Por Héctor Rubini Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la USAL
El viernes pasado los mercados cerraron su primera semana de pax cambiaria real y con la publicación por parte del FMI de un “Country Report” con los documentos relevantes para el otorgamiento del préstamo de U$S 50.000 millones a nuestro país.
El mismo, titulado “Request for Stand-By Agreement”, aprobado por dos funcionarios del FMI, Nigel Chalk y Daria Zakharova, detalla diversas medidas adicionales a las actualmente en curso para reducir el déficit fiscal. Varias de ellas, que venían siendo insinuadas por algunos funcionarios y luego desmentidas, se confirmaron este viernes con un documento que había sido aprobado el 13 de junio y que se mantuvo oculto de la opinión pública hasta este viernes.
Suspender hasta 2020 la puesta en vigencia de cláusulas de la reforma tributaria aprobada en diciembre por el Congreso Nacional que signifiquen menores ingresos.
Mantener las retenciones a las exportaciones de soja en 25,5% en el marco de este programa (acordado hasta 2021).
Reducir aún más los subsidios “ineficientes” al transporte y la energía.
Aplicar una baja de 15% en términos reales del gasto público en otros bienes y servicios, y continuarla en 2019.
Despedir empleados no prioritarios en 2018, y congelar las contrataciones de empleados públicos en 2019 y 2010 (salvo en universidades nacionales).
Aumento nominal del gasto salarial del Estado (salarios más beneficios no salariales) en no mas de un 8% (promedio) entre junio de 2018 y junio de 2019.
Reducir 15% las transferencias a empresas públicas en 2019.
Reducir por el equivalente a 1,2% del PIB las transferencias discrecionales de Nación a provincias y acompañarlas con recortes en gastos provinciales en salarios y en bienes y servicios.
Reducir el gasto en capital por el equivalente a 0,6% del PIB en 2019.
Reducir los gastos tributarios atados al Impuesto a las Ganancias sobre empresas,
Vender tierras y “amortizar” (liquidar) activos del FGS de la Anses para financiar parcialmente pasivos previsionales.
Las mismas se presentan en la página 10 del documento como un “compromiso” para implementarlas en el contexto del Presupuesto 2019. Compromiso sobre el cual no hay hasta ahora detalles ni de los funcionarios del FMI ni del Gobierno y, por tanto, carece hasta ahora de fuerza legal alguna. Quedará por verse si los gobernadores y legisladores aceptarán algo así. Por otro lado, el tema de las retenciones entró nuevamente al ojo de la tormenta, al igual que la suspensión o quizás derogación de la reforma tributaria que en estos meses recién se empezó a reglamentar.
Un capítulo aparte será en la práctica la reducción de gasto salarial en el Estado: ¿la tijera pasará por la planta permanente, o por los onerosos contratados de los últimos dos años y medio? ¿Se amagará con una suba ridícula de salarios, como el 8% inicialmente ofrecido a las FFAA, para dar marcha atrás pocos días después? Suena muy extraño que se hable ahora de una baja del gasto de $ 300.000 millones en 2019 en lugar de los $ 200.000 millones mencionados hasta el viernes pasado.
Lograr que los gobiernos provinciales adopten como propios los recortes que exige el FMI va a ser muy difícil. En materia de ajuste de gastos y de déficit, el núcleo del problema es, por lejos, el del Gobierno Nacional, no las provincias. Además, en los primeros 5 meses de este año las transferencias corrientes y de capital a las provincias representaron apenas 4,8% del gasto primario nacional. Respecto de igual período del año pasado, las transferencias corrientes cayeron 5,6% y las de capital, 21,9%. Pretender que los gobiernos provinciales reduzcan el gasto público suena casi infantil. ¿Qué gobernador aceptará hacerlo en un con esta reducción en curso de remesas de la Nación, en un período electoral, con una recesión que duraría no menos de un semestre, y en definitiva, por un acuerdo con el FMI que es fruto de una corrida cambiaria cuyo mal manejo no ha sido responsabilidad de las provincias, sino de las autoridades nacionales?
