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“Sólo el 50% de los trabajadores acceden a licencias”

Entrevista a José Florito, Programa de Protección Social del Cippec.

04-07-2016
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Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) sólo la mitad de los trabajadores y trabajadoras del país pueden acceder a licencias familiares y, entre aquellos que pueden hacer valer su derecho, rige una multiplicidad de criterios y normativas. Para José Florito, analista del Programa de Protección Social de Cippec y coautor de un reciente trabajo sobre el tema, es necesario reconfigurar el esquema de licencias otorgándoles un carácter universal y fomentando la coparentalidad en la crianza (en general, los varones pueden disponer sólo de dos días por paternidad). En diálogo con El Economista, Florito consideró que una modificación de ese tipo impactaría positivamente no solamente en el desarrollo de los niños, sino que ayudaría a conciliar la vida productiva con la reproductiva y contribuiría a socavar el mandato que le asigna a las mujeres la responsabilidad de las tareas hogareñas y de cuidado.

¿Cuál es el diagnóstico respecto a la situación de las licencias?

En Argentina existente tres tipos de licencias: por maternidad, por paternidad y licencias familiares, que son períodos de tiempo muy cortos ?tres, cuatro, cinco días máximo? ante la aparición de una necesidad de cuidado puntual, como puede ser por el fallecimiento de un familiar cercano, enfermedad de los hijos, etcétera.

El dato es que solamente el 50% de los trabajadores argentinos, varones y mujeres, acceden a las licencias. Esto porque los trabajadores que participan del mercado informal del trabajo ?que son aproximadamente 30%?, los autónomos y los monotributistas no acceden a este derecho reconocido por la legislación para las personas que están en relación de dependencia en el mercado formal.

En segundo lugar, dentro de ese 50% de personas que sí acceden a las licencias hay un panorama que se caracteriza por la fragmentación y la heterogeneidad. En primer lugar está la Ley de Contrato de Trabajo, que regula el trabajo privado, que establece un piso de noventa días por maternidad, que luego puede ser ampliado por los convenios colectivos de cada sector. Un hecho remarcable es que ese piso está desactualizado en la medida que luego Argentina adoptó la recomendación 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que lo mínimo recomendable para ese tipo de licencias es de 98 días. No hay recomendaciones internacionales para licencias de paternidad a las que Argentina esté adscripta, y se otorgan dos días en ese concepto.

Al interior mismo del empleo público también hay heterogeneidad, porque está el convenio de trabajo del empleo público que establece 100 días para licencia de maternidad y 5 días para paternidad y después 24 regímenes diferentes que regulan el trabajo público provincial.

¿Cómo creen que afecta el hecho de que el 50% de los trabajadores no pueda acceder a una licencia familiar?

Creemos que un esquema de licencias que sea universal, es decir, que llegue a todos los trabajadores independientemente de que trabajen en el sector formal o informal, de las jurisdicción en la que vivan o del sector productivo en el que trabajen, y que esté fundado en un enfoque de coparentalidad, es decir, que incentive las tareas de ambos géneros en las tareas de cuidado de los niños recién nacidos, tiene tres grandes ventajas. En primer lugar, porque es fundamental para el desarrollo infantil. En los primeros meses de vida se generan muchas conexiones neuronales y se desarrollan habilidades cognitivas, motrices, superiores, que son clave y que van a condicionar la posibilidad de bienestar futuro de las personas, y está demostrado que la presencia de personas que tengan un vínculo afectivo con el bebé es clave para el desarrollo de esas capacidades.

En segundo lugar, un esquema de licencia universal y fundado en la coparentalidad permitiría una mejor reconciliación de la vida productiva con la vida reproductiva. En Argentina, como en el resto de Latinoamérica y en buena medida del resto del mundo, las tareas reproductivas siguen estando casi exclusivamente asignadas a la mujer. Es una situación insostenible porque la mujer además de hacerse cargo de su hogar y su familia participa del mercado laboral.

