Antes de irse, el Gobierno enviará al Senado un nueve proyecto de ley de eficiencia energética para que discuta en 2020. El proyecto se basa en la base de un proyecto muy debatido con sectores empresarios en los últimos meses. Falta saber si el nuevo gobierno impulsará esta iniciativa o si se tendrán otras prioridades para el sector. “Si bien hubo iniciativas a lo largo de los últimos años, la realidad es que no hubo un plan nacional, con hitos, programas y planes, pese a que la eficiencia energética es la que más se repaga desde el punto de vista ambiental y económico”, precisaron funcionarios del Gobierno.
El proyecto comenzó a tomar forma a fines de 2018, con miras a sentar las bases de una política de Estado, para instalar medidas que tengan continuidad en el largo plazo, en coincidencia con los compromisos ambientales asumidos por el país.
“La energía es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, si bien en Argentina no tanto, ya que tenemos otro gran emisor que es la explotación del suelo, pero la participación de la energía representa entre 35% a 38% de las emisiones”, precisaron los promotores de la iniciativa.
El proyecto se orientará principalmente a los denominados grandes usuarios de energía y el transporte, y brindará elementos para desarrollar el modelo de eficiencia Esco (sigla de Energy Services Companies).
Se creará un registro de Esco y se definirá un marco regulatorio que facilite la realización de los contratos por desempeño, junto a un esquema que permita la implementación de garantías y facilidades financieras.
Similar al Fodis
El proyecto contempla además constituir un fondo fiduciario similar al Fodis (Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, que cuenta con recursos de $ 500 millones) para respaldar los planes empresarios de eficiencia energética.
Para los usuarios de alto consumo de energía “la lógica es que hagan auditorías energéticas del mismo modo que hace auditorías de calidad, compras, etcétera, por lo menos una vez cada cuatro años; hoy muchas de esas compañías no lo están haciendo, pese a que hubo iniciativas para acompañarlas”, dijeron los funcionarios.
En el caso de los usuarios de muy alto consumo de energía (más de tres ktep anuales), deberán certificar un sistema de gestión de la energía.
Por otra parte, a las distribuidoras de servicios públicos de gas natural y energía eléctrica se les pedirá realizar o financiar medidas de eficiencia energética en usuarios, sean o no residenciales.
Para el gas ?estimaron en Energía? es más fácil, puesto que las distribuidoras están en la órbita de la Nación, pero con la energía eléctrica se requerirá decisiones de parte de las provincias”.
Con respecto a las distribuidoras, sus contratos de concesión ya tienen incorporado el tema de la eficiencia y los entes reguladores deben verificar que cumplan con que el servicio se haga del modo más eficiente posible.
Los redactores del proyecto pensaron, por otra parte, que “para las generadoras de electricidad el esquema natural de precios hace que los más eficientes tengan la mayor viabilidad”; de allí que se descarten castigos para los más ineficientes, ya que eso “a la larga terminaría impactando en el precio”.
