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Pandora Papers
ICIJ

¿Servirán para algo los Pandora Papers?

Pandora Papers pareciera asociar directamente a todos los denunciados con la evasión tributaria o la apropiación ilegal de fondos y su ocultamiento

Héctor Rubini Héctor Rubini 03-10-2021
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Ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó más de 11 millones de documentos sobre inversiones en paraísos fiscales, con un tajante subtítulo en su página web: “Los Pandora Papers revelan el entramado de una economía en las sombras que beneficia a los ricos y bien conectados a expensas de los demás”. 

Según el informe, el estudio jurídico panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (ALCOGAL), presidido por el exembajador Jaime Alemán, creó unas 3.926 financieras offshore para sus clientes y 312 en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del banco Morgan Stanley. También se lo presenta como el de más vinculaciones con clientes de España y de América Latina y habría asesorado a varios involucrados en el FIFAgate y el caso Odebrecht.

Los investigados son de más de 300 políticos (algunos en funciones), empresarios, deportistas, artistas, miembros de familias reales, líderes religiosos, narcotraficantes y estafadores de más de 200 países y territorios, poseedores de unas 29.000 cuentas offshore. 

La mayor parte de compañías creadas en los paraísos fiscales investigados son de titulares de Reino Unido (3.936), Rusia (3.698), Hong Kong (2.104), República Popular China (1.892), Argentina (1.448), Brasil (1.407) y Ucrania (1.378). En cuanto a los beneficiarios relevados, la mayoría son de Rusia (4.437), Reino Unido (3.501) y Argentina (2.521).

Según ICIJ, el material de la investigación se empezará a conocer en detalle en el curso de esta semana. La tarea fue un sondeo de documentación supuestamente “secreta” de 956 sociedades en 14 centros financieros offshore. 

El objetivo de los periodistas pareciera ser el de transparentar los patrimonios ocultos de políticos y otros personajes sospechados de ser mal habidos. Alrededor de 2/3 de la evidencia proviene de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Pero también se mencionan a otras que operan en Seychelles, Hong Kong, Belice, Panamá, Chipre, Suiza, Luxemburgo, Puerto Rico, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, islas Caimán, Bermudas, .Vírgenes de EE.UU., Cook, Marshall, Mauricio, Guernesey, Jersey, Man, San Vicente, Anguilla, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente, Barbados, Vanuatu, Samoa, Letonia, Gibraltar, Canadá, República Popular China, Costa Rica, Vietnam, Malta, Países Bajos, Gran Bretaña, y varios estados de los Estados Unidos.

Entre los “escrachados” aparecen los actuales presidentes de Chile, Ecuador, República Dominicana, Ucrania y Kenia, el rey de Jordania, los primeros ministros de Líbano, República Checa y Pakistán, el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa, el ministro “de propaganda en las sombras” del Vladimir Putin. También están el ecuatoriano Jaime Durán Barba y su socio, Santiago Nieto Montoya; Shakira; Julio Iglesias; Pep Guardiola; Elton John; Ringo Starr; la superestrella del cricket de la India, Sachin Teldukar; la exmodelo Claudia Schiffer y  el mafioso de la Camorra napolitana Raffaele Amato (conocido también como “El Español” y “Lell el Gordo”). También aparecen el e titular del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el financista malayo Jho Low, hoy prófugo de su país, de Singapur y EE.UU. y el ministro de Finanzas de Holanda, Wopke Hoekstra.

Entre los políticos de nuestra región, aparecen 35 presidentes y ex presidentes, y la mitad habría utilizado los servicios de ALCOGAL. También se menciona con frecuencia al estudio Trident Trust Company, uno de los preferidos por los argentinos para operar en las islas Vírgenes Británicas. Entre los ex presidentes de la región aparecen Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Alfredo Cristiani y Francisco Flores (El Salvador), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Cesar Gaviria Trujillo y Andrés Pastrana Arango (Colombia), Porfirio Lobo (Honduras), Manuel Arana Osorio (Guatemala) y Horacio Cartes (Paraguay). 

