Posiblemente influenciado y acuciado por diversos escándalos, en particular las fiestas en la residencia oficial del 10 de Downing Street en Londres, el primer ministro Boris Johnson decidió huir hacia adelante a través de dos temas centrales: Ucrania y el Covid.
No fue una, ni dos, fueron doce las fiestas organizadas en el domicilio oficial en plena época de cuarentena decidida por el propio Gobierno británico para enfrentar la pandemia. El número no es antojadizo. Surge del cuestionario que la Policía británica hizo llegar al primer ministro que fue rápidamente contestado por el propio primer ministro.
Pero como suele ocurrir en los países desarrollados que adhieren plenamente al sistema democrático liberal, los escándalos no pasan al olvido sino que dejan huella. Esa huella es la división en las reacciones de los dirigentes conservadores, el partido que gobierna el país.
Para algunos, irreductibles, el primer ministro debe continuar en el cargo. Para otros, no. O bien debido a su conducta indigna. O bien debido al posible precio que el conservadurismo deberá pagar en las próximas elecciones por los desvíos de su jefe. O bien debido a ambas.
Desde lo estrictamente interno, para intentar frenar críticas, el primer ministro remozó su equipo de colaboradores inmediatos. Algo casi tradicional por aquello de la culpa nunca es del jefe, sino de quienes lo acompañan.
Desde lo político, y nadie puede negar que Johnson es un “animal político”, sus iniciativas fueron contundentes. Todo el mundo occidental decidió sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania, las británicas fueron las más duras. Mientras en buena cantidad de países, las restricciones por la pandemia van siendo superadas, en el Reino Unido fueron eliminadas.
Cuando el presidente ruso Vladimir Putin reconoció a las repúblicas separatistas de Luhansk y de Donetsk, el Gobierno británico decidió sancionar solo dos bancos de segundo orden y a tres “oligarcas rusos” entre las decenas que eligen Londres para esconder sus fortunas mal habidas en Rusia. Calificadas de tibias, dejaron mucho que desear y fueron objeto de críticas.
Pero, solo un día después, con el lanzamiento de la “operación militar” rusa sobre Ucrania, eufemismo con el que el autoritario Putin maquilla su guerra de conquista, las sanciones y el lenguaje británico superaron cualquier comparación con el resto del mundo.
Veamos el lenguaje utilizado por el propio primer ministro Johnson en su anuncio y descripción ante el Parlamento. Habló del “paquete de sanciones más punitivo de la historia británica”. Explicó que estaba destinado a transformar el “régimen de Putin de agresor sanguinario que cree en las conquistas imperiales en paria de la comunidad internacional”.
En cuanto a las medidas, deben ser contabilizados: el congelamiento con efecto inmediato de la totalidad de haberes depositados en bancos rusos con sucursales en el Reino Unido. Con fecha 1° de marzo, no podrán acceder a los mercados de deuda o de acciones de Londres -segunda plaza financiera mundial-, prohibición extendida al Estado y a las sociedades rusas.
Además: congelamiento de fondos de 120 compañías y oligarcas rusos. Prohibición, para estos últimos, de estadía en el Reino Unido, entre ellos cinco allegados al autoritario Putin como su exyerno Kirill Shamanov, como el presidente del banco ruso VTB e hijo del jefe de la FSB -los servicios de seguridad- o la presidente del conglomerado de defensa Novikombank.
Retornemos al lenguaje de Johnson: “Estas personas muestran un modo de vida cosmopolita. Vienen para hacer sus compras en Harrod's -considerada como la más prestigiosa tienda del mundo-, se hospedan en nuestros mejores hoteles, envían sus hijos a nuestras mejores escuelas privadas. Todo esto se terminó. Las sanciones van a causar, realmente, daño”.
El primer ministro prometió la sanción de una ley contra el crimen económico que obligará a las “sociedades pantalla” que pretendan adquirir bienes en el Reino Unido a informar sobre la verdadera identidad de sus accionistas. Una medida imprescindible para el combate contra el blanqueo de dinero, en particular, de los oligarcas rusos.
Por último, sanciones financieras directas contra el propio presidente Putin y contra su ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.
¿Cómo repercutió el “paquete” de sanciones? Con todo a favor. Con los laboristas y los independentistas escoceses en pleno apoyo. Con Johnson recuperando terreno.
Pandemia
Fue, sin duda, errática la política sanitaria del gobierno conservador frente al Covid. Pasó por todas las estadías. Desde la negativa parcial a considerar medidas especiales a un confinamiento estricto -con excepción de las fiestas del primer ministro, claro- para llegar al levantamiento anticipado de cualquier tipo de restricción.
La definición de Johnson al respecto, cuando anunció el fin de las restricciones, fue “debemos convivir con el Covid como convivimos con la gripe”.
