Jorge Omar Castillo, responsable de Punta Mogote, uno de los tres predios que conforman la feria La Salada en Lomas de Zamora, fue detenido en junio de 2017 en el marco de una causa que investigaba una “asociación ilícita” dedicada a la extorsión de los puesteros ilegales montados en el Camino de la Ribera.
El empresario textil y administrador inmobiliario que se defendió a los tiros antes de ser apresado, ahora obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, y podrá volver a su casa en un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Luján.
La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora otorgó la prisión domiciliaria a Castillo, conocido como el "rey" de La Salada, y en efecto, esperará el juicio en su casa monitoreado las 24hs con tobillera electrónica.
La medida fue firmada este jueves por la Sala N° 3 de la Cámara. Los magistrados consideraron que, finalizada la etapa de instrucción de la causa, ya no hay peligros procesales que sostengan la decisión de mantenerlo detenido.
"Entendemos que disponer un arresto domiciliario con tobillera electrónica deviene ahora en una alternativa legítima y confiable", señala el fallo firmado por los jueces Martín González, Jorge Tristán Rodríguez y Tomás Bravo.
También tuvieron en cuenta para justificar la desición la edad de Castillo, que tiene más de 60 años, "cuenta con un grupo familiar con capacidades de contención" y "posee arraigo y domicilio fijo".
El mismo fallo ordena la confección de un informe al Servicio Penitenciario Bonaerense de la casa en la que residirá Castillo, para evaluar si están dadas las condiciones para el sistema de monitoreo. Según adelantaron fuentes del caso, esto puede demorar algunos días.
Castillo fue arrestado en una mansión en el country Haras Argentino Farm Club de Luján, después de permanecer atrincherado ante la llegada de la Policía, disparó dos veces con su pistola a través de la mirilla de una puerta blindada que dividía las habitaciones del resto de la casa. Uno de esos tiros le provocó heridas irreversibles en un ojo a un agente de la Bonaerense.
A finales de junio, la causa por asociación ilícita y tentativa de homicidio (por el ataque al policía) fue elevada a juicio.
“Yo vendía zapatos en Ocean y Urkupiña. Un día pasé por las viejas piletas y el dueño me dijo si no quería comprar el predio. Dibujé 1.000 puestos y los vendí a 3.500 dólares cada uno. La mitad en efectivo y la otra en cuotas. El 3% era para mí. Con eso compré más de 60 puestos”, explicaba Castillo sobre los orígenes de Punta Mogote, creada en 1999. Fue la última de las tres ferias instaladas sobre los márgenes del Riachuelo.
Su patrimonio por liderar la comercialización de indumentaria producida en los talleres clandestinos, también creció de forma exponencial. El vendedor de zapatos de Ingeniero Budge se transformó en un poderoso empresario con una trama de negocios ilegales, manejo de patotas y hasta cuentas offshore denunciadas en los Panamá Papers.
El ex titular de Punta Mogote declaró a la AFIP ingresos por alquileres y prestación de servicios en la feria por un monto cercano a los $ 100 millones en 2016, pero es prácticamente imposible conocer la suma de las ventas realizadas por los feriantes.
Durante una entrevista realizada un año antes, Castillo estimó que La Salada movía en 2013, al menos, $ 20 millones semanales y a esto hay que sumar la recaudación de los "trapitos" y la caja de las combis truchas que conectaban la feria con distintos puntos del Conurbano, también manejadas por la gente de Castillo.
Además de Castillo, cayó su hermano Hugo y su sobrino Adrián, implicados como líderes de otra de las bandas que manejaban la feria de dieciocho hectáreas que ocupa a orillas del Riachuelo.
El sociólogo Matías Dewey explicaba, en su investigación La importancia de La Salada, que “nada de lo que sucede en los mercados de La Salada se entiende si no se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos”.
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