La voluntad de pagar la deuda no es un acto declamativo

17 de febrero, 2020

Por Matías Surt  Economista de Invecq

 

La semana pasada hablamos sobre la capacidad para repagar la deuda. De forma resumida decíamos que la capacidad de un país para hacer sostenible su deuda y poder hacer frente a los compromisos contraídos dependía esencialmente de la trayectoria fiscal y de la trayectoria exportadora. Partiendo de una situación de déficit fiscal, la trayectoria debía ser de convergencia hacia el equilibrio, tal que las necesidades de endeudamiento sean decrecientes en el tiempo. Simultáneamente, al tratarse de deuda en dólares, el crecimiento de las exportaciones sería indispensable para incrementar la oferta de divisas disponibles en el mercado para ser compradas por el Gobierno y repagar la deuda en caso de que se dificulte la renovación de los vencimientos.

 

El pasado miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, asistió al reciento de la Cámara de Diputados en una sesión informativa en la cual explicó algunos lineamientos sobre la sostenibilidad de la deuda y expresó en reiteradas oportunidades que el Gobierno tiene una clara voluntad de pago, aunque en las circunstancias actuales le es imposible hacerlo. En eso justifica, precisamente, la necesidad de reconfigurar el perfil de vencimientos de la deuda pública argentina.

 

Sin embargo, la voluntad de pago de un país no es un mero acto declamativo. Como en toda negociación tanto o más importante que lo que se dice es la credibilidad sobre lo que se está diciendo o comprometiendo. La principal herramienta con la cual cuenta un país para hacer creíble sus intenciones de pago de la deuda es la política fiscal. Si se plantea que es necesario reprogramar los vencimientos de deuda porque en las condiciones presentes el país no cuenta con los recursos suficientes, entonces es preciso explicar de forma creíble qué hará el gobierno para tener los recursos en el futuro.

 

En este sentido, durante la exposición de Guzmán se delinearon tres posibles senderos de la política fiscal para los próximos años. Todos ellos parten de que durante este año el ajuste fiscal que el gobierno anterior venía implementando desde 2016 quedará suspendido: no hay posibilidad alguna, según el nuevo equipo económico, de continuar con una reducción del déficit primario durante 2020. Partiendo de allí, se abren tres caminos.

 

Un primer sendero indica que, sin tomar ninguna decisión en materia fiscal, inercialmente, con una economía creciendo al 2% anual, las finanzas públicas se equilibrarían (antes del pago de los intereses de la deuda) en 2026 y se lograría un superávit primario de apenas 0,3% del PIB recién en 2030.

 

El segundo sendero, el cual requiere “un poco de trabajo” aunque no se detalló qué modificaciones concretas harían falta en cuanto a los gastos y recursos tributarios, permitiría alcanzar el equilibrio primario en 2023 y contar con un superávit de “entre 0,6% y 0,8% del PIB unos años más tarde”.

 

Por último, un tercer sendero fiscal posible, que incluye revertir la reforma tributaria votada por el Congreso a fines de 2017 y retrotraer las alícuotas impositivas, daría como resultado un equilibrio primario para el 2022 y un superávit primario de 1% del PIB en 2026 y de 1,2% del PIB en 2027.

 

 

Lo primero que surge de este planteo es que el equipo económico está mostrando muy poco compromiso con el restablecimiento del equilibrio fiscal y posterior superávit primario. Aun en el escenario “más arriesgado”, el ajuste en relación al período 2016- 2019 es casi imperceptible. Si la corrección del déficit durante el Gobierno anterior fue calificada como “gradualista”, la nueva estrategia sería hipergradualista. En segundo lugar, si se plantearon tres escenarios es muy probable que luego sea difícil políticamente mantenerse sobre el ideal, por lo que una vez que comience a pasar el tiempo podría ocurrir que el equilibrio primario se demore un poco. Si algo quedó claro en los últimos años es que cuanto más tiempo se programa para corregir el déficit más se dificulta en términos de demandas sociales y acuerdo político.

 

Pero lo que mayor preocupación genera en el esquema planteado por el ministro de Economía es la percepción que los acreedores puedan tener la respecto. ¿Es creíble para la negociación la voluntad de pago del Gobierno si en los hechos implementa una política fiscal tan lenta? ¿Cómo se les explica a los acreedores que el mismo país que llevó a cabo un recorte del déficit primario de 4 puntos en del PIB en los últimos tres años ahora necesitará tres años para tan solo recortarlo en 0,4 puntos del PIB? Más aún si este sendero implica volver a aumentar impuestos, ya que esto significaría que los mayores recursos obtenidos serían gastados en alguna partida del Presupuesto y no ahorrados para mejorar la posición fiscal lo antes posible y hacer frente a los compromisos asumidos previamente.

 

Guzmán asegura que no solo no es deseable desde el punto de vista social continuar con el ajuste, sino que macroeconómicamente no es sostenible. En su visión la austeridad fiscal no funciona en un contexto recesivo, ya que el impacto sobre la demanda agregada de una mayor contracción del gasto público generaría menor actividad económica, menor recaudación y, consecuentemente, igual déficit fiscal. En este sentido, si bien es claro el impacto sobre la demanda agregada de una reducción del gasto público, sólo con observar la reducción del déficit fiscal durante los recesivos 2018 y 2019 basta para desmentir esta idea de que ajustar con contracción de la demanda no redunda en menor déficit fiscal. Además, es llamativa la asimetría del impacto fiscal sobre la demanda agregada que supone el ministro: bajar el gasto sería contractivo, pero no lo sería retrotraer la carga impositiva previa a la reforma de 2017.

 

Por último, la pregunta que es inevitable hacerse es si con un sendero tan lento de corrección fiscal, ¿de dónde saldrán los recursos para continuar pagando los intereses de la deuda (del orden del 3,5% del PIB anuales) durante los próximos años? Esto hace imaginar que el equipo económico está pensando en una negociación con los acreedores que supone años de gracia en el pago de los intereses de la deuda o, por el contrario, que habría una mayor emisión monetaria para pagar los intereses en pesos y para comprar los dólares del superávit comercial (mientras se mantenga) para pagar los intereses en dólares. Es decir, un sendero fiscal tan lento implica necesariamente una negociación más dura con los acreedores. Justamente, porque la demostración de voluntad de pago es muy débil.

 

Con todo esto, la presentación Guzmán no mejoró las perspectivas de resolución del problema de la deuda. Al contrario. La mejora de las perspectivas que se había dado durante diciembre se ha revertido. Inicialmente, con todas las críticas que se le puedan hacer a la Ley de Emergencia, el mensaje por parte del Gobierno era de un mayor compromiso fiscal. Si el verdadero rumbo a tomar será el expuesto por Guzmán el miércoles, queda claro que la política fiscal no constituye un ingrediente de un plan macroeconómico consistente dadas las condiciones actuales de la economía argentina.

 

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