La forma con la cual Nayib Bukele, presidente de El Salvador, habría acabado con la violencia en su país ha pasado ya a ser un modelo para todos los países latinoamericanos. Mano firme, nuevas cárceles, estado de sitio e intervención del Ejército. No solamente Bukele habría logrado hacer de El Salvador un país seguro, sino que también él se habría convertido en uno de los presidentes más populares del mundo.
Según los recientes sondeos, casi 90% de salvadoreños aprueba su gestión. Entre todos los líderes mundiales, solo Volodimir Zelenski sería más popular que él. El mayor mérito que les reconocen los salvadoreños es de haber acabado con la violencia en el país.
En 2019 El Salvador era el quinto país más peligroso del mundo. Su tasa de homicidios era de 37 habitantes cada 100.000, casi cinco veces más que en Argentina. Ese mismo año Bukele fue electo presidente y hoy, según afirma él mismo, el país tendría una de las tasas de homicidios más bajas de América.
Estos datos ilusionan los salvadoreños y los latinoamericanos. Por fin: un presidente electo de forma democrática habría encontrado la forma de solucionar el problema de la violencia típica de Latinoamérica.
Sin embargo, muchos de sus admiradores olvidan decir cómo Bukele ha logrado terminar con la violencia. No se trata de un detalle.
Entender lo que ha pasado en El Salvador llevaría muchos a reconsiderar su admiración hacia él.
Es un secreto a voces que, en 2019, poco antes de ganar las elecciones, Bukele había logrado acordar con las pandillas de El Salvador. El futuro presidente pedía una disminución de la violencia en el país y, a cambio, las pandillas obtendrían mejores condiciones de vida en la cárcel y beneficios económicos para todos los pandilleros. Era un trato que venía bien a las dos partes, quizás aún más al futuro Presidente que, ganadas las elecciones, iba a poder presentarse como el presidente capaz de disminuir la violencia en el país.
El éxito del trato con las pandillas fue cosechado poco más tarde. En 2021, gracias a la percepción de seguridad brindada por el Gobierno, Bukele ganó de forma contundente las elecciones legislativas y logró conquistar la mayoría en el Parlamento.
Sin embargo, en pocos meses el pacto empezó a quebrarse.
La fiscalía indagaba sobre la evidencia de que miembros de la administración Bukele visitaban de forma regular las cárceles y tenían reuniones con los líderes de las pandillas. El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones económicas a exponentes del Gobierno que negociaron en las cárceles con los líderes de las tres pandillas. Mientras, los miembros de la fiscalía que indagaban fueron apartados.
Luego, a finales de marzo de 2022, el pacto se quebró definitivamente. La policía había capturado a tres lideres de una pandilla y el Gobierno se negaba en liberarlos. La respuesta de la pandilla fue terrible. Solamente en un día, el 26 de marzo, se registraron 62 homicidios en el país. Un número enorme para un país que cuenta solamente con 6 millones de habitantes. Frente a la ruptura del pacto y la posibilidad de que algún líder de las pandillas pudiese relevar más detalles del acuerdo, la reacción de Bukele fue terminar con las pandillas.
El presidente pidió al Parlamento votar la instauración de un régimen de excepción, es decir, un estado de sitio. La medida fue aprobada con 67 votos a favor sobre un total de 84. Desde ese momento quedaron suspendidos derechos básicos para los salvadoreños.
Como informa Human Rights Watch, para todos los salvadoreños quedaron suspendidos los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención y a la representación legal, y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez en las 72 horas posteriores a su detención.
Es decir que, hoy en día, la policía puede arbitrariamente detener cualquier salvadoreño sin informarlo del porque ha sido detenido, sin que pueda comunicarse con un abogado y sin la garantía de que aparezca frente a la justicia. Es normal sospechar que en la cárcel haya personas detenidas arbitrariamente y que no han tenido ni tendrán un proceso.
El régimen de excepción fue declarado inicialmente solo por un mes, pero luego ha sido aplazado cada mes hasta la fecha de hoy. Es decir que El Salvador ha suspendido su Constitución por un año. Pero, considerando que ahora El Salvador sería un país seguro, el Gobierno no tendría motivos para seguir renovando el régimen de excepción. La sospecha es que el régimen de excepción sea útil al Presidente para poder justificar su relección en 2024, algo que la Constitución no prevé.
Deberíamos preguntarnos hasta qué punto un país puede soportar que un presidente pacte con las pandillas primero y, luego, suspenda los derechos básicos que definen una democracia. El riesgo que corre la sociedad salvadoreña es que, para ganarle a la violencia, se termine socavando el Estado de Derecho que garantiza el orden democrático.
De ser así sería una victoria pírrica.
Sin darse cuenta los salvadoreños podrían pasar de tener miedo a las pandillas a tener miedo al Estado.
En definitiva, el modelo de El Salvador no aparece ser tan atrayente como aparece. La mejor forma para el Estado es ganarle a la violencia usando todas las herramientas dentro de la ley y del orden democrático. No se trata de elegir entre democracia y violencia, sino de bajar la violencia adentro de la Constitución. Con firmeza, pero respetando el Estado de Derecho.