En tercer lugar, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral a lo largo de a década del '60, '70 no se vio acompañada por una división más equitativa de las tareas intrahogar, sean domésticas o de cuidado. Eso, que algunas feministas llaman “la revolución estancada”, generó este subsidio que las mujeres hacen a la sociedad a través de la doble jornada, es decir, que trabajan remuneradamente, pero al mismo tiempo tienen todas estas responsabilidades de cuidado y de quehaceres domésticos por el que no sólo no reciben remuneración, sino que además son tareas que están invisibilizadas y que son fundamentales para el sostén de las sociedad .

¿Esta modificación de las licencias puede tener, entonces, impacto en el empleo femenino?

Absolutamente. Un régimen de licencias universal y coparental permitiría derribar el mito de que las mujeres son más caras. Si bien las licencias las paga la seguridad social y no el empleador, sigue existiendo el mito de que la mujer es más cara, y cuando el empleador va a buscar un perfil prefiere contratar a un hombre porque eventualmente la mujer puede quedar embarazada.

Esto tendría entonces un impacto muy fuerte en la participación laboral femenina yen derribar estos prejuicios que impiden una participación plena y equitativa de la mujer en el mercado de trabajo, que es clave para superar la pobreza. Los países nórdicos no sólo son ricos porque tienen buenos servicios, sino porque en los hogares tienen un doble ingreso gracias a políticas de cuidado que permiten a la mujer participar plenamente y conseguir un salario en el mercado de trabajo formal.

¿Las familias no tradicionales están contempladas de algún modo en los regímenes de licencias vigentes?

Ahí hay un vacío legal, dado que tanto la Ley de Contrato de Trabajo privado como el convenio colectivo de empleo público, que son los dos instrumentos legales más importantes, no se han actualizado y eso conlleva a una judicialización caso por caso. Entonces, habitualmente salen noticias de una pareja de dos mamás que quieren las dos licencia por maternidad o una pareja de dos papás que tienen este problema y siempre se soluciona judicialmente. Entonces, es necesario actualizar el concepto de familia en la normativa para evitar que esto sea un caso por caso que no sólo perjudica los derechos de la familias de composición LGBTI, sino también sobrecarga el sistema judicial con casos que tiene que solucionar el legislativo.

¿Estas modificaciones deben ir acompañadas de un cambio cultural?

Así es. Está muy arraigado el prejuicio de que las tareas reproductivas, hogareñas, son responsabilidad de la mujer. Entonces a nosotros nos parece que una política así permite informar el cambio cultural que se debe hacer para empezar a considerar a la mujer no como alguien que se tienen que quedar en el hogar cuidando a los chicos, sino como alguien que tiene la capacidad de elegir en qué destinar el tiempo, igual que el hombre. En las entrevistas nunca se les pregunta a los hombres cómo se las arreglan para ser papás y empresarios, en cambio cada vez que vez a una funcionaria o una empresaria en una nota la pregunta es “¿y cómo hacés con los chicos?”.

Es necesario avanzar en normativa, en legislación y en políticas que permitan derribar esta división cultural del trabajo que perjudica no sólo a las mujeres, sino a la sociedad toda, porque si no estamos aprovechando el enorme recurso que las mujeres significan en términos de participación en el mercado laboral nunca vamos a poder cumplir con las metas estratégicas de la agenda del desarrollo sustentable.

¿Según los cálculos de Cippec, qué gasto implicaría llevar a cabo la política sugerida?

La propuesta de Cippec para la universalización y ampliación del esquema de licencias plantea un escenario de mínima, otro de media y otro de máxima. La mínima implica universalizar la licencia por maternidad a 98 días y la de paternidad a 15. Asimismo, crear una licencia familiar de 30 días. Esto representaría una inversión total par el período 2016- 2020 de $21.699 millones (0,9% del PIB). En el escenario de máxima planteamos, además de la universalización de la licencia por maternidad a 98 días, ampliar la de varones a 30 días y crear una familiar de 60 días. Esto implicaría un gasto de $36.928 millones (0,23% del PIB).

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