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El balotaje que cambiará la historia de Colombia

La oportunidad inédita de la izquierda se topa con la sorpresa de Rodolfo Hernández, que explota el malestar con la política tradicional

Populistas de izquierda y derecha se dirigen a la segunda vuelta presidencial de Colombia.
Populistas de izquierda y derecha se dirigen a la segunda vuelta presidencial de Colombia.
14-06-2022
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Por Embajada Abierta

Los colombianos protagonizarán este 19 de junio un balotaje presidencial que cambiará la historia del país, cuando opten entre el senador progresista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández, un “outsider” con ideas de derecha, que desplazaron de la segunda vuelta electoral a las estructuras partidarias liberal y conservadora que han dominado hasta aquí la vida política de Colombia.

Aunque el Congreso ya quedó conformado en marzo, todavía con influencia de esos dos partidos tradicionales, el nuevo presidente supondrá un cambio radical en el país: sea porque Petro (62 años) corone su tercer intento por llevar a la izquierda por primera vez al poder, o porque Hernández (77) absorba el voto de centro y derecha al que superó con su simple discurso anticorrupción y antiestablishment (“Si es populista no robar, sí soy populista y me tiene sin cuidado”, proclama).

En la primera vuelta del 29 de mayo, con una participación del 55% del electorado, Petro (de la alianza izquierdista Pacto Histórico) obtuvo un 40,3% de los votos, un nivel de apoyo que culmina para el progresismo su apoyo al Acuerdo de Paz de 2016 que desmovilizó a gran parte de la guerrilla izquierdista, al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Contra todos los pronósticos iniciales, la derecha representada por el uribista Federico Gutiérrez (23,9%), delfín del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), y el centro que postuló a Sergio Fajardo (4,2%) quedaron sepultados bajo una avalancha de votos al Hernández (LIGA, 28,1%), el “Trump colombiano”, un magnate inmobiliario cuya principal experiencia pública es haber sido concejal y alcalde de Bucaramanga (este del país) entre 2016 y 2019.

Enseguida, Gutiérrez anticipó su apoyo a Hernández para sumar sus votos (matemáticamente, un 52% que bastaría) y frenar el acceso de Petro a la Presidencia. Pero el excéntrico empresario, que basó su campaña en los ataques a políticos por redes sociales como Tik Tok, cuidó su perfil de outsider y negó una asociación natural con la derecha tradicional: “Cero Uribe, cero Gutiérrez, cero todos… Recibo sus votos, pero no les cambio el discurso”.

“Aún en muchos lugares de Colombia prima una cultura política parroquial y conservadora, que el elitismo tradicionalista no ha sabido ni querido entender. Sus excesos en la patrimonialización del Estado, y la imagen de saqueo continuo, producto de una corrupción tan endémica como clientelar, abona un escenario idóneo para el discurso anti establishment y anticorrupción que, demagógicamente, enarbola Hernández”, resumió un análisis del diario El Espectador.

Pero la matemática electoral entre candidatos tampoco se traslada automáticamente en este caso, como ocurre siempre de primeras vueltas a segundas. 

  • Hernández es un escudo de derecha ante Petro, pero sus actitudes -trompear a un concejal que lo denunció como alcalde-, ideas -considerar un “pensador” a Adolfo Hitler o que las mujeres deben quedarse en casa- y propuestas -entregar drogas gratis a consumidores para cortar la oferta- pueden espantar a una parte clave del electorado conservador colombiano, más que atraerlo con sus ideas de reducir salarios y gastos de funcionarios públicos o construir masivamente viviendas sociales (hizo su fortuna y fama financiando ese tipo de emprendimientos).

Mientras tanto, los colombianos votaron en primera vuelta, y volverán a hacerlo en el balotaje, con el recuerdo fresco del Paro Nacional de 2021, casi dos meses de protestas (más de 40 muertos y pérdidas estimadas oficialmente en unos 3 mil millones de dólares) entre abril y junio que obligaron al gobierno de Duque a dar marcha atrás y a desplazar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

Las propuestas

Hernández hizo de la lucha contra la corrupción su caballo de batalla (su partido se llama Liga de Gobernantes AntiCorrupción - LIGA), un simplismo que reivindica, aun cuando él mismo fue acusado en varias causas y tiene una pendiente por favorecer a su hijo en U$S 1,5 millones en un contrato de la alcaldía de Bucaramanga, donde su mayor logro fue reducir el aparato estatal y recuperar el superávit de la ciudad.

Todo tiene que ver con el robo de la plata pública, si se la roban no se puede hacer nada y se acumulan las necesidades que no se resuelven, y derivan en violencia. Y para resolverla se necesita plata, pero no hay plata porque se la roban, es un círculo vicioso que vamos a romper. Si no se derrota la corrupción no se puede hacer nada. Para mí la cimentación del Gobierno que vamos a presidir es la corrupción”.