También el actual presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto; el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes (además de su esposa y su hija); conocidos empresarios mexicanos, varios de ellos allegados al expresidente Enrique Peña Nieto, y también un ex asesor legal del actual presidente mexicano, Andrés Manual López Obrador. Los trascendidos de ayer coinciden en reportar documentación sobre Lionel Messi, Angel Di María, Mauricio Pochettino, Javier Mascherano, Humberto Grondona (h.), Zulemita Menem, Ernesto Clarens, el exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, Mariano y Gianfranco Macri, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueras. En un mapa de la página web del ICIJ se revela que habría evidencia sobre cuatro políticos argentinos, pero sus nombres todavía no fueron publicados.

El informe sostiene la opinión negativa de estos centros offshore como guaridas para recibir dinero de actividades criminales y financiarlas directa o indirectamente. A diferencia de sus antecesores, Panamá Papers y Paradise Papers, en esta oportunidad quedan muy mal paradas las autoridades de los EE.UU.

El informe deja en evidencia el apoyo explícito o cómplice de las autoridades federales y las de varios gobiernos subnacionales para estas finanzas “en las sombras”. Pero también es cierto que esto no es ningún hallazgo. La doble vara de la dirigencia de EE.UU. y de otros gobiernos como el británico es una constante, y desde hace muchos años. 

En las dos últimas décadas los diversos ocupantes de la Casa Blanca han sostenido una activa presión sobre el Gobierno de Suiza y los de otros países para que abran la información sobre las cuentas de ciudadanos estadounidenses en sus sistemas bancarios, pero no han mostrado el mismo interés para compartir información sobre los movimientos financieros en su país de fondos de personas de otros países. 

También se recuerda que en 2014 (el presidente era Barack Obama), la Casa Blanca se negó a suscribir un acuerdo con más de 100 países (incluyendo a las Islas Caimán y Luxemburgo) que hubiera obligado al gobierno de ese país a transparentar información sobre inversiones financieras de no residentes. 

Más recientemente, la Legislatura del estado de Dakota del Sur aprobó en 2020 una ley que asegura más protección y secretismo a los fideicomisos que operan en esa jurisdicción. Diez años atrás, la Asociación de Bancos del estado de Florida había informado al Congreso de los EE.UU. que “por más de 90 años el Gobierno de EE.UU. ha incentivado a extranjeros a depositar sus fondos en bancos estadounidenses vía exenciones del pago de impuestos y de la obligación de informar sus operaciones”. Es lo que desde hace años vienen haciendo varios estados como son los de Nevada, Delaware, Florida, Wyoming, Texas, Nuevo México, Alaska y varios más.

El informe tiene un espíritu condenatorio sobre la evasión/elusión de impuestos, así como de la existencia misma de los paraísos fiscales y centros offshore para operaciones financieras “en las sombras”.

Es cierto que lo primero implica menos fondos para ofrecer servicios y bienes públicos y asegurar su acceso a los sectores de menos recursos. Pero también es cierto que recaudar más impuestos no es suficiente para asegurar esto último. La experiencia de América Latina, y en particular la de Argentina, es más que contundente al respecto. 

En cuanto a las inversiones offshore, su operatoria, es legal. Lo polémico es la opacidad de la red de vinculaciones entre esos centros financieros y una maraña de estudios jurídicos de todo el mundo que que captan clientes y estructuran los vehículos financieros y compañías en paraísos fiscales y financieros. Sus actividades son legales, pero su opacidad facilita la canalización de fondos de origen lícito e ilícito, hacia estos centros.

Lo que no parece profundizar la investigación es sobre por qué buena parte de esos fondos provienen de responsables de marcos regulatorios y tributarios de los cuales ellos mismos parecen rehuir. Los incentivos para no invertir los fondos en el país de origen están en los costos asociados a la presión tributaria y a regulaciones ineficientes, la percepción de inestabilidad e inseguridad jurídica y judicial, y la de riesgo confiscatorio. 

Pandora Papers pareciera asociar directamente a todos los denunciados con la evasión tributaria o la apropiación ilegal de fondos y su ocultamiento. Bien cabría una profundización en la investigación para separar la paja del trigo. Caso contrario este tipo de investigaciones perderá interés, sobre todo si se daña reputacionalmente a personas que nunca hubieran participado de actividades ilícitas para percibir ingresos “a costa de los demás”.

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