Afuera complejo
El contexto internacional, además cambió rápidamente en un mes. En junio las amenazas de Trump todavía eran tomadas “en solfa”, pero como observamos el viernes, se ha iniciado una andanada de aranceles discriminatorios, con represalias (y no sólo de China) que dificultará no sólo el financiamiento externo, sino el crecimiento de los ingresos por exportaciones. El Memorándum Técnico prevé un aumento de exportaciones de U$S 8.000 millones en 2018, pero en los primeros cinco meses crecieron U$S 1.644 millones respecto de igual período del año pasado. No es claro cómo lograr en 7 meses un incremento de U$S 6.356 millones, con demanda externa más débil. Al 14 de mayo la tonelada de soja cotizaba a U$S 372,2, a la fecha de este documento del FMI a U$S 340,1, y el viernes pasado cerró a U$S 299,1, y sin reversión a la vista.
El staff del FMI reconoce que un escenario externo más exigente pondría en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública, porque los mercados verían al programa del FMI como “una oportunidad para salir de activos de Argentina”, y conduciría a mayor depreciación de la moneda, más altas tasas de interés y menor crecimiento. Pero, sorprendentemente, considera que son menores los riesgos asociados a una caída en el precio de la soja (que es ya un hecho), cambios en la política arancelaria de socios comerciales (también), o un “debilitamiento de las economías de los vecinos de la región”.
¿Sin sobresaltos?
El contexto interno, más allá de acuerdos políticos, no asegura tampoco un sendero libre de sobresaltos. La estabilización del dólar se logra de la manera tradicional: muy altas tasas de interés, y restricción monetaria. La recesión está garantizada con este instrumento, no la baja de la inflación, dado que reducir subsidios a energía y transporte es, con otras palabras, subir el precio interno de los combustibles y las tarifas públicas.
El propio FMI reconoce, además, que ante una caída fuerte del crecimiento económico, se requiere una depreciación real del peso “significativa” -pero no aclara con números que significa ese adjetivo-. Ergo, con una inflación en el segundo semestre no sería inferior a 15%, para una depreciación real en serio, el FMI está apuntando a fin de año a un tipo de cambio sustancialmente mayor a los futuros a esa fecha con que cerró el Rofex el viernes ($32,70). Pensar en estabilizar expectativas inflacionarias, la incertidumbre de consumidores y empresas, con reactivación en serio (con suerte a partir del primer trimestre del año próximo), y reducción del déficit fiscal refleja insuficiente análisis, o voluntarismo.
Las medidas a tomar suenan a un enfoque que en su esencia sigue mostrando que el FMI, en lo esencial, es el mismo de siempre. Apunta a corregir desbalances externos y de cuentas fiscales con un enfriamiento de la demanda agregada, pero que no está acompañada por un programa de estabilización que combine lo básico: un programa monetario coherente con una política cambiaria claramente definida, y otro que defina un sendero de precios regulados y minimice la incertidumbre fiscal.
Y el FMI ha dejado constancia que flexibilizará exigencias de ajuste para asignar partidas a programas de gasto asistencial. Pero eso no cambia mucho: el mismo programa admite la necesidad de que el gobierno salga a buscar financiamiento en los mercados (interno y externo) por U$SS 17.000 millones en el 2° semestre de este año y otros U$S 30.000 millones el año próximo. Si no se estabiliza ni se reactiva el mercado interno, será difícil mostrar mejoras en serio de la recaudación ni reducciones de gasto público. El FMI lo admite en la página 29 del documento: “Hay riesgos adicionales asociados al fuerte compromiso político de las autoridades para realizar el ajuste que se necesita. La presión política sobre el gobierno, y posiblemente las divisiones sociales que crea (el programa) podrían ser considerables, particularmente en las etapas iniciales del programa. Si esto condujera a la incapacidad de implementar sus planes de política, entonces, no sorprendentemente, el marco en su conjunto no se sostendrá, y los resultados del programa se alejarán de los que pronostican en este documento”.
En otras palabras, si algo deja en claro este texto, no publicado durante un mes, es que el FMI dejará a la actual administración librada a su suerte: si pierde el manejo de las principales variables macroeconómicas en los próximos 18-24 meses, pero también si de acuerdo a su propia evaluación, los obstáculos políticos para su implementación tornen inviable su aplicación y continuidad. Algo que, guste o no, escapa por completo al control de las autoridades, y que va a ser monitoreado de manera permanente tanto por inversores locales como del exterior.
