"La corrupción mata" fue y es, una síntesis de las dramáticas consecuencias de la declinación moral de quienes, en aquellas instancias, administraron al Estado.
La Tragedia de Once disparó con fuerza la idea. La verdad del "roba pero hace" aparece cuando le quitamos la máscara a la "obra" y la sometemos al paso del tiempo: es que "No puede...el árbol malo dar frutos buenos": Mateo 7, 18.
Si el cohecho es el que define una decisión, en ese caso, sólo por casualidad se pueden evitar las probables consecuencias negativas.
La acumulación de malas decisiones, sea disparadas por corrupción, sin fundamento, o sea ejecutadas sin correcta evaluación de sus consecuencias, nos han encaminado a demasiada destrucción.
No vale la pena hacer nombres, recordar hechos o gobiernos porque viene surtido en las últimas décadas.
Hicieron falta muchos muertos en un escenario imposible de ser invisibilizado como la Estación Once, y muchos ciudadanos comprometidos con la justicia, para que "la Justicia" no renunciara a juzgar y sancionar a los responsables. Pero ocurrió.
¿Aprendimos la lección?
F. Olivera (La Nación) reveló "corrupción" para "saltar la cola" de dólares a precio oficial. "Saltar la cola" fue la calificación exculpatoria de A. Fernández para minimizar "su vacunatorio vip".
¿Frente a esta debilidad moral, reglas, control del cumplimiento y sanción por su violación, pueden ser un antídoto?
Pero ¿qué hemos hecho para la robustez técnica de las decisiones públicas y - en última instancia - la moral de las mismas?
Una condición necesaria, aunque no suficiente, es conformar una administración del Estado integrada por una burocracia formada, comprometida con una carrera que consagre el mérito. ¿Estamos tratando de hacerlo?
Viene a cuento, en estas horas de narcotráfico, la mención de los hermanos Zacarías. A uno de ellos, lo recordamos en la TV, de baja estatura, canoso, en todos los actos de Cristina Kirchner, cuando le ponía los papeles sobre el atril, la botella de agua. Su hombre de ceremonial. M. S. de Cubría procesó a dos de los cuatro hermanos Zacarías, por su vinculación con la efedrina. De los cuatro, dos estaban en la Rosada y uno con José Granero. Desconozco el resultado final.
¿Qué quiere decir? Simple: ¿cómo se conforman, en cada gestión, las personas que cerca del poder generan "influencia"? Y, en todo caso, por qué la "influencia" importa en el trámite de las cosas públicas, de la efedrina al dólar oficial. La "influencia" salta la cola.
Una burocracia sólida, y una Justicia proba y expedita, cazarían en el aire al que está por saltar la cola.
Desaparecer la "influencia", un problema cultural, moral, no es fácil.
Pero fortalecer la burocracia profesional y exponer día a día la Justicia, es una decisión política posible. Sólida, si fuera fruto de un un consenso de la política y las organizaciones sociales, acerca de cómo integrar la Administración.
Un consenso posible, sentido común, por ejemplo emular al Estado francés. Llevará años.
Pero se trata de empezar porque es urgente y todo lo urgente es porque sentimos que "es tarde".
Los acontecimientos (Rosario) nos dicen que lo es.
La urgencia ha quedado revelada de manera brutal por la ausencia militante del Estado que necesitó de la locura del narcotráfico -una cara de la corrupción en la cosa pública- para que el escenario de la marginalidad ocupe las pantallas de la televisión.
Allí navegan las consecuencias de la exclusión social que la pobreza siembra.
A la vista de todos la consecuencia de la "privatización del Estado": todo parece señalar que los "narcos" controlan territorios y luchan por el control de esos territorios en los que el Estado no está.
O en los que no está el Estado moral, sino la apariencia de aquello que creemos es la presencia del Estado.
Pero que -en realidad- es el uso de los recursos públicos para atentar contra el bien común: privarnos del Estado que los ciudadanos sostenemos para que provea el Bien Común.
¿Narcos asociados a policías, o personal de la justicia, o funcionarios de la administración, o miembros de la vida política? Algunos sospechados de complicidad activa o pasiva. En definitiva recursos del Estado atentando contra el bien común.
Por ejemplo ¿cuál es el bien social que custodia, desde el servicio penitenciario, M.L.G. de Rébori, cuando permite celulares en las cárceles y no su bloqueo o la escucha de los mismos? Es sólo una regla que decide el servicio penitenciario de consecuencias catastróficas.
La consecuencia principal de la corrupción, de la incapacidad de ponderar las consecuencias, de la ausencia del motor del Bien Común, de privarnos del Estado tal como debe ser y de, en definitiva, sólo mantener las apariencias de un Estado, es lo que ha generado el mayor y más difícil daño de reparar en la estructura social: la pobreza.
