Por Atilio Molteni Embajador
No fue noticia que el primer diálogo entre Joe Biden y Naftali Bennett, el presidente de Estados Unidos y el nuevo primer ministro de Israel, tuviera formato y destino de ejercicio exploratorio. Ambos sabían que la secular alianza bilateral que refuerza la seguridad de los israelíes deberá adaptarse a la presente realidad iraní y a la diversidad de enfoques que sostiene cada uno de los actores de este escenario geoestratégico y político.
No va a ser fácil encontrar consenso para manejar un proceso que combine los distintos enfoques y presiones que son necesarias para conducir los desafíos políticos, militares y económicos que sacuden al Medio Oriente, donde los incidentes armados o las acciones terroristas están a la vuelta de cada esquina. Este nuevo intercambio bilateral de ideas se hizo en la Casa Blanca, el pasado 27 de agosto, en un entorno muy sensible como el activado por la crisis que provocó el accidentado retiro estadounidense de Afganistán.
Obviamente, el debate de la situación en Teherán y los avatares que rodean el hoy polémico Plan Nuclear adoptado en 2015, dieron pie a los intercambios más extensos. Biden llegó al salón de reuniones con los lógicos moretones y reparos políticos que vino recibiendo de sus aliados y adversarios internos, tras la crisis de confianza que dejó el caso afgano.
Los diagnósticos de Washington se fundamentan en la hipótesis de que Teherán no obtendrá todavía una capacidad nuclear ofensiva y que aún subsiste la posibilidad de lograr un nuevo plan o acuerdo por la vía diplomática. Pero semejante viabilidad estaría condicionada al logro de una aceptable reforma conceptual de las reglas y compromisos recíprocos que puedan o deseen adquirir los distintos protagonistas. O de la fuerza que genere cada debilidad que es imprescindible reparar. Públicamente, el presidente Biden afirmó que si la diplomacia fracasaba en detener las ambiciones nucleares de Teherán “estaba listo para considerar otras opciones”, lo que demuestra la posibilidad de una acción militar.
Hasta el momento está claro que el Gobierno de Israel se opone a revivir el Plan Nuclear de 2015 y es propenso a continuar con sus acciones clandestinas contra el expansionismo iraní, una jugada que supone consolidar su relación con otros países árabes como los Emiratos Arabes Unidos, Bahréin, Marruecos e, implícitamente, Arabia Saudita. Esta visión supone olvidar la crisis de identidad regional y soñar con que las naciones dialoguistas resolverán su falta de capacidad para llevar adelante racionales procesos de reforma.
El actual inquilino de la Oficina Oval intenta regresar al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015, si Teherán acepta cumplir fielmente las decisiones del caso. Una vez resuelto ese primer planteo, tendría la intención de negociar un entendimiento de mayor alcance. Su meta sería impedir el desarrollo de un arma nuclear iraní o neutralizar, por lo menos, la oportunidad de que tal evento suceda rápida o clandestinamente, ya que ello podría generar un macro desequilibrio en el conjunto del Medio Oriente. Nadie ignora que el régimen de los ayatolás pone como condición el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Washington.
En el trimestre que va de abril a junio pasado, los Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania y la UE, realizaron seis rondas de negociación con Irán. La sede de esos trabajos fue la ciudad de Viena y el contexto habría permitido registrar singulares progresos. Si bien por obvias razones políticas y de procedimiento, Estados Unidos no participó directamente en tales encuentros, está claro que siguió en detalle, al día y con prioritario interés la totalidad de esos avances.
En apariencia, el intercambio de propuestas habría permitido alcanzar acuerdos preliminares en un alto porcentaje de los temas tratados con los representantes del anterior gobierno iraní, presidido por el moderado Hassan Rouhani. Esas negociaciones estuvieron referidas a las metas de desnuclearización que debería retomar y perfeccionar el gobierno de Teherán.
El hilo conductor de las aludidas deliberaciones estaba orientado a desandar todas las murallas negativas que se erigieron tras la decisión unilateral adoptada en 2018 por el expresidente Donald Trump, quien optó por retirarse del PAIC. El engranaje de esa medida se sustentó en la campaña de ejercer “máxima presión” sobre Irán.
