El oficialismo ejerce presión en el Congreso con el objetivo de apurar el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados y llevarlo al recinto el próximo fin de semana. La Libertad Avanza comenzó los debates con una postura intransigente, que se vio quebrada en cuanto los bloques dispuestos a "colaborar" con el Gobierno (Unión Cívica Radical, PRO y Hacemos Coalición Federal) plantearon modificaciones a algunos artículos y rechazaron otros.
Las conversaciones en el Congreso encontraron trabas en torno a tres puntos claves de la iniciativa oficialista. La situación de minoría de LLA en el Legislativo y el viaje del presidente Javier Milei a Suiza generaron un escenario de suma complejidad que dificulta el alcance de un entendimiento entre las partes.
Reforma jubilatoria
Entre los artículos más discutidos de la Ley Ómnibus se destaca la eliminación de la Ley de Movilidad Previsional, la cual establece ajustes trimestrales al monto percibido por los jubilados para hacer frente a la inflación.
La reforma del sistema previsional es crucial para la meta del ministro de Economía, Luis Caputo de lograr el déficit cero. Por eso, el proyecto de Milei establece que se faculte al Ejecutivo a determinar una nueva fórmula automática de ajuste. Mientras tanto, el Gobierno impulsaría aumentos por decreto, pero el texto no define cada cuánto ni con qué criterios se fijará el monto.
Desde la oposición, no se acepta la eliminación de la fórmula dado que, según argumentan, es la única garantía de que la jubilación se actualice automáticamente. Además, el efecto social que tendría esa propuesta es difícil de digerir para los aliados de LLA, incluso para el PRO.
"Los jubilados perdieron el 50% de poder adquisitivo con la fórmula del gobierno anterior. Hay que cuidar la eficiencia del gasto, pero que garanticen al menos que no van a perder con la inflación", dice uno de los encargados de la UCR de llevar adelante las negociaciones.
En esa línea, Karina Banfi, diputada de la UCR, expresó: "Nosotros no vamos a acompañar que los jubilados sean quienes hagan el ajuste de aquello que necesita hoy el Gobierno nacional para equilibrar la economía".
Tanto radicales como diputados del PRO sospechan que está modificación podría tener un efecto negativo sobre la "pirámide" previsional, ya que se "achataría" la diferencia entre los que menos ganan y los que cobran haberes más altos.
"Nuestro partido tiene una mirada sensible con los jubilados, no hay forma de pensar que el Congreso pueda sancionar y la reforma salga sin fórmula provisional", sentenció Pablo Juliano, diputado de la UCR.
Delegación de facultades
El proyecto declara la emergencia pública en 11 materias hasta el 31 de diciembre de 2025. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por el plazo máximo de dos años. En ese periodo, se establecería la delegación de facultades legislativas al presidente en las mencionadas materias a las que se declaró en emergencia.
Este artículo sigue siendo uno de los más controvertidos. "El control de la suma del poder público está fuera de la caja democrática", dijo el diputado por Unión por la Patria, Daniel Arroyo.
La propuesta de los bloques dialoguistas es que la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo no sea superior a un año, con la posibilidad de renovarlas otro más, previa autorización del Congreso.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó en el plenario de comisiones que el oficialismo había recibido "comentarios" al respecto y que los estaban "considerando para incluirlos en la versión final" del proyecto.
Aumento de retenciones
El proyecto de Milei propone fijar una tasa de exportación general, tanto para el campo como para productos industriales, del 15%. Así, se elevarían todas las retenciones de granos a esa cifra, incluyendo, salvo excepciones puntuales, a las economías regionales que, hasta ahora, habían estado excluidas en su mayoría.
Los gobernadores de JxC se plantaron contra este aumento y empujaron a los bloques dialoguistas a rechazar la propuesta. Los mandatarios provinciales se quejan de que el efecto negativo de la iniciativa en las actividades productivas, señalando que distorsionan la capacidad de esos sectores y "atentan" contra las exportaciones.
Si bien respaldan la necesidad de desregular la economía, alcanzar el equilibrio fiscal y cumplir la meta de superávit fiscal primario que acordó con el FMI, también rechazan que el "ajuste" recaiga sobre los derechos a la exportación.
"Estamos para votar la ley, pero tienen que entender que nuestros legisladores del interior no pueden votar las retenciones a las zonas productivas", avisan los "halcones" del PRO.
¿Cómo avanza la Ley Ómnibus?
LLA es minoría en Diputados, por lo que el oficialismo deberá llevar adelante grandes gestos con los bloques dialoguistas para lograr sus objetivos en el Congreso.
Desde Hacemos le advirtieron al presidente de la Cámara, Martín Menem, la necesidad de llegar al recinto con un dictamen "ordenado". De lo contrario, aseguran, la sesión se volvería "impredecible".
Por eso, le propusieron tomarse el fin de semana para avanzar en acuerdos, dictaminar el martes de la semana que viene y llevar el tema a votación en el recinto el jueves, un día después del paro de la CGT con movilización al Congreso. Sería el jueves 25, la fecha originalmente planteada por LLA.
Pero en el entorno de Menem insisten en sesionar "lo antes posible" y aceleran reuniones.
La situación es crítica porque las bancadas de la UCR y Hacemos amenazan con firmar dictámenes propios si no hay un entendimiento. Sería un dictamen que deja la mitad de los temas del proyecto original afuera.
LLA necesita que los dialoguistas al menos firmen en disidencia porque, de lo contrario, el dictamen del Frente de Todos podría convertirse en el mayoritario y ser el primero en tratarse en el recinto: la sesión podría tornarse inmanejable.
Aun así, desde Suiza el presidente continúa alentando las presiones para que Diputados apure el debate sobre la Ley Ómnibus. A más tardar, la sesión podría llegar el martes.
Los cambios
El Gobierno estaría dispuesto a hacer modificaciones en lo referido a jubilaciones para que los haberes tengan un reaseguro ante el aumento del costo de vida. Se verá si para las bancadas amigables la nueva letra chica es digerible.
El otro cambio que aceptaría el Gobierno está en el capítulo de retenciones. Aunque no quieren modificar porcentajes, aceptarían sacar del proyecto a algunas actividades que en la iniciativa original quedaban alcanzadas y agregar otras para compensar la recaudación.
Además, el Gobierno estaría dispuesto a reducir las facultades extraordinarias de cuatro a dos años.
El oficialismo no quiere sacar de la ley el capítulo de la reforma electoral, pero entienden que es una prenda de negociación, en caso de que sea el último impedimento para conseguir los votos que necesita de los aliados.
Tras los reclamos de los gobernadores patagónicos, el ministro del Interior había adelantado cambios en materia pesquera. Ahora se confirmó que se mantiene la la obligación de desembarcar en Argentina; se aclara que el sistema de licitaciones no va a ser internacional; y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local.
Jubilaciones
La reforma jubilatoria era uno de los temas en los que la oposición puso más resistencia. Las opciones que quedaron en pie son quitar el artículo de la Ley Ómnibus o bien, como deslizaron algunos gobernadores, atar los aumentos a la inflación.
La oposición no acepta que se elimine la fórmula de movilidad y se deje a discrecionalidad total de Milei el aumento por decreto. Por eso proponen que se incluya cláusula de un mínimo de ajuste por inflación. Esperan una oferta "razonable" y están abiertos a discutir opciones. Hasta ahora no hay confirmación de que el Gobierno tomará la propuesta opositora. Sí aceptaron quitar de la mesa la propuesta inicial, donde se manejaban los aumentos de manera arbitraria desde el Ejecutivo.