La medición estadística de 1974 nos certificó lo que era obvio a los ojos de todos los argentinos: éramos una sociedad de pleno empleo o preocupada por sostener ese objetivo prioritario como eje de la política económica; la realización continuada del Producto Potencial, es decir, políticas para impedir la abundancia de la capacidad ociosa.
La propuesta de largo plazo fue, durante largo tiempo, el incentivo a la inversión generadora de empleo.
Las consecuencias fueron densidad y amplitud de las clases medias y elevadísima movilidad social individual y colectiva.
Eran posibles de proyectos individuales y la pobreza no superaba el 4/5% de la población. Pobreza en tránsito. No en una "playa de estacionamiento" como definió Juan Carlos Torre.
Fueron 45 años continuados de "la misma política de Estado" porque todos gobiernos desde 1930 articularon la estrategia de pleno empleo.
Exitos y fracasos, mayores y menores velocidades, los números están allí.
Hubo en ese período, no al principio, sino al final (1964/74)-lo que revela la potencia de la herencia- una década entera en la que todos los años creció el PBI, crecieron las exportaciones, particularmente las manufactureras, y también los salarios reales y mejoró la distribución del ingreso.
Ese resultado no fue el de un partido, ni una corriente dominante; salvo brevísimas excepciones, hubo consenso sobre los objetivos y los instrumentos de política económica. : una hoy anhelada política de Estado implícita.
El abandono explícito de esa "política de Estado" y su sustitución por la continuidad de "atraso cambiario", como ancla antiinflacionaria y al mismo tiempo "apertura económica" irreflexiva, conformó repetidamente un combo fatal para "disciplinar", por baja de cortina, a empresarios y trabajadores, acompañado de ingenierías monetarias y fiscales (tablita, Plan Bonex, convertibilidad, corralito, corralón, etcétera) sostenidas por el endeudamiento externo entusiasta y la atracción de dólares, con un seguro de cambio implícito a costo cero, y tasas extravagantes en pesos para aquellos que transformaban dólares a pesos y lograban, al retornar a la moneda de origen, intereses impensables en dólares.
No fue una vez sino todas las veces en las que, la ingeniería de la estudiantina, lograba "estabilidad del tipo de cambio" mientras la economía real aterrizaba en tirabuzón desparramando puestos de trabajo y sembrando la pobreza.
No fue un fenómeno extraterrestre y no se puede decir que no hayan avisado.
El 18% de desocupación en 1995, que permitió celebrar la estabilidad de precios a base de anfetamina, inauguró una pobreza que, desde entonces, no bajó de aproximadamente 25% de la población y que, si la calculamos en número de personas -ya que son las personas las que la sufren- la tasa acumulativa que va de los 800.000-1 millón de 1974 a los aproximadamente 17 millones de hoy, es de 7% anual acumulativo: tasas chinas de crecimiento de la pobreza en una economía estancada.
Hizo falta la Tragedia de Once para que surgiera la conciencia que "la corrupción mata".
Ha hecho falta la tragedia de Rosario, la rebelión que llevó a quienes conviven cada día con los "transa" y han visto morir a sus hijos asesinados por las luchas de bandas narcos, para tomar conciencia de que "la pobreza también mata".
No sólo a los que mueren por accidente en el reino de la balaceras, o los que mueren en la lucha entre bandas. Todos ellos mueren en el escenario de la pobreza y la marginalidad.
Pero la pobreza está matando la posibilidad de vivir en el Siglo XXI a 60% de nuestros niños menores de 14 años. Si sobreviven estarán muy atrás. Viajan en vagones desenganchados del progreso y su destino no es el futuro.
El Gobierno, igual el anterior, y las organizaciones sociales, en el mejor de los casos, trabajan un sistema de paliativos.
No es posible -asumamos la correcta asignación de los beneficios- usar ese dinero para resolver problemas fiscales.
Y al mismo tiempo sabemos que esa política no resuelve nada. Que es una prórroga. Un patear para adelante.
¿Y entonces?
Si logramos un consenso para la administración del Estado, tal vez, la corrupción y las influencias, tengan un límite gracias a un sistema de censores que impida su continuidad.
Si logramos un consenso que establezca que la solución de la pobreza de los niños, no requiere necesariamente la solución de las condiciones de pobreza de los padres, y que es posible avanzar dramáticamente en ese campo, copiando lo que han hecho otros países, incluso el nuestro, resolviendo esos problemas básicos con recursos del Estado y programas de incentivos al sector privado, tal vez -generando conciencia de la gravedad de lo que estamos viviendo- podemos terminar con el drama de que "la pobreza mata".
El principio de responsabilidad de H. Jonas nos invita a obrar de modo que los efectos de nuestra acción sean compatibles con una vida auténticamente humana. Llevado a la política actual, Jonas, nos sugeriría que
corrupción y pobreza, deben ser prioridad de un consenso de responsabilidad sobre la permanencia de la democracia.
La corrupción y la pobreza matan una vida digna y democrática. En esa comprensión no debería haber grieta.