Según el primer ministro, los niveles de inmunidad -debidos a la vacunación- son suficientes para modificar la estrategia de lucha. Es decir, pasar de la “protección estatal” de las personas con medidas sanitarias públicas a las vacunas y tratamientos como “primera línea de defensa”.
Por las dudas, afirmó que el país está en capacidad de reaccionar rápidamente si aparece una nueva variante del virus. Johnson monta así su política sanitaria sobre el cansancio de gran parte de la sociedad frente a las limitaciones para llevar adelante una vida normal.
“Las restricciones tienen un costo importante para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro bienestar mental y para las oportunidades para nuestros niños y jóvenes. Y no debemos pagar este precio por más tiempo”, fue la síntesis que justificó la decisión.
Ya en enero, en plena vigencia de la variante Omicron, el uso obligatorio de máscara en el interior de locales o la exhibición del pase sanitario en discotecas y eventos masivos fueron derogados. De aquí en más queda, solo hasta el 1° de abril, la gratuidad de las pruebas sobre el Covid-19, consideradas como de alto costo para el presupuesto sanitario.
A diferencia de las sanciones contra Ucrania, las decisiones sobre el Covid no suscitaron unanimidad. Por el contrario, las críticas políticas y medicinales no tardaron en hacerse escuchar. Hasta el propio gabinete del primer ministro no reflejó unidad frente al tema.
No obstante, para el olfato del primer ministro resultó positivo discutir sobre un tema de política en lugar de hacerlo sobre sus propias faltas condenables socialmente, como fueron las fiestas en la residencia oficial.
La secuencia fue entonces un pedido de disculpas al Parlamento por su conducta “fiestera” recibido con escepticismo casi generalizado, un levantamiento de restricciones sanitarias que motivó apoyo social y críticas especializadas y, por último -Putin de por medio- las sanciones más duras que generaron unanimidad de aquiescencia.
De momento, el primer ministro superó su debilidad política. No obstante, sembró un mal precedente: la desconfianza en el seno de su propio partido. Una desconfianza que es acrecentada por la presencia y las actitudes de Carrie Johnson, la mujer 24 años más joven que su marido: sí, el propio Johnson.
Es a ella a quien se atribuye la organización de las fiestas en la residencia oficial. Es a ella a quien se responsabiliza por el salvataje de perros y gatos transportados de Afganistán al Reino Unido por vía aérea priorizado por delante de la salida de civiles afganos que trabajaron para las tropas británicas amenazados por la victoria talibán.
Las actitudes progresistas de Carrie Johnson en materia de medio ambiente y de libertad sexual generan una antipatía manifiesta entre los “tories” -conservadores- más tradicionalistas. Antipatía que limita los márgenes del propio primer ministro.
Familia real
Si de Covid se habla, resulta necesario citar el contagio de la Reina Isabel II a sus 95 años. Un contagio que ocurrió tras un encuentro con su hijo mayor, el príncipe heredero Carlos quién, a su vez presentó síntomas, fue testeado y arrojó resultado positivo dos días después de la entrevista con su madre.
El Palacio de Buckingham se ocupó inmediatamente de restar gravedad al padecimiento de la soberana e informó sobre la limitación de sus actividades quien acaba de festejar sus bodas de platino -70 años- en el trono.
Exactamente siete décadas antes del 6 de febrero del 2022, el cuerpo sin vida del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel, fue encontrado por un valet en la residencia real de Sandringham. Jorge VI murió como consecuencia de su enfermedad cancerígena a los 56 años.
La futura monarca, junto con su esposo Felipe, se encontraban en Kenia, por entonces colonia británica. Ambos retornaron al día siguiente a Londres. Isabel fue reina a los 25 años cuando era una joven madre de solo dos de sus cuatro hijos: el príncipe Carlos, su heredero, de 3 años y la princesa Ana, de solo un año.
El jubileo, cuya máxima celebración ocurrirá el 2 de junio, la fecha de su coronación en la abadía de Westminster, encuentra a Isabel en su momento de mayor popularidad. Considerada como la abuela de todos los británicos, nunca expresó opiniones políticas y siempre persiguió el objetivo de la unidad por encima de cualquier otra consideración.
Una unidad que el independentismo escocés y el republicanismo norirlandés ponen a prueba. Un problema que heredará el príncipe Carlos quien acaba de recibir un fuerte espaldarazo de su madre que hizo público su deseo para que su esposa Camila sea considerada como reina consorte.
Los británicos, en particular los ingleses, que un día se enamoraron sin reservas de la fallecida poco estable princesa Diana, expresan ahora una simpatía creciente por Camila, la histórica rival de Diana.