Pero su plataforma expresa posibilidades más amplias, vinculadas con la derecha tradicional, como reducir el Estado y rebajar impuestos, si bien planteadas bajo la antinomia elite centrista urbana / interior rural colombiano y con un sesgo de pragmatismo que traduce en 35 temas y 100 líneas de trabajo. “La espina dorsal de mi Gobierno es la activación del campo, que genera mucho trabajo”, ha dicho.

En término sociales, propone otorgar una renta básica universal equivalente a 250 dólares y otra a todos los adultos mayores (sin explicar cómo las financiará), perdonar las deudas estudiantiles, establecer control de precios en toda la cadena de prestación de salud para alentar a la industria nacional de medicamentos.

Una coincidencia con Petro, sin embargo, es su apuesta por reafirmar y consolidar el Acuerdo de Paz, con un “proceso de acercamiento” aunque todavía sin abrir una fase de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que declaró una tregua de su lucha armada durante los comicios, así como restablecer relaciones comerciales con la vecina Venezuela gobernada por Nicolás Maduro. Petro va un paso más allá y propone desmantelar a “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico” mediante sometimiento judicial.

Además de una radical diferencia en el abordaje de la cuestión fiscal y los impuestos -Hernández quiere bajarlos (el IVA, a la mitad) y Petro propone aumentarlos con un criterio progresivo- los dos candidatos contrastan sobre una cuestión central de la historia moderna de Colombia: la producción y tráfico ilegal de cocaína y otras drogas.

Mientras Hernández carece de propuestas específicas frente al crimen organizado en torno del tráfico ilegal de drogas (sólo legalizar el consumo de cannabis), Petro prefiere terminar con el prohibicionismo en general, al que considera un modelo fracasado, y propone gestionar en el marco de un paradigma que descriminalice a los productores de las poblaciones rurales, con programas de sustitución que debilite la cadena completa de la cocaína.

En cuestiones de economía, la izquierda y el progresismo en general pretenden gobernar Colombia con un equilibrio presupuestario que “permita tener un Estado con un gasto eficiente”, de tal modo que los fondos para el empleo, la distribución y el crecimiento “tengan la misma importancia que el pago de la deuda”. 

La izquierda sueña con reducir el actual peso del extractivismo -agricultura y minería- y lograr una redistribución de la tierra en favor de pequeños productores. “Un progresismo no se puede afincar sobre la extracción de las materias primas que significan el fin de la humanidad. Es un contrasentido”, dice Petro, y se diferencia de los movimientos liderados por Hugo Chávez o Rafael Correa en los 2000.

Petro prepara un gasto de 19,5 billones de pesos colombianos, con una reforma tributaria de 50 billones, cuya mitad sirva para reducir el déficit fiscal. Al mismo tiempo, impulsa la unificación del sistema de pensiones, hoy en parte estatal y en parte privado, para convertirlo básicamente en uno solo y público.

  • En abril pasado, la Cepal rebajó en un punto, hasta 3,3%, las previsiones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y agravado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. 

En ese contexto, el organismo regional proyectó 4,8% de expansión para Colombia, cuya economía en 2021 había crecido al ritmo más rápido en más de un siglo (10,6%), por el control del Covid-19 y el aumento del petróleo, el carbón y el café. 

La producción volvió entonces a los niveles pre pandemia, aunque con una inflación de casi 10%, el doble del objetivo establecido por el Banco Central de Colombia, y un desempleo de 12,1% (2,9 millones), que es mayor aún entre los jóvenes (14%).

En 2018, Petro había definido como un problema central de Colombia “que no se ha desarrollado el capitalismo… lo que proponemos -dijo entonces- es el desarrollo de un capitalismo democrático”. “He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista”, enfatizó.

Cuatro años más tarde, el candidato del Pacto Histórico se reafirma e insiste en “cambiar el modelo económico", en lo que incluye una reforma del Banco Central, al que considera dependiente de las élites y al que propone sumar la representación de organizaciones económicas diversas del sistema productivo. 

En educación, el Pacto Histórico promueve una educación superior pública gratuita y una erradicación total del analfabetismo, con jardines de infantes sin costo. Y en ambiente propone pactos para proteger selvas y bosques colombianos, frenar la pérdida de biodiversidad y encuadrar al país en el Acuerdo de París de 2015.

