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Análisis

El Mega-DNU de Milei: no vaya a ser que por descuidar las formas se pierdan políticas necesarias para el país

El hecho de que el Presidente haya optado por un DNU en lugar de seguir el proceso legislativo plantea dudas sobre la urgencia real de estas reformas y sus implicaciones a largo plazo.

Javier Milei, con parte de su Gabinete.
Javier Milei, con parte de su Gabinete. .
Alejandro Cacace 26 diciembre de 2023

Como ciudadano argentino comprometido con el bienestar de nuestro país, estoy de acuerdo en términos generales con el contenido del Decreto 70/2023, que establece las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Este decreto, que busca impulsar reformas orientadas hacia la desregulación económica y la promoción de la competencia en el mercado, es un paso en la dirección correcta para encaminar nuestra nación hacia un futuro económico más próspero. 

Por otro lado, no puedo ignorar la preocupación que siento al ver que estas reformas tan necesarias se implementan a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en lugar de seguir el proceso democrático y constitucional de enviar un proyecto de ley al Congreso para su debate y aprobación. Los DNUs debieran ser herramientas frente a una genuina urgencia e imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Claramente, esas circunstancias excepcionales no se configuran en el caso, cuando el Congreso acaba de estrenar su nueva composición, ha elegido sus autoridades y espera activamente la convocatoria a sesiones extraordinarias por el Presidente.

El contenido del DNU 70/2023 merece un análisis detenido. Las reformas que se proponen son consistentes con los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional, que valora la competencia como un elemento esencial para una economía saludable y dinámica. La desregulación económica puede desencadenar una serie de beneficios, desde la promoción de la inversión hasta la estimulación de la innovación y la creación de empleo.

Uno de los aspectos más destacados de este decreto es su enfoque en la eliminación de barreras burocráticas innecesarias y la simplificación de procesos que han obstaculizado la actividad empresarial y el crecimiento económico en el pasado. Esto debería alentar a más emprendedores y empresas a participar en el mercado, lo que a su vez podría traducirse en una mayor competencia y, en última instancia, en mejores opciones y precios para los consumidores.

Además, el decreto incluye medidas específicas para fomentar la inversión, que es un factor crucial para impulsar el crecimiento económico sostenible. La promoción de la inversión nacional e internacional puede generar un flujo de capital importante hacia Argentina, lo que puede traducirse en oportunidades de empleo y desarrollo en diversas industrias.

La desregulación económica puede abrir la puerta a la inversión, la innovación y la creación de empleo. Al eliminar barreras innecesarias y fomentar la competencia, se crea un entorno propicio para que las empresas prosperen y los consumidores se beneficien de precios más bajos y una mayor variedad de productos y servicios.

Es también crucial que se ejecute un control adecuado para evitar abusos y garantizar que estas reformas no conduzcan a prácticas empresariales desleales o a la concentración excesiva de poder en manos de unos pocos. La supervisión y regulación efectivas son esenciales para mantener un equilibrio entre la promoción de la competencia y la protección de los intereses de la sociedad en su conjunto.

Aunque apoyo el contenido del decreto, no puedo dejar de cuestionar la forma en que se ha dictado. Este es un dilema que a menudo enfrentamos como sociedad: el equilibrio entre la necesidad de tomar medidas rápidas y eficaces para abordar los desafíos económicos y la importancia de mantener un proceso democrático y participativo en la toma de decisiones.

Es importante recordar que el uso de DNUs debe ser la excepción y no la regla, ya que socava la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que es fundamental para nuestra democracia. El Congreso, como representante legítimo del pueblo argentino, debe ser el lugar donde se debatan y aprueben las reformas económicas significativas, permitiendo un escrutinio adecuado y la participación de todos los sectores de la sociedad.

El hecho de que el Presidente haya optado por un DNU en lugar de seguir el proceso legislativo plantea dudas sobre la urgencia real de estas reformas y sus implicaciones a largo plazo. ¿Por qué no se buscó el consenso a través del Congreso? ¿Por qué no se permitió un debate público más amplio sobre estas medidas cruciales?

En resumen, el Decreto 70/2023 establece un camino importante hacia la reconstrucción económica de Argentina, al promover reformas que estimulan la desregulación económica y la competencia en el mercado. A pesar de las preocupaciones sobre la forma en que se ha promulgado este decreto, no podemos dejar de reconocer la importancia del contenido y el impacto que puede tener en nuestra economía. Es tarea de todos los argentinos garantizar que estas reformas se implementen de manera justa y equitativa, y que se mantenga el compromiso con los principios democráticos que sustentan nuestra nación.

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