La cumbre de líderes del grupo de los BRICS, que se celebrará durante agosto en Johannesburgo, comenzará con un gran contratiempo: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá.
El problema es que Sudáfrica, país anfitrión, forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entidad que en marzo emitió una orden judicial de arresto contra Putin por cometer presuntos crímenes de guerra.
Específicamente, la CPI acusó a Putin de deportar ilegalmente niños de Ucrania a Rusia. Sin embargo, la Corte no posee autoridad ni fuerza propia para detenerlo, por lo que depende de lo que hagan sus países miembros. Así, Sudáfrica estaría obligada a detener a Putin si visita su territorio, algo que finalmente no ocurrirá.
El remplazo de Putin será el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien estará en la cumbre de Johannesburgo del 22 al 24 de agosto, junto con los líderes de Brasil, India, China y Sudáfrica. Por su parte, Putin participaría por videollamada.
Pero, más allá de este contratiempo, Moscú dice que la orden es legalmente nula, ya que Rusia no es miembro de la CPI: firmó el Estatuto de Roma en el 2000, si bien retiró su respaldo en 2016, después de que la CPI clasificara la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú como un conflicto armado.
Por su parte, Ucrania tampoco es miembros de la CPI, aunque una remisión a la misma en 2015 por parte de Kiev otorga a la Corte jurisdicción sobre los crímenes de guerra perpetrados en su territorio, incluso si los llevaran a cabo ciudadanos rusos o de otros estados no miembros.
Además, Rusia tampoco ha ocultado un programa bajo el cual ha traído a miles de niños ucranianos a Rusia, sino que lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y niños abandonados en la zona de guerra.
Un expediente judicial hecho público mostró que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, había pedido permiso a la CPI para no arrestar a Putin porque hacerlo equivaldría a una declaración de guerra.
