la mitigación del cambio climático y el aprovisionamiento de agua dulce.
"Deberíamos ser más cuidadosos porque no sólo se pierde la biodiversidad, que sí, es importante. Los humedales aportan el 40% de todos los servicios de todos los ecosistemas del planeta y hoy su pérdida y degradación triplica la tasa anual de bosques. Es una pérdida silenciosa que no llama la atención, pero es mucho más rápida. Protegerlos no es un delirio sólo de ambientalistas que quieren ir a ver pajaritos", explica.
Cualquier regulación, sin embargo, choca con una fuerte resistencia de ciertos actores locales. Gerardo Mujica, ingeniero agrónomo en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dice que, desde esta institución, no se oponen a los proyectos pero sí han intentado mejorarlos para que minimizar impactos económicos y sociales.
"El INTA tiene como marco de su accionar un Plan Estratégico donde la sustentabilidad es económica, social y ambiental. La ONG Wetlands International y sus socios se posicionaron en el Delta del Paraná, parecía el humedal más importante del mundo, primero en contra de la forestación de salicáceas, luego contra los condominios náuticos, luego contra la ganadería y finalmente utilizando el fuego en las islas como campaña de comunicación. Le mintieron a la sociedad diciendo que con esta ley se acababan los incendios, cuando había incendios en todos los ecosistemas y esta ley no tiene cláusulas para el control y manejo del fuego", dice.
Han sido muchos y muy diversos los intereses que derivaron en que ningún proyecto de ley presentado desde 2013 hasta hoy llegara a aprobarse, pero los principales tienen que ver, según Quintana, con el lobby de grandes grupos de agroindustria, forestales, mineros y desarrolladores urbanos: "ven una limitación al desarrollo productivo, que es totalmente falsa: ningún proyecto dice eso. Obviamente lo que plantean es una regulación de los usos, que es lo lógico. Hoy no hay regulación, cada uno hace lo que quiere y eso destruye el humedal".
El desafío consiste entonces en compatibilizar la intensificación productiva con la conservación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados. En ese sentido, debe evaluarse qué se pierde y qué se gana con una eventual regulación. A modo de ejemplo, el Parque nacional Iberá, creado en 2018, implicó proteger la zona y que se generara desarrollo relacionado con el ecoturismo en los poblados de la zona. Claro que si se piensa en desarrollo tan sólo en un sentido clásico de agricultura monocultivo y forestación, estas actividades sufrirían las consecuencias de una regulación normativa.
Por otro lado, existe la dificultad que plantea Mujica, que es que los sucesivos y numerosos proyectos se focalizaron en regulación y no tanto en los aprovisionamientos: "no hablaban de asistencia técnica y financiera a los productores para poder hacer los cambios tecnológicos necesarios para adaptarse a la ley. Tenían muchas restricciones, pero el presupuesto era sólo para el Estado". En cambio, Quintana opina que esos puntos "tienen que salir con la regulación de la ley y hay que ver cómo se negocian. No puede estar todo eso metido en el proyecto".
Si la relevancia de estos espacios resulta clara, el problema es cómo abordar las diversas aristas, considerando que se trata de territorios completamente diferentes: no son lo mismo los mallines de la Patagonia que las vegas de altura, que el bajo delta o que el delta superior del Paraná. La producción es distinta, al igual que los recursos naturales y la identidad social local. Y no todos los productores están capacitados para adaptarse a las restricciones o limitaciones planteadas. Se requiere de un proceso de transformación que derive en la dinamización del territorio, con objetivos claros aceptados por esas sociedades: diversificación, innovación, sistemas locales más competitivos, crear capital social y cultural. Y combinar la sustentabilidad ecológica con la sustentabilidad económica.
Para Quintana, existe el problema de la "pampeanización", el querer replicar como país productivo el modelo pampeano en todos lados: "no podés hacer ganadería pampeana en el delta. Podés hacer ganadería de islas y después se verá si es redituable. Hay que sentarse a hablar de qué y cómo debería producir cada región del país. Se necesita un ordenamiento ambiental territorial que contemple los impactos acumulativos y cómo los humedales interactúan con otros ecosistemas".
Mujica, por su parte, concuerda y plantea que el ordenamiento territorial es lo más importante: "Gestionar los recursos naturales de cada provincia y las interacciones entre ecosistemas. Plantear dónde va cada población e industria y planificar un futuro deseable".
Pero estos debates quedan de lado. Suele ganar el apuro por presentar nuevos proyectos que finalmente quedan en la nada cada vez que termina el verano y no se habla más de incendios, de inundaciones o bajantes del río. Parece descartarse una discusión amplia que derive en una planificación acorde a la relevancia ecológica y productiva de los humedales.
Con las consecuencias del cambio climático a la vista y la necesidad de incrementar la producción nacional, especialmente considerando el potencial de los humedales, las postergaciones constantes no pueden resultar positivas a mediano y mucho menos a largo plazo.
