Una cuestionable conducta de la dirigencia política argentina es intentar modificar las reglas electorales poco antes de llevarse a cabo las elecciones. Esto sucedió con la propuesta de eliminar las PASO, instalar el voto electrónico o utilizar la boleta única de papel, entre otras. Dado que en 2025 se renovarán los cargos legislativos, es ahora, en este período parlamentario, cuando deben debatirse los cambios legales.
Sobre el particular, una de las cuestiones más discutidas es la influencia de las redes sociales en los procesos electorales.
En este punto, la normativa argentina es bastante superficial y regula básicamente aspectos muy elementales de las tecnologías de la información y la comunicación. En efecto, la última reforma al Código Electoral y a la legislación sobre partidos políticos, que se llevó adelante durante la presidencia de Mauricio Macri, se limitó a establecer una reducida cantidad de medidas.
Por ejemplo, se contempla la existencia de un registro oficial de las cuentas de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de los candidatos y autoridades políticas.
Asimismo, se fijan pautas sobre la inversión en publicidad digital, procurando fomentar a los medios electrónicos nacionales y provinciales que generan contenidos periodísticos. También se determina el período en el cual puede realizarse difusión proselitista en los tradicionales medios de comunicación y también en Internet. Por último, la normativa establece que la Cámara Nacional Electoral difunda mensajes institucionales de formación cívica y educación digital orientada a informar sobre cuestiones relacionadas con las elecciones y a concientizar a la ciudadanía acerca del uso responsable y crítico de la información política disponible en Internet.
En el debate parlamentario se escucharon voces que planteaban avanzar más decididamente en la regulación de estos temas, expresando, por caso, que era necesario atenuar la influencia que ejercían las grandes plataformas y redes sociales en los procesos electorales a través de la viralización de las fake news, o la publicidad direccionada a determinadas audiencias por medio de la Inteligencia Artificial. Ninguna de estas iniciativas prosperó, entre otras cosas, porque se argumentó que podría verse afectada la libertad de expresión.
En este contexto, resulta de particular interés hacer una breve referencia a la reciente modificación de la legislación electoral realizada en Brasil, en donde se regulan diversos aspectos de esta temática.
En un trabajo publicado por Ina Jost, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, se analiza la cuestión. Allí se señala que la nueva normativa regula la utilización de la Inteligencia Artificial en campañas electorales, exigiendo el etiquetado explícito cuando se utilice esa herramienta.
En ese orden, se determina que las piezas de audio y video deben ir acompañadas de un aviso previo sobre el uso de la tecnología y obliga a utilizar marcas de agua y audiodescripción en imágenes y videos.
En la misma orientación, prohíbe específicamente el uso de deep fakes, concepto que define como "contenido sintético en formato de audio, video o combinación de ambos, que haya sido generado o manipulado digitalmente, incluso con autorización, para crear, reemplazar o alterar la imagen o voz de una persona viva, fallecida o ficticia".
Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva legislación es el referido al rol de las plataformas. Modificando el criterio establecido en el Marco Civil de Internet y en la propia normativa electoral, se consagra la responsabilidad civil y administrativa de estas empresas cuando no eliminen inmediatamente contenidos considerados como casos de riesgo. Entre ellos, conductas antidemocráticas, difusión de desinformación, amenaza a la integridad de las instituciones y sus servidores, discurso de odio e incumplimiento de la obligación de etiquetar contenidos de inteligencia artificial.
Esta polémica determinación generó numerosos debates en la literatura especializada y en los actores políticos, sociales y empresariales de Brasil.
Desde luego, se trata de un tema muy polémico. Precisamente por ello debe ser debatido sin dilaciones por nuestros diputados y senadores. No elaborar una legislación es, paradójicamente, una forma de regular. Por caso, permitir que las pautas que rigen los procesos electorales queden en manos de un pequeño puñado de grandes empresas.