Región y violencias

Los comicios en Colombia, precedidos por los de Costa Rica, donde en abril pasado se impuso el liberal Rodrigo Chaves, y preludio de las que enfrentarán en octubre en Brasil al presidente Jair Bolsonaro con su antecesor Lula Da Silva (2003-2010), son claves en un tablero regional que recortó la influencia neoliberal en 2021, con la llegada al poder de los izquierdistas Pedro Castillo (Perú) y Gabriel Boric (Chile).

En marzo, cuando se eligieron los candidatos presidenciales en primarias, también se renovó el Congreso. El progresismo anticipó entonces su potencial electoral (4,4 millones de votos) bajo el liderazgo de Petro, miembro de la guerrilla M-19 hasta 1990, luego elegido diputado y dos veces senador, exalcalde de Bogotá (2014-15) y candidato presidencial en 2010 y 2018, con el que la izquierda puede ahora, con posibilidades ciertas, llegar por primera vez al poder en Colombia.

El Pacto Histórico obtuvo 16 bancas en el Senado de 102, contra 16 y 15 de los tradicionales Partido Conservador y Liberal, respectivamente. En la Cámara de Representantes, el Pacto Histórico logró 25 de 171 escaños. Petro consideró esa elección “el mejor resultado del progresismo en la historia de Colombia".

Sin embargo, el candidato considera hoy un “fracaso” la “oleada de triunfos populares” de los 2000 en la región y critica sus bases de sustentación: “Colombia, bajo la derecha, ha repetido lo mismo. No hay nada más parecido a Venezuela que Colombia” en su dependencia de las materias primas. En ambos países, observa “un retroceso absoluto de la democracia liberal y la concentración de poderes”, si bien considera el neoliberalismo “una ideología que muere y hay que sustituir”.

La campaña presidencial, dominada por cuestiones económicas y sociales, tuvo como telón de fondo la violencia política que ha persistido durante los últimos seis años desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que sólo logró desmovilizar a una parte de las guerrillas. Al menos 331 excombatientes fueron asesinados, 20 de ellos en 2022, según el Consejo Nacional de Reincorporación. 

Colombia celebró en 2016 la firma del Acuerdo de Paz que se propuso cerrar el Conflicto Armado Interno entre las fuerzas armadas regulares -apoyada por grupos paramilitares- y organizaciones guerrilleras de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Este conflicto, precedido a su vez por el ciclo político conocido como La Violencia (1925-1958), que enfrentó a los tradicionales partidos Liberal y Conservador, había dejado hasta 2018 unos 263 mil muertos, ocho de cada diez civiles, según el Centro de Memoria Histórica. También se reportaron más de 80 mil desaparecidos, 37 mil víctimas de secuestros, más de 15 mil víctimas de violencia sexual y 17.894 niños, niñas y adolescentes reclutados por la guerrilla.

Pese a la desmovilización del grueso de las FARC, que Estados Unidos dejó de considerar organización terrorista este año, los acuerdos son desconocidos por las Disidencias de las FARC, por el ELN (que declaró cese del fuego indefinido para estos comicios) y por grupos de paramilitares que disputan territorios entre sí y con el Ejército en zonas en las que campean el tráfico de drogas y la minería ilegal.

La violencia estrictamente política en el país sigue cobrándose vidas y sólo en lo que va del año fueron asesinados también más de una treintena de líderes sociales, según el Instituto Indepaz. Según la Cruz Roja, el número de desplazados internos, heridos o muertos alcanzó su nivel más alto en cinco años, más de 50 mil en 2021.

En la campaña de 2018 teníamos mucha más ilusión popular por la paz. Hoy lo que tenemos en el país es una situación más peligrosa, con mucha indignación de la población, una sensación diferente a la de hace cuatro años (...) El país necesita mucho diálogo social: está en guerra, está polarizado, los puentes de comunicación están prácticamente destruidos”, declaró Petro.

El Pacto Histórico impulsa ahora un “proceso de paz integral”. “Se reconocerán los protocolos que el gobierno (de Juan Manuel) Santos firmó con los Estados garantes de la Paz. Iniciaremos el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia y propondremos un gran Pacto de la sociedad para la convivencia”.

El candidato progresista, quien alteró su agenda de campaña por amenazas de muerte que asoció con traficantes de droga, aspira sin embargo a incluir a los paramilitares que combatieron a las guerrillas, aliados muchas veces con cárteles de narcotraficantes: “Los paracos, que vengan aquí, porque tendrán una segunda oportunidad; como en todas las sociedades, deben tener una segunda oportunidad”.

También Hernández, a quien la guerrilla del ELN le secuestró y asesinó una hija en 2004, se mostró favorable al cumplimiento del Acuerdo de Paz y a su ampliación a los rebeldes que todavía lo desconocen, aunque como un mero trámite político administrativo, sin necesidad de "nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones".

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