Nueva era en Irán
Cuánto valen esos progresos para el Gobierno iraní que asumió el pasado 5 de agosto y llevó a la presidencia a Ebrahim Raisi, quien representa a la línea dura y goza de la confianza del Líder Supremo Ali Khamenei y de la Guardia Revolucionaria Islámica (GRI), es un interrogante que el mundo occidental no puede contestar con certeza.
Tampoco es viable estimar la importancia de que el nuevo aparato gobernante asigne a las soluciones socioeconómicas que podrían emerger de una negociación o acción incruenta entre las fuerzas occidentales y los referentes del poder iraní. Es obvio que la realidad de este último país requiere analizar qué importancia le adjudica a la preservación o levantamiento de las sanciones económicas, así como qué concesión, si es que alguna, estaría dispuesto a realizar con el fin de preservar la expansión de sus industrias nucleares de uso múltiple. Ninguna respuesta sirve en abstracto. No es sensato olvidar que ese país está ahogado por las restricciones a la exportación de petróleo y por los efectos del Covid-19.
Se dice que Raisi apoyaría una negociación que responda a los intereses nacionales y no condicione la situación económica del pueblo, una declaración que es insuficiente sin definir el contenido de cada paquete. Por otra parte, tampoco sería útil sin medir el precio que Teherán está dispuesto a pagar por un geoestratégico cambio de enfoque de su país que busca la primacía regional, el actual programa misilístico o de cualquier otro insumo que no haya sido parte del Acuerdo original de 2015.
Los analistas creen que hay tres opciones: a) que el nuevo equipo negociador del gobierno iraní acepte la totalidad del paquete que integró las últimas negociaciones, aproximación que le permitiría ganar ciertas ventajas políticas y económicas; b) que opte por presentar demandas extremas o inaceptables para Estados Unidos y UE, asumiendo que las dilaciones le permitirán ganar tiempo para continuar el desarrollo del plan nuclear, cuyo progreso a fines del primer semestre se acercaba al 90% de las obras necesarias para obtener un arma atómica, bajo el paralelo supuesto que arreglarán sus necesidades económicas con las ventas de petróleo y gas a China y mejorando sus relaciones con Rusia, y c) que busque negociar un texto que reemplace por completo el PAIC de 2015, por entender que sus cláusulas no les son convenientes y su aplicación originaría resultados negativos para sus intereses.
A su vez, el propósito de Raisi consistiría en volver a las negociaciones en Viena recién en noviembre o diciembre de este año, horizonte que no le impide dar prioridad a una diplomacia regional activa, mediante la que trata de capitalizar del retiro estadounidense de Afganistán, presentándose como una fuente de estabilidad con relación a todos sus vecinos, incluyendo a los países del Golfo.
En el diálogo Biden-Bennet, el primero destacó la importancia de que el gobierno israelí haga un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los palestinos y les otorgue mayores oportunidades de progreso económico y político. Al respecto, la posición del actual primer ministro fue señalar que su país no desea reabrir un proceso diplomático con Ramallah hacia la fórmula sostenida por Washington de “Dos Estados”. Su objetivo es el estatus quo.
Sin embargo, dos días después el Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, se reunió con el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que enfrenta una situación económica e interna de franco deterioro. De esta manera se quebró el congelamiento de los contactos directos que existía hasta entonces, con el objetivo de mejorar el desempeño del gobierno palestino, ante los avances de Hamas, y reducir fricciones entre las partes.
En dicha oportunidad se acordó la transferencia de 155 millones de dólares a esa entidad, correspondientes a importes retenidos en concepto de impuestos. Al mismo tiempo, Gantz anunció el otorgamiento de miles de permisos de trabajo de palestinos en Israel y el reconocimiento de derechos de residencia en la Margen Occidental. Es una demostración que la coalición que gobierna el frente israelí desea abrir un canal de comunicación con Ramallah y mantener una actitud positiva hacia los planteos del Jefe de la Casa Blanca. Estas acciones demostrarían que el “gatillo fácil” no es el único enfoque de política exterior del Estado judío.