No obstante, no todas son flores para la casa real británica. El 16 de febrero de 2022, Scotland Yard abrió una investigación por sospechas sobre “cash-for-honours” -dinero contra favores- transacciones ilegales, según el derecho británico, que habría llevado a cabo la Prince Foundation, la fundación que preside el heredero real.
Se trata de una donación de un acaudalado saudita para obtener a cambio la ciudadanía y alguna condecoración británicas. El escándalo no parece afectar a Carlos sino a intermediarios que operan habitualmente con la fundación.
De su lado, el tercer hijo de Isabel, el príncipe Andrés concretó un acuerdo monetario con Virginia Giuffre que lo acusaba por agresión sexual. Giuffre fue una de las principales víctimas que prestó testimonio contra el criminal sexual y multimillonario Jeffrey Epstein y su amiga Ghislaine Maxwell por haberla forzado a relaciones sexuales cuando solo contaba con 17 años.
Como se ve, la respetada Isabel no gana para sustos.
Y la economía
Boris Johnson tiene parte de la razón cuando se muestra eufórico por la performance del Producto Bruto Interno británico. Las estadísticas amparan sus afirmaciones sobre él buen desempeño de la economía frente a sus similares del G7, el grupo de países liberales más industrializados del mundo.
El 2021 finalizó con un crecimiento del 7,5% anual para el Producto Bruto Interno británico frente, por delante del 7% de Francia; del 5,7% de Estados Unidos y del escaso 2,8% de Alemania.
Claro que limitarse a este único dato revelaría una mirada miope. Sí, el crecimiento británico es el más fuerte pero no llega a compensar la caída del 9,4% que experimentó en 2020. Al 31 de diciembre de 2021, el PIB es aún 1,9% menor que en el 2019 pre pandémico.
El resto de los europeos del G7 tampoco recuperaron sus niveles anteriores: Francia muestra un achicamiento del 1%; Italia del 2,5%; Alemania del 2,1% y España -no es miembro del G7-, la más afectada por la cuasidesaparición del turismo, de 5,8%.
El desempeño, por ende, mediocre del Reino Unido frente al relativo éxito norteamericano que exhibe un aumento real de 3 puntos frente a los niveles anteriores a la pandemia, se agrava cuando se echa una mirada sobre el alza de precios.
La inflación del 2021 fue del 5,4% frente a una media europea del 5%. Pero las perspectivas no son buenas. El propio Banco de Inglaterra habla de un aumento de precios superior al 7% para el anualizado de abril 2022.
Las noticias tampoco son buenas en materia de microeconomía. Dos son las razones. En primer lugar, el incremento del 1,25% para las cotizaciones sociales a fin de atender las necesidades del sistema de salud carente por completo de recursos tras la pandemia. Dicho incremento será retenido de una sola vez sobre los ingresos anuales en abril 2022.
Para esa misma época del año, el ente regulador de la energía autorizó incrementos del 54% para las facturas de electricidad y gas, sin contar las oscilaciones violentas futuras que pueden ocurrir en los precios de los hidrocarburos como consecuencia del ataque ruso a Ucrania.
En síntesis, y si nada peor ocurre, los ingresos de los británicos disminuirán en promedio durante el 2022 en 2%. Será un poco mayor en los hogares de menores ingresos donde las tarifas energéticas evidencian una mayor incidencia sobre los gastos totales.
Además, como en cualquier país donde el populismo no cuenta, al alza de precios, el Banco Central responde con un incremento de la tasa de interés. En enero del 2022 pasó del 0,1% anual al 0,5%. Posiblemente, en las próximas semanas suba a 0,75%.
Las tasas de interés también reducirán el poder adquisitivo de todos aquellos que paguen hipotecas por la compra de su vivienda dada la relación legal que impera en el Reino Unido entre ambas.
No obstante, las mencionadas dificultades, existe un optimismo fundamentado en el mercado laboral. Ocurre que el país exhibe un pleno empleo -desocupación menor al 5%- con solo un 4,1% de parados. Ya son varios los sectores que declaran penurias para conchabar mano de obra.
Como siempre ocurre, el pleno empleo empuja, competencia mediante, los salarios al alza, elemento con el que cuenta el gobierno para mitigar la merma de ingresos debido a los mayores gastos sociales y a las tarifas energéticas.
Más aún y dato positivo de corto plazo por el Brexit, la retirada de la Unión Europea significó la salida de cientos de miles de europeos del mercado laboral británico cuyos empleos son ocupados los súbditos de la reina Isabel II.
Contrapartida del Brexit, la irresuelta cuestión de la frontera irlandesa. Es decir, de la frontera entre el Reino Unido del que forma parte Irlanda del Norte, con la Unión Europea de la que forma parte la República de Irlanda.
