En los días previos a la visita del presidente Alberto Fernández a China, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y la Corporación Nacional Nuclear China (CNNC) anunciaron la firma del Contrato de Ingeniería, Suministro y Construcción (EPC) para instalar Atucha III, la cuarta central nuclear del país y la tercera localizada en el partido bonaerense de Zárate. Según fuentes oficiales, la planta será de tipo HPR-1000, tendrá una vida útil de 60 años y operará con una potencia eléctrica nominal bruta de 1200 MWe.
Si bien el Gobierno permanece confiado en que la construcción empezará a fines de año, todavía restan una serie de pasos y negociaciones que impiden predecir con exactitud cuándo iniciarán las obras. Es así que, ante un pedido de acceso a la información pública por parte del Observatorio Sino-Argentino, NA-SA denegó la posibilidad de compartir el contrato firmado con CNNC aduciendo que “la reserva del documento solicitado, en función de la sensibilidad de la información allí contenida, resulta imprescindible por cuestiones de seguridad y defensa”.
Más allá de que se debe esperar a que finalice la evaluación de impacto ambiental, falta fundamentalmente que el Ministerio de Economía acuerde el contrato de financiamiento, que implicaría un endeudamiento con capitales chinos por un valor aproximado de US$ 8.300 millones.
En caso de concretarse, Atucha III representará la mayor inversión china en infraestructura de todo América Latina, conforme los datos recolectados por Red ALC-China.
Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para recibir semejantes fondos es que Argentina continúa en default por las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, a pesar de que en los últimos meses hubo voluntad para avanzar en nuevos proyectos ferroviarios de mucho menor tamaño.
Considerando las características de este tipo de acuerdos, no sería de extrañar que se establezcan cláusulas cross-default entre el eventual contrato para refinanciar las represas y el referido a Atucha III, lo que provocaría la interrupción de fondos para ambas obras si se llegase a entrar en default por cualquiera de las dos.
A su vez, como se supone que la construcción de la central nuclear tomará ocho años, seguramente se acordará un periodo de gracia que cubra ese lapso de tiempo, a modo de que el crédito pueda ser pagado en base a los propios ingresos que genere Atucha III.
Para no repetir la actual situación en torno a las represas Kirchner y Cepernic, sería un gran logro que se agregue una cláusula para que el periodo de gracia pueda ser extendido en caso de que cualquier eventualidad impida culminar con las obras a tiempo. Aun así, no son negociaciones sencillas, y cualquier concesión en una parte del contrato suele tener su contrapartida en otro segmento del acuerdo.
Otro punto de suma relevancia es que, por el momento, no se ha firmado el contrato de transferencia tecnológica para la producción local de los elementos combustibles. Si bien Argentina tiene una larga tradición de desarrollo nuclear, esta cuestión es de especial importancia ya que la nueva central será un modelo distinto a las anteriores.
Mientras Atucha III trabajará en base a uranio enriquecido y agua liviana, Atucha I y II utilizan uranio natural y agua pesada. En esa sintonía, lo que ya fue confirmado es que un 40% de los materiales para la construcción de la planta serán provistos por proveedores locales.
Así las cosas, el contrato original entre NA-SA y CNNC otorga un periodo de 270 días para que se concluyan todos estos aspectos pendientes, aunque permite prorrogarlo indefinidamente con el consenso de ambas partes.
