La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, la que fue constituida días atrás en acuerdo entre la gran mayoría de las bancadas, tiene como objetivo inmediato la redacción de una nueva Ley de Alquileres sobre un eje central: atender la emergencia.
Para ello, trabajará fundamentalmente sobre dos aspectos en las rondas de conversaciones informales previas quedaron en relieve: por un lado los plazos del contrato (la ley actual prevé tres años) y por el otro los mecanismos de actualización de los montos que según la ley vigente combina inflación y salario.
Actualmente existen cerca de 45 proyectos de ley en torno a la regulación del mercado de alquileres, pero en la comisión que está encabezada por Cecilia Moreau y la radical Carla Carrizo, hay consenso para avanzar con aquellos con los que atienden los puntos urgentes.
En ese marco, quedan afuera (al menos de momento) la posibilidad de avanzar sobre iniciativas como la del gravamen a la vivienda ociosa. Fuentes legislativas aseguran que el “sueño de la casa propia” y una verdadera política de acceso a la vivienda no se solucionará con las modificaciones que se podrían establecer en las próximas semanas, máxime en una economía de altísima volatilidad y que prevé para este año un piso de 60% de inflación.
En el esquema planteado para llevar adelante la discusión se espera que haya tres sesiones informativas, (una de ellas seguramente se realizará por zoom para garantizar la voz de los actores del sector del interior del país), y se espera poder dictaminar entre los días 26 y 27 de este mes. La premura en el calendario autoimpuesto por los legisladores está directamente relacionada con la necesidad de destrabar la “parálisis” que mantiene hoy el mercado inmobiliario y atender un conflicto urgente buscan garantizar el acceso a la vivienda para los inquilinos pero preservando el interés de los propietarios.
Fuentes de la comisión aseguraron ante El Economista que uno de los aspectos sobre los que hay dudas son los mecanismos para establecer los montos. Algunas propuestas como las del diputado de Río Negro, Agustín Domingo busca dejar liberado al acuerdo entre las partes el valor, pero hay quienes creen que se debe establecer parámetros.
Todavía persisten regulaciones de la década de los 90' que impiden la indexación de los contratos, aspecto que también podría ser materia de debate en los próximos días.
Si bien no hay cifras fidedignas se estipula que hay cerca de 5 millones de contratos de alquiler y un universo de 8 millones de inquilinos. Existen dos grandes grupos: por un lado el alquiler para familias, y por el otro el alquiler para jóvenes estudiantes que se desplazan a las ciudades con universidades, como Córdoba, Tucumán, Rosario o La Plata.
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Al mismo tiempo se calcula que solo 1 de cada 10 contratos que se celebran se registran en AFIP, lo que no solo tiene un impacto negativo sobre las arcas del Estado si no que dificulta la tarea regulatoria y legislativa, dado que los diputados y senadores estarían sancionando una ley solo para un universo de 10% de los alquileres.
Otro punto que se conversa en el marco de la comisión es que son muchas las familias que buscado preservar sus ahorros invirtiendo en inmuebles y que el alquiler de estos son utilizados en muchos casos para completar ingresos corrientes.
En la Cámara Baja son muchos los actores que entienden que la vigente está “demonizada”, y que de los 24 artículos que contiene, solo están en discusión dos. Ayer, la referente del massismo Marcela Passo sostuvo que la idea no es que “prevalezca un proyecto por sobre otro. Nuestra responsabilidad es propiciar una nueva ley que logre ser una herramienta para solucionar los problemas de la gente. Construir acuerdos para la salida de esta situación tan compleja para inquilinos y propietarios